HUELGA GENERAL DE MUJERES 8 DE MARZO

El 8 de Marzo ha sido convocada una huelga de mujeres por más de 300 asociaciones y colectivos, además de sindicatos.
Los objetivos de la huelga son terminar con:
-la brecha salarial entre hombre y mujeres
-el acoso laboral y la violencia machista
-el trabajo precario
-las pensiones de miseria
-los recortes en los presupuestos para los cuidados de los dependientes y mayores.

La huelga que se plantea, además de huelga laboral, pretende que sea una huelga de Cuidados, huelga de Consumo, y huelga Estudiantil.
-Huelga de Cuidados:
Los Cuidados a personas mayores no se pagan ni se valoran socialmente a pesar de que son fundamentales e imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad.
Se propone que el 8 de Marzo los hombres asuman las tareas del hogar y los cuidados que hacen las mujeres.
-Huelga de Consumo: se propone que no se compre lo que no sea necesario en esta jornada.
-Huelga de estudiantes: se convoca a las mujeres estudiantes, maestras, y profesoras a participar en la huelga para defender una educación pública, laica y feminista.
Desde www.cupuma.org. apoyamos esta convocatoria de huelga y animamos a todas las mujeres a participar en la huelga y en las manifestaciones convocadas.
2 de Marzo 2018

Escrito de CUPUMA a los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid

 

Martes 3 Septiembre 2013

Desde la Coordinadora de Universidades Publicas de Madrid consideramos que la comunidad universitaria no puede aceptar el recorte producido en las becas ni la nueva subida de tasas, del mismo modo que no aceptamos las anteriores.

 

Tanto la decisión tomada por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) como la complicidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA), están vulnerando el principio de igualdad de oportunidades y sólo puede tener una consecuencia: la destrucción de las universidades públicas madrileñas y su privatización, como está sucediendo con la sanidad.

 

Por todo ello, exigimos a los Rectores que, en función de las competencias sobre establecimiento de precios públicos que la CAM dice haberles otorgado, fijen el precio de las tasas atendiendo al principio de equidad e igualdad de oportunidades y a las necesidades de las familias y de las universidades públicas madrileñas.

 

Si los Rectores abdican de sus compromisos y responsabilidades, la comunidad universitaria llevará la defensa de la universidad pública hasta sus últimas consecuencias.

 

 

 

 

Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid.

I Consejo de Gobierno de la UCM

l Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, reunido en sesión extraordinaria el 12 de noviembre de 2012, tras analizar el estado actual de la Universidad y habiendo tenido conocimiento del proyecto de presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2013, considera los siguientes aspectos que afectan al desarrollo de la actividad académica:

Primero: en este momento de crisis económica, las universidades públicas están sufriendo considerables reducciones presupuestarias. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), las inversiones para infraestructuras y mantenimiento contempladas en el Contrato Programa suscrito con la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011 eran de 199 millones de euros, de por sí insuficientes para las necesidades de esta Universidad, de los que se recibieron menos de 90. Para el año 2013 se han previsto para este concepto 2,3 millones de euros. Por otra parte, se ha producido una disminución del presupuesto destinado por la Comunidad para las nóminas de nuestra plantilla, que alcanza 47 millones entre 2012 y 2013 (25,4 millones en el último trimestre de 2012 y 21,6 millones para el ejercicio 2013) que altera el escenario de equilibrio presupuestario que se ha establecido como objetivo en el último presupuesto la UCM.  A estos recortes se unen las deudas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene con la UCM, lo que supone un grave perjuicio para la Universidad y ponen en cuestión la realización de sus funciones con los niveles de calidad ya alcanzados, y que han sido una marca de identidad de la UCM a lo largo de las últimas décadas. Asimismo lesionan los derechos del personal universitario, dificultando o impidiendo una carrera docente, investigadora y profesional.

Segundo: la UCM consciente de su responsabilidad ante la sociedad, aprobó ya en el periodo 2009-2010 un programa de ahorro que fue seguido en 2011 por un estricto plan de eficiencia dirigido a la reducción de los gastos y a la mejora de la gestión de los recursos humanos y materiales, manteniendo la calidad en la docencia, investigación y transferencia a la sociedad.

Tercero: la disminución de la financiación ha ido acompañada de la desmedida subida de los precios públicos de los estudios universitarios, acordada por la Comunidad de Madrid para el curso académico 2012‐2013, que impide el acceso a la Universidad a colectivos sociales con menores niveles de ingresos u obliga a matricular un número inferior de créditos (una disminución de, aproximadamente, 400.000 créditos este curso en la UCM), lo que inevitablemente alargará la permanencia de los estudiantes en la universidad, retrasando su salida al mercado laboral y dilatando su dependencia de las familias, demostrando el fracaso y la ineficacia de la política de subida de precios públicos. En particular el número de matriculados en másteres ha disminuido entre el 15 y el 20 % en las seis universidades públicas de Madrid, el 16% en la UCM, con especial incidencia en los másteres relacionados con la investigación. De no corregirse esta política de precios públicos las consecuencias serán muy negativas para la investigación, que en muchas áreas es puntera.

