En defensa de las Universidades Públicas

Universidad de Salamanca

EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid se reunieron en un Acto el pasado 17 de abril, para resaltar la importancia de las mismas en nuestra sociedad.
Destacaron la adaptación de los diferentes estudios que se imparten y su oferta, a los cambios sociales y tecnológicos, la relevancia de la investigación en la Universidad, que supone el 70% de toda la investigación, y la transferencia tecnológica tan importante para el desarrollo de nuestras empresas.
Las Universidades Públicas son fundamentales para que todos los que tengan capacidades puedan acceder a sus estudios, independientemente de su capacidad económica y por tanto debe tenerse en cuenta en los precios de las matrículas universitarias, así como en las becas. Los préstamos privados no son la solución; son una carga y su implementación en los tiempos del denostado Ministro José Ignacio Wert en 2014, han sido un fiasco.
Nuestro país invierte en becas, medido en porcentaje de PIB, menos de la mitad de la media de los países de la Unión Europea. Además, si comparamos el gasto público en educación superior de España con la media de la UE, comprobaremos que el gasto medido en porcentaje del PIB está muy por debajo.
La inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17 por ciento del PIB. Es decir, nuestros máximos han estado por debajo de la media habitual de la OCDE y de la Unión Europea (1,26%).
El Presupuesto que la Comunidad de Madrid asigna a las Universidades Públicas es un 15% menor que en 2010. Con esta FINANCIACIÓN no se cubren los gastos de Personal, ni por supuesto los gastos de mantenimiento de infraestructuras, ni de nuevas necesidades, provocando un grave deterioro en el buen funcionamiento de estas Universidades.
La Comunidad de Madrid es la responsable de sus Universidades Públicas, por tanto su deber es vigilar su buen funcionamiento, la calidad de las mismas, y de que cumplan con su labor social encomendada.
Pero nuestra Comunidad, lleva una política totalmente contraria, haciendo que cada vez tengan peores condiciones en todo. El único crecimiento desmesurado que se ha producido es el de las universidades privadas, alentado por la estrategia de demolición de la educación pública. Madrid se ha convertido en la autonomía con más centros de estudios superiores privados de todo el Estado, con 13 centros universitarios privados ubicados en la región. Una cifra excesiva si se compara con el número de alumnos que realizan sus estudios en la comunidad, situado alrededor del 21%.
Está bien que los Rectores se reúnan en un acto no académico desde 2004, pero no pueden ser tan tibios y tenues en la defensa de sus Universidades. Deben ejercer el cargo con toda su responsabilidad y mayor contundencia, denunciando la política educativa (universitaria) de la Comunidad de Madrid para acabar con las Universidades Públicas.
Tienen que exigir una FINANCIACIÓN SUFICIENTE y acorde con el trabajo desarrollado en las Universidades Públicas y su repercusión en esta Comunidad.
Es necesario que los Rectores de las universidades Públicas madrileñas muevan todos los resortes para que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad.
CUPUMA Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid

Un nuevo pacto por la ciencia

En los últimos años se ha puesto de manifiesto el papel determinante de la investigación científica en la sociedad. La pandemia de la COVID-19 y la emergencia climática son dos ejemplos de cómo la investigación científica supone uno de los pilares principales para afrontar la complejidad de los retos actuales. En el plano legislativo hemos visto algunos avances en la incorporación de derechos del personal de investigación con la aprobación de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) así como un incremento en el presupuesto de I+D+I impulsado por los fondos europeos Next-Generation EU. Sin embargo, una reforma parcial y una inyección temporal de fondos no pueden hacer frente a las necesarias transformaciones pendientes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Es el momento de establecer un nuevo pacto por la ciencia, centrándonos en cuatro pilares fundamentales para la próxima legislatura:

