I Consejo de Gobierno de la UCM

l Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, reunido en sesión extraordinaria el 12 de noviembre de 2012, tras analizar el estado actual de la Universidad y habiendo tenido conocimiento del proyecto de presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2013, considera los siguientes aspectos que afectan al desarrollo de la actividad académica:

Primero: en este momento de crisis económica, las universidades públicas están sufriendo considerables reducciones presupuestarias. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), las inversiones para infraestructuras y mantenimiento contempladas en el Contrato Programa suscrito con la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011 eran de 199 millones de euros, de por sí insuficientes para las necesidades de esta Universidad, de los que se recibieron menos de 90. Para el año 2013 se han previsto para este concepto 2,3 millones de euros. Por otra parte, se ha producido una disminución del presupuesto destinado por la Comunidad para las nóminas de nuestra plantilla, que alcanza 47 millones entre 2012 y 2013 (25,4 millones en el último trimestre de 2012 y 21,6 millones para el ejercicio 2013) que altera el escenario de equilibrio presupuestario que se ha establecido como objetivo en el último presupuesto la UCM.  A estos recortes se unen las deudas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene con la UCM, lo que supone un grave perjuicio para la Universidad y ponen en cuestión la realización de sus funciones con los niveles de calidad ya alcanzados, y que han sido una marca de identidad de la UCM a lo largo de las últimas décadas. Asimismo lesionan los derechos del personal universitario, dificultando o impidiendo una carrera docente, investigadora y profesional.

Segundo: la UCM consciente de su responsabilidad ante la sociedad, aprobó ya en el periodo 2009-2010 un programa de ahorro que fue seguido en 2011 por un estricto plan de eficiencia dirigido a la reducción de los gastos y a la mejora de la gestión de los recursos humanos y materiales, manteniendo la calidad en la docencia, investigación y transferencia a la sociedad.

Tercero: la disminución de la financiación ha ido acompañada de la desmedida subida de los precios públicos de los estudios universitarios, acordada por la Comunidad de Madrid para el curso académico 2012‐2013, que impide el acceso a la Universidad a colectivos sociales con menores niveles de ingresos u obliga a matricular un número inferior de créditos (una disminución de, aproximadamente, 400.000 créditos este curso en la UCM), lo que inevitablemente alargará la permanencia de los estudiantes en la universidad, retrasando su salida al mercado laboral y dilatando su dependencia de las familias, demostrando el fracaso y la ineficacia de la política de subida de precios públicos. En particular el número de matriculados en másteres ha disminuido entre el 15 y el 20 % en las seis universidades públicas de Madrid, el 16% en la UCM, con especial incidencia en los másteres relacionados con la investigación. De no corregirse esta política de precios públicos las consecuencias serán muy negativas para la investigación, que en muchas áreas es puntera.

Cuarto: la subida de precios públicos no ha sido acompañada del correspondiente incremento de becas para paliar los efectos negativos en las familias con menos recursos. Además, el decreto de precios públicos hace recaer sobre la Universidad el pago en las becas de la diferencia entre la cantidad fijada por la Comunidad de Madrid y lo establecido en el Real Decreto-Ley 14/2012, lo que se traduce en la práctica en un recorte aún mayor en el presupuesto de la Universidad.

Quinto: la prohibición o limitación en las tasas de reposición de los empleados públicos por parte del Gobierno de la nación, que afecta a la plantilla universitaria, dificulta el funcionamiento normal de la Universidad y cuestiona su futuro, en la medida en que entorpece o impide el relevo generacional de docentes e investigadores, y favorece la fuga de talentos hacia países que, como Francia o Alemania, siguen apostando por sus universidades.

Sexto: todas estas medidas, que se enmarcan en la aplicación de los Decretos-Leyes 14/2012 y 20/2012, suponen una disminución importante en la autonomía y la financiación de las universidades públicas. En la misma dirección se puede encuadrar la creación de una comisión de expertos para definir el modelo futuro de universidad por realizarse al margen de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Entendemos que sus resultados afectarán al funcionamiento de la Universidad Pública, a su gobernanza, a su financiación, a los precios públicos y al sistema de acceso a la misma.

Por todo ello el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid considera que:

La Universidad pública no puede soportar más recortes presupuestarios si se quiere mantener  su actividad académica con la calidad necesaria, para ejercer el papel protagonista que le corresponde en la salida de la crisis económica y en la evolución de la sociedad española con las garantías alcanzadas dentro de nuestro estado de bienestar. La sociedad española no puede asumir, sin una adecuada política de becas, subidas de precios públicos que ponen en riesgo la igualdad de oportunidades garantizada por la Constitución. Cualquier cambio en el modelo universitario español se debe realizar con la participación institucional de las universidades, a partir de los avances conseguidos por la universidad pública desde el restablecimiento de la democracia. España es la novena potencia investigadora del mundo, aportando la universidad el 66% de la I+D, y el país con mayor tasa de estudiantes universitarios por habitante. Todos estos logros han contribuido decisivamente a la modernización del Estado y se han alcanzado con una inversión sensiblemente inferior a la que realizan países de nuestro entorno, lo que resalta la eficiencia de nuestra Universidad Pública.

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