Continúa la represión al Prof. Lirola, miembro de ATU, por denunciar la corrupción universitaria

En su momento, ATU denunció el expediente que abrieron a uno de sus miembros más activos, el Prof. Lirola (https://atuspain.es/wordpress/?p=528), que llevó a una durísima sanción de suspensión de empleo y sueldo de 3 años y 2 meses por, supuestamente, haber acosado a una superior, desobedicencia a un superior (el vicerrector D. José Joaquín Céspedes, que trató de eximir caprichosamente a la profesora supuestamente acosada de impartir docencia), perturbación del servicio y desconsideración con superiores (entre ellos el mismo rector, que hace de juez siendo parte).

Terminábamos el artículo de denuncia refiriéndonos a la indefensión del Profesor Lirola por parte de las autoridades de la Universidad de Almería. A esa indefensión parece querer unirse ahora la jueza que habrá de resolver el caso, al no haber aceptado a la mayoría de los testigos para probar que no merece las sanciones, sino que se trata de un acoso y derribo contra él. Véase: https://1001denuncias.blogspot.com/2021/06/la-jueza-ana-farinas-gomez-trata-de.html?fbclid=IwAR3DP7sJhwHve2sOJsOFRSfS70GLI5k3YjvVwsSRmsf6DSrb-c_-Va-88bk

¿Por qué será que en España a quien denuncia la corrupción tratan de defenestrarlo? Ha sido necesario que se haga una DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, a la que ha pedido acogerse el Profesor Lirola. ¿Se le aplicará?

Asociación de Transparencia Universitaria (ATU)

21 de octubre: huelga en la universidad y la investigación

En los últimos años y muy particularmente en los últimos meses, la clase obrera hemos vivido una pauperización de las condiciones de trabajo, en general, y del mundo universitario y de investigación, en particular. La COVID19 únicamente ha acelerado este proceso, pero ha brindado  una oportunidad de oro a la patronal de las universidades y centros de investigación para devaluar, aún más, las condiciones de trabajo de aquellas personas que hacemos posible su funcionamiento.

Nuestra incapacidad como trabajadores para organizar una respuesta contundente durante el período de confinamiento y la posterior vuelta a la “normalidad” se ha traducido en un despotismo exacerbado por parte de los Equipos de Gobierno y de las instituciones. Por ejemplo; en muchas universidades no se ha contado con los trabajadores para la planificación de la vuelta al trabajo y se han suspendido negociaciones por “no ser prioritarias”. No solo esto,  en un momento en el que claramente se necesitan más profesionales para asegurar la salud, literal y figuradamente, del sistema universitario y de investigación se ha ahondado aún más en la precariedad no renovando los contratos y gestionando el teletrabajo de una manera que se difuminan los límites de la jornada laboral.

Por este motivo consideramos que, ahora más que nunca, se nos ha acabado el tiempo. No podemos mostrar más paciencia: urge confrontar abiertamente la gestión capitalista de un sector científico y universitario que solo entiende la formación y la investigación como una mera mercancía con la que generar beneficios.

Así pues, las graves problemáticas del mundo de la investigación y de la universidad siguen hoy tan vigentes como antes de la pandemia. Se siguen produciendo contrataciones fraudulentas y precarias (como en el caso del profesorado asociado) en los centros públicos. No ha habido ninguna mejora respecto a las demandas de estabilización ni del PDI ni del PAS. Los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (cafeterías, limpieza, etc.) continúan privatizados. Cada día se ahonda más en la absurda jerarquización académica, rompiendo con el principio de “a igual trabajo, igual salario”. La universidad, lejos de ser pública y gratuita, mantiene elevados precios de matrícula y tasas que expulsan a los estudiantes de extracción obrera y popular. Los criterios de evaluación continúan fomentando un modelo competitivo que, junto con la precariedad, crean un excelente caldo de cultivo para el fraude científico así como para  diversos trastornos psicológicos.

Ante todo esto, nuestra propuesta es clara y no es otra que un modelo de investigación y Universidad público, al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y no del capital como lo es actualmente. Por todo ello, proponemos:
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Sanidad, Educación… y Universidades Privadas

La sanidad y la educación siempre han sido la piedra de toque a la hora de comprobar si lo que se pretendía hacer en España era implantar un modelo, en el que la consideración de servicio público resultaba prioritaria respecto a cualquier otra opción, o de lo que se trataba era de ir privatizando progresivamente los servicios públicos para sustituirlos por otros concertados, o directamente privados o privatizados.

Además, tenía la ventaja de que estábamos ante campos donde claramente se podían poner de manifiesto las verdaderas intenciones de los partidos, al igual que las de las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.

Desde la llegada al poder del PP, -que heredaba una sanidad bastante eficaz, básicamente pública, y que gozaba de notable prestigio- los intentos permanentes y reiterados de ir privatizando tanto la sanidad como la educación, no cesaron en ningún instante. Las razones eran evidentes: además de corresponderse mejor con sus postulados teóricos, lo que pretendía enmascarar semejante planteamiento era la clara preponderancia del negocio, por encima y al margen del servicio público.

Existe una gran cantidad de ejemplos, pero por razones de lógica y de coherencia, parece razonable centrarse en la Comunidad de Madrid, donde el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde hace 27 años, y siempre ha tenido la pretensión de que la legislación que tenía previsto aplicar en la capital de España, supusiera la punta de lanza de sus planteamientos y proyectos, y en muy escaso tiempo, fuera asumida por el mayor número posiblede comunidades autonómicas.