1) Estatuto del Personal de Investigación
El sistema de gestión en la ciencia ha de escuchar a las personas que la producen, a las personas que hacen la ciencia, a todo el personal de investigación. Defendemos el modelo de ciencia que comienza con la protección de su base humana como el mejor cohesionado, más eficiente y más innovador. Por este motivo, el inicio de la transformación social desde la ciencia y la investigación debe situarse sobre las condiciones laborales y los derechos de toda su plantilla. Siguiendo el ejemplo de lo que supuso el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) en 2019 para el colectivo predoctoral, necesitamos un Estatuto del Personal de Investigación (EPI) que incluya a todo el personal investigador, técnico y de gestión en ciencia. Se deben garantizar derechos mínimos en cuanto a retribuciones, progresión en la carrera científica y estabilización, entre otras cuestiones. Esta garantía debe ir acompañada de cambios que afectan a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE) como la creación de un grupo profesional M4 (correspondiente al nivel 4 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) en el convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE y la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio (dietas).

2) Simplificación y eficiencia burocrática
Los acuerdos DORA y CoARA, aunque apuntan en la dirección correcta, resultan insuficientes para hacer frente a la saturación burocrática. Es imperativo elaborar políticas activas de descongestión, como, por otra parte, de simplificación y desaceleración de trámites administrativos y satisfacción de rankings y métricas de productividad. Asuntos
como la elaboración de un registro único para convocatorias de plazas de personal docente e investigador en Universidades Públicas (art. 86.1, Ley Orgánica del Sistema Universitario) y Organismos Públicos de Investigación o el uso generalizado de un formato único de CV en las distintas convocatorias de contratos y proyectos se vienen prometiendo desde hace muchos años. Con los medios técnicos ya disponibles no hay excusa para no llevarlo a cabo. También es fundamental que exista un calendario fijo para las convocatorias competitivas de proyectos y recursos humanos (como es el caso en la Agencia Estatal de Investigación pero no en otros organismos del SECTI) y sobre todo que se cumpla rigurosamente, dotando a las agencias y demás organismos de los recursos (humanos y materiales) necesarios para ello. Del mismo modo, debe haber una estabilidad y continuidad en dichos programas que a día de hoy pueden ser muy volubles en cuanto a los requisitos y demás características, cuando no a su propia existencia. El exceso de burocracia innecesaria y mal planificada no solo va en detrimento de la productividad del personal investigador, sino que es una de las tareas que más afectan a la desmotivación y a la salud mental (burn out) y un mal uso de los recursos públicos, ya que consume tiempo de trabajo de unos y otros profesionales en una tarea que se puede simplificar sin mayor coste económico.

3) Ciencia responsable: transparencia, integridad, diversidad y coimplicación
Necesitamos dotarnos de normas y protocolos claros y contundentes para acabar con los múltiples abusos de poder en el SECTI que van desde la prevaricación en concursos públicos hasta el acoso sexual, pasando por el fraude científico. La creciente crítica y alarma mediática muestran la urgencia de acometer políticas activas que sancionen estas conductas y acaben con la impunidad actual. El recientemente nombrado Comité Español de Ética de la Investigación debe ser dotado de los medios necesarios para asegurar esta función y no ser relegado a un organismo meramente consultivo y marginal. La apuesta por un sistema transparente que potencie la integridad en la ciencia e investigación ha de venir complementada con otra apuesta por transformar un sistema de ciencia basado en la competitividad, la excelencia y la singularidad meritocrática, hacia un sistema basal constituido por la habitabilidad, la cooperación y colaboración, la accesibilidad de los recursos y la promoción de todas las manifestaciones de la diversidad y la inclusividad. Por un lado, es necesario un compromiso para reducir el techo de cristal, especialmente en las áreas del ámbito STEM y en los puestos de mayor nivel, donde se produce una mayor desigualdad de género. Por otro lado, debemos impulsar una ciencia inclusiva no solo en diversidad sexual sino también en diversidad funcional con la creación de un plan específico para la integración. Finalmente, la ciencia y la investigación ya no pueden entenderse ni como parcelas de conocimientos disjuntos, ni como esferas aisladas de lo social. Son necesarias convocatorias basadas en acciones/problemas, que integren el conocimiento local junto al académico, impulsando la colaboración interdisciplinar y la formación de ecosistemas de conocimientos (laboratorios de innovación pública y ciudadana, ONG, redes de expertos). Resulta imperativo descentralizar las políticas de transferencia científica, estrechar las relaciones entre las distintas áreas de investigación (STEM to STEAMS) y activar protocolos y alternativas de ciencia abierta.

