Carta a los rectores de la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid

CARTA A LOS RECTORES DE LA COORDINADORA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

 

Los estudiantes y trabajadores (PDI y PAS) de las seis Universidades Públicas de la Comunidad Madrileña, ante la situación de extrema gravedad en la que se encuentra la universidad pública quieren dejar claro su rechazo al reciente decreto ley así como a todas las medidas que se están implementando recientemente, las cuales suponen en la práctica la desaparición de la autonomía universitaria consagrada por la Constitución.

 

Ante esta situación les apelamos como rectores de las Universidades Públicas Madrileñas para que se posicionen públicamente en contra de los decretos del 21 de abril y la ley 6/2011 y no pongan en práctica las medidas correspondientes.

 

Consideramos que se pretende aprovechar y utilizar la crisis como coartada para acelerar los planes de privatización que pasan necesariamente por la previa asfixia económica de las Universidades públicas. Y es que las actuaciones del gobierno a la hora de elegir dónde es preciso hacer recortes, desvelan tanto sus intenciones como sus prioridades: amnistiar a los defraudadores y criminalizar a los profesionales de la educación y de la sanidad.

 

Para justificar esos recortes que suponen el inicio del desmantelamiento de la Enseñanza Pública Universitaria se está llevando a cabo una campaña de desprestigio tanto de la Institución como de los que en ella trabajan. Para alcanzar sus objetivos todo vale, desde el grosero falseamiento de los datos, a las medias verdades. El Ministro insiste en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara, e inútil hasta para crear empleo, pero los datos contrastados, que no parecen confirmar sus palabras , son estos:

– El Ministro ha afirmado que el 30% de los alumnos abandonan la universidad sin terminar. Ese 30% se refiere al cambio de titulaciones siendo el abandono definitivo del 12%.

– Los estudios internacionales demuestran que la productividad científica creció en los últimos diez años un 80%, y son equiparables a los de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos un 20% menos en recursos anuales.

– El 79% de los universitarios españoles obtiene su título en la edad prevista, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y un gasto por alumno mucho menor.

– La tasa de paro entre los titulados universitarios supone la mitad de la existente en el resto de la población, siendo el coste de la universidad pública por alumno un 25% más bajo que el de la privada.

El rigor de las argumentaciones es tan alto que para justificar que en España hay demasiadas universidades y por lo tanto hay que fusionarlas o cerrarlas, el Ministro ha afirmado que en California hay 10. La verdad es ligeramente diferente: en California existen 146 universidades.

Las actuales medidas representan igualmente un golpe mortal contra el desarrollo de la actividad investigadora precisamente cuando la inversión en enseñanza superior es un factor clave en el progreso de un estado y en la tan frecuente competitividad económica invocada por parte del gobierno. Por nuestra parte entendemos que la Universidad no debe reducirse a su consideración como mero factor de aumento de productividad económica, ni como mero espacio de formación para el mercado de trabajo.

 

Aún así las consecuencias inmediatas de ese decreto ley no tardarán en hacerse sentir, y supondrán un gravísimo descenso de la calidad de la enseñanza, a la vez que un atentado brutal al principio de igualdad de oportunidades porque el aumento injustificado de las matrículas, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que los jóvenes de rentas más bajas tengan mucho más difícil acceder a los estudios universitarios, provocando una exclusión social que puede tener consecuencias funestas en el futuro próximo.

 

En cuanto al estatuto del Personal Docente e Investigador, la reciente reforma de la enseñanza secundaria parece ser el modelo a seguir: modificación unilateral del régimen de dedicación, discriminaciones injustificables, etc.; todo lo que consideramos se traducirá a corto plazo en los procesos masivos de despido del profesorado universitario.

 

Por su parte, los trabajadores de administración y servicios ven agravada su situación ya muy precarizada por la reforma laboral, que se está aplicando a los trabajadores del sector público. A ello se añade la ley 6/2011 y el decreto que intensifica la jornada de trabajo y penaliza las bajas por enfermedad.

 

En consecuencia consideramos que la aplicación de estas medidas supondrá un enorme perjuicio para la universidad y para el conjunto del país, y como integrantes de las universidades madrileñas nos sentimos en la obligación de hacer pública nuestra postura y en consecuencia exigir su retirada.

 

La Universidad Pública no puede subordinarse a criterios de rentabilidad económica. La Universidad es de todos, nuestra tarea es defenderla.

 

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