Cuando la crisis económica de 2008 contribuyó decisivamente al pinchazo de la burbuja del ladrillo, el PP se apresuró a buscar alternativas, tratando de derivar el negocio agotado hacia otros campos. Y los agraciados fueron prioritariamente la sanidad como la educación.

Cuando se aclaren las cosas -y no solamente para buscar culpables y deslindar responsabilidades tanto políticas y económicas, a las que habrá que añadir las judiciales si existieran- se irá poniendo al descubierto lo verdaderamente sucedido durante la crisis de la pandemia y las causas profundas de lo verdaderamente ocurrido.

¿Como resulta posible que “una de las mejores sanidades del mundo” quede totalmente bloqueada a las primeras de cambio ? ¿Como es posible que no existiera ni siquiera el material imprescindible, para que los sanitarios pudieran llevar a cabo su trabajo sin detrimento para su salud, en “una de las mejores sanidades del mundo”?

Los interrogantes a los que habrá que responder, son y serán muy numerosos, y no ha llegado todavía el momento adecuado para analizarlos con detenimiento, pero sí para exponer, a través de un ejemplo, cual ha sido el camino recorrido y las razones que llevaron a imponer semejante itinerario.

 El resultado inevitablemente dejará al descubierto,con meridiana claridad, la incidencia que tuvieron los intentos -muchos de ellos coronados por el éxito- de privatización de dos de los grandes servicios públicos de este país, es decir la sanidad y la educación.

Bastaría recordar como el negocio del ladrillo fue sustituido por los negocios de la construcción de colegios-barracones, y completado con la gestión de las residencias de mayores. os resultados a que nos han llevado, están a la vista de todos.  

Por más que se intente evitar, y ocultar las causas, la verdad necesariamente acabará por hacer su aparición.

Una noticia de actualidad da pie para, a través de un ejemplo                                   obviamente pequeño,pero a juicio de CUPUMA extraordinariamente significativo- y que tiene la ventaja de basarse en datos objetivos que difícilmente se pueden manipular sin acabar siendo desenmascarado.

Parte del dinero que se supone que llegará a nuestro país desde la Comunidad Europea, tiene destinatario fijo y de momento, las cifras que se barajan rondanlos 9000 millones de euros para sanidad y 2000millones para Educación.  

Como la situación actual no permite determinados lujos, es altamente probable que el dinero para la sanidad no plantee problemas. A la vista de lo ocurrido,

– incluido el desmantelamiento de la atención primaria en Madrid para buscar publicidad con un hospital, perfectamente inútil en IFEMA- parece muy difícil que cualquier partido se exponga a defender recortes en sanidad.

Por el contrario, nos da la impresión de que no ocurrirá lo mismo en educación. La privatización de la Enseñanza va pareja a la consolidación del negocio de la educación. La trayectoria pasada y presente de ciertos partidos garantiza y permite asegurar que no se quedaran cruzados de manos.

Pero vayamos a los datos concretos. Si el persistente ataque al modelo de servicio público en la sanidad es el máximo responsable de lo ocurrido, es altamente probable que algo similar pueda ocurrir, en un plazo no muy lejano, con la Educación.

La universidad es una adecuada referencia porque las razones para defender su privatización, dejan rápidamente al descubierto que su consideración de negocio rentable, prima sobre cualquier otra opción.

El inefable ministro Wert decía -manipulando y falseando los datos- hace ya algunos años, que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un número importante de universidades privadas. Los datos son muy elocuentes:

–     1989, 5 públicas y 1 privada

–      1996, 6 públicas y 6 privadas

–      2018, 6 públicas y 8 privadas

–      2019, 6 públicas y 11 privadas

Es decir que en los últimos treinta años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad, mientras que las privadas se habían disparado con 10 más, demostrando claramente la falsedad de las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.  

Ya nos hemos referido en otras ocasiones a la actuación de los teóricos representantes de las Universidades Públicas y cuál ha sido la actuación de los Rectores, por lo que en estos momentos parece congruente poner el acento sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar su duodécima Universidad Privada, con lo que, en la capital de España, las Universidad Privadas doblaran en número a las Universidades Públicas, con lo que en los últimos treinta años, y siempre en aras de una mejor enseñanza universitaria, las públicas habrán aumentado en una, mientras las privadas llegan a la docena, habiendo incrementado, en ese mismo tiempo, en 11 más.

Pero no deberíamos sorprendernos en exceso. Ya CUPUMA había afirmado -y publicado que la Universidad Planeta De Agostini sería la siguiente universidad privada aprobada por la Comunidad de Madrid. Y todo hace suponer que, una vez mas, no se equivocará.

CUPUMA , 14 de Julio de 2020

AHORA O ¿NUNCA?

La Universidad lleva ya demasiado tiempo, discutiendo sobre cuál debe ser su modelo. Sus máximos responsables hacen declaraciones defendiendo el modelo de servicio público, pero el comportamiento  del actual Gobierno en funciones, y las propuestas de la CRUE, no permiten la menor duda al respecto: defienden la privatización de la universidad, aunque discrepen respecto a la velocidad con la que se debe transitar por el camino para alcanzar el objetivo.

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