4) Inversión del 3% del PIB en I+D+I
España arrastra un retraso histórico en inversión en I+D+I frente al conjunto de la Unión Europea que a su vez invierte poco, de media y en relación al PIB, frente a otros países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Esta legislatura debe ser la que alcance el 3% del PIB y una tasa de ejecución del 90% tanto en gasto no financiero como en gasto financiero. Esta inversión mínima en I+D+I no puede seguir siendo una promesa sin compromiso, sino que debe establecerse y publicarse una memoria económica detallada y vinculante que asegure el cumplimiento de este objetivo. Solamente desde un modelo transparente y sujeto a un riguroso seguimiento podremos asegurar su efectividad y evitar desviaciones.
Al garantizar derechos laborales, simplificar la burocracia, promover la responsabilidad en ciencia y aumentar la inversión en I+D+I, estaremos construyendo un SECTI capaz de dignificar el trabajo del personal de investigación y beneficiar a toda la sociedad en su conjunto.

LA GESTIÓN UNIVERSITARIA NO SE EVALÚA Y ESTÁ BASTANTE MEJOR PAGADA QUE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA

EN LA UPM COMO NO ES SUFICIENTE SE INVENTAN EL SEXENIO DE GESTIÓN, Y EQUIPO RECTORAL Y CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBAN SEGUIR PAGANDO EL COMPLEMENTO DE GESTIÓN, ACABADO EL MANDATO, HASTA LA JUBILACIÓN

El valor mensual de un sexenio de investigación y quinquenio de docencia, ambos evaluables, es de 173€ para un Catedrático de Universidad (CU), de 140€ para un Titular de Universidad (TU) y de 119€ para un Titular de Escuela Universitaria (TEU).

En cambio el complemento mensual por gestión de un Rector es de 1.663 €, es decir casi 10 veces más que la cuantía de un sexenio o quinquenio de un CU. El de gestión de un Vicerrector es 5 veces más que el sexenio o quinquenio de un TU.

El complemento por gestión del cargo inferior, es como mínimo, casi 2 veces mayor que lo pagado por sexenio de investigación o quinquenio de docencia, tanto para funcionarios como Personal Docente Investigador Laboral.

Como máximo se abonan seis complementos de investigación y seis de docencia, que se consiguen después de aproximadamente 36 años de ejercicio (final de carrera profesional). Transcurrido ese tiempo se alcanzarían 2.076€ mensuales en el caso de un CU, por supuesto realizando evaluaciones cada seis y cinco años respectivamente que tienen que ser positivas.

La gestión no es objeto principal de la formación un PROFESOR UNIVERSITARIO, y de facto no se forma para ese desempeño. Se retribuye por ejercerla y no está evaluada como las dos funciones principales que tiene.

La estabilidad de un Profesor llega tras una dilatada trayectoria docente e investigadora, reevaluada, y por concurso-oposición.

Los quince posibles cargos de confianza (Vicerrectores, Subdirectores, Secretarios, etc) no se eligen, dependen de empatías y amistad con el cargo electo, que poco tienen que ver con la capacidad de gestión demostrada, por tanto no está al alcance de la totalidad del profesorado, ni de todo el PTGAS (Personal de Administración y Servicios funcionario).

El Profesorado para optar a los cargos académicos debería tener una formación previa, en legislación universitaria, de funcionarios, derecho laboral, gestión económica de las instituciones y recursos humanos, entre otros aspectos. Todo es mejorable y esta podría ser la línea a seguir, incluyendo la evaluación del desempeño al término del mandato.

¿Dónde está la incoherencia/ilegalidad de lo aprobado
por el Consejo de Gobierno del 20 de julio?

Pues que una vez finalizado el desempeño del cargo de gestión, SE SIGUE COBRANDO ESE COMPLEMENTO HASTA LA JUBILACIÓN, y sin ser evaluado a posteriori.

Por los méritos docentes e investigadores evaluables se abonan un máximo de seis módulos y se sigue realizando docencia e investigación hasta la jubilación. HAY UNA CLARA DIFERENCIA Y POR TANTO UN AGRAVIO COMPARATIVO, que en general desincentiva al profesorado, sobre todo a aquellos que optan por una carrera profesional como investigador y docente.

Las autoridades competentes pueden revisar las cuantías por méritos docentes e investigadores, y si es necesario que suban las de gestión, pero la UPM no puede modificar las retribuciones de forma unilateral, incoherente y saltándose la legislación estatal y autonómica (Artículo 76 y Artículo 77. 5 de la Ley Orgánica Sistema Universitario). Los tribunales dirán algo.

Si es vergonzosa esta modificación unilateral, AÚN PEOR ES LA APROBADA PARA ANTERIORES RECTORES de la UPM y el actual, asegurándose, además de las retribuciones, su conversión automática en Profesor Emérito, se le exime de docencia, dispondrá de los mismos servicios de telefonía y datos que tenga el Rector en ejercicio con cargo al presupuesto, disponibilidad de tres Secretarias, incluyendo una modificación unilateral de la RPT del PTGAS funcionario y consolidando derechos adquiridos en esas plazas.
Hay más, pero éstas son las más destacables

Para retener el talento la UPM no necesita este tipo de actuaciones. ¿Sufragará la Comunidad de Madrid esta indecencia semioculta?

CUPUMA (Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid)

COMUNICADO DE COMISIONES OBRERAS SOBRE LO SUCEDIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

El pasado 19 de septiembre el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid se proponía tomar, entre otras, las siguientes medidas:


·  Supresión de las jornadas partidas provisionales

·  Reducción salarial del  57% a todos los interinos al rebajarse su jornada.

· Dejar de pagar el Complemento Específico Autonómico (Complemento retributivo), hasta ahora adelantado por la UPM, ante la incertidumbre dela aprobación del periodo de julio a diciembre por el Consejo de Gobiernode la Comunidad de Madrid.


Ante la protesta de cientos de empleados de la universidad, personal docente y personal de administración y servicios el Rector suspendió la sesión del Consejo.

En una posterior asamblea, los empleados públicos decidieron solicitar al Rector que proporcione una información detallada a toda la plantilla de la situación económica de la universidad y diga su posición respecto a las causas de ésta.

 

El equipo rectoral sigue sin tener la mas mínima intención de negociar, ni convocar a los órganos de representación de los trabajadores y, así, el último paso dado por este Equipo Rectoral ha sido señalar el día 24 como festivo par los trabajadores del Rectorado y CONVOCAR un NUEVO CONSEJO DE GOBIERNO A LAS 16:00 h.  para aprobar el orden del día.


El día 24 de septiembre tendremos una concentración a las 15:30h. en la puerta del Rectorado, para pedir al Rector que cumpla lo prometido.

No es esto, ANECA, no es esto

Uni-Digna denuncia que la *evaluación de la actividad investigadora en las universidades* que se inicia el 17 de enero es un ataque más al modelo de ciencia abierta, gratuita y social, y *exige otro modelo de evaluación y de Universidad al servicio del bien común*
https://www.ibercampus.es/no-es-esto-aneca-no-es-esto-uni-digna-ante-la-convocatoria-se-sexenios-que-se-abre-el-lunes.htm