Cuarto: la subida de precios públicos no ha sido acompañada del correspondiente incremento de becas para paliar los efectos negativos en las familias con menos recursos. Además, el decreto de precios públicos hace recaer sobre la Universidad el pago en las becas de la diferencia entre la cantidad fijada por la Comunidad de Madrid y lo establecido en el Real Decreto-Ley 14/2012, lo que se traduce en la práctica en un recorte aún mayor en el presupuesto de la Universidad.

Quinto: la prohibición o limitación en las tasas de reposición de los empleados públicos por parte del Gobierno de la nación, que afecta a la plantilla universitaria, dificulta el funcionamiento normal de la Universidad y cuestiona su futuro, en la medida en que entorpece o impide el relevo generacional de docentes e investigadores, y favorece la fuga de talentos hacia países que, como Francia o Alemania, siguen apostando por sus universidades.

Sexto: todas estas medidas, que se enmarcan en la aplicación de los Decretos-Leyes 14/2012 y 20/2012, suponen una disminución importante en la autonomía y la financiación de las universidades públicas. En la misma dirección se puede encuadrar la creación de una comisión de expertos para definir el modelo futuro de universidad por realizarse al margen de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Entendemos que sus resultados afectarán al funcionamiento de la Universidad Pública, a su gobernanza, a su financiación, a los precios públicos y al sistema de acceso a la misma.

Por todo ello el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid considera que:

La Universidad pública no puede soportar más recortes presupuestarios si se quiere mantener  su actividad académica con la calidad necesaria, para ejercer el papel protagonista que le corresponde en la salida de la crisis económica y en la evolución de la sociedad española con las garantías alcanzadas dentro de nuestro estado de bienestar. La sociedad española no puede asumir, sin una adecuada política de becas, subidas de precios públicos que ponen en riesgo la igualdad de oportunidades garantizada por la Constitución. Cualquier cambio en el modelo universitario español se debe realizar con la participación institucional de las universidades, a partir de los avances conseguidos por la universidad pública desde el restablecimiento de la democracia. España es la novena potencia investigadora del mundo, aportando la universidad el 66% de la I+D, y el país con mayor tasa de estudiantes universitarios por habitante. Todos estos logros han contribuido decisivamente a la modernización del Estado y se han alcanzado con una inversión sensiblemente inferior a la que realizan países de nuestro entorno, lo que resalta la eficiencia de nuestra Universidad Pública.

¿Ignorancia o Connivencia?

Antonio Castro
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
Jaime Pastor
Profesor de la UNED
Ángel Ponce
Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

Resulta obligado preguntarse si no es preciso considerar como especialmente significativo que, en la situación actual en la que nos encontramos, —en que la mentira premeditada y planificada se intenta hacer pasar por una inevitable “modificación democrática”—, aparezca un artículo en El País, el 2 de Noviembre pasado titulado ¿Quien mandará en la Universidad? y firmado por Ivanna Vallespin.

El artículo da mucho de sí, pero como resulta materialmente imposible analizarlo extensamente, intentaremos (con)centrarnos en el párrafo inicial, dejando perfectamente claro que se puede utilizar ese mismo planteamiento con el resto del escrito:

El modelo actual de Universidad está en entredicho. Los campus se encuentran en un punto de inflexión generado por la merma de los recursos públicos, un número de licenciados que el mercado laboral español no es capaz de absorber y la necesidad de mejorar unas discretas cuotas de investigación respecto a otros países europeos. Ante este panorama, el Gobierno prevé remodelar de arriba abajo la Universidad, tanto en relación al contenido (eliminar la Selectividad, revisar el catálogo de titulaciones…) como la estructura. Para abordar esta última, ha encargado un informe a una comisión de expertos que se espera tener listo para diciembre. El documento debe trazar las líneas del nuevo modelo de gobernanza de las universidades, que incluye desde revisar los órganos de gobierno de los campus (quién manda y cómo se eligen los directivos) hasta el sistema de financiación (qué parte de los fondos serán públicos y qué parte, privados) y la forma de contratar al profesorado.

Es difícil decir tantas medias verdades —en muchas ocasiones mucho peores que las mentiras porque resultan bastante más creíbles— en tan escaso espacio. La primera afirmación ya es inexacta. “El modelo actual de Universidad esta en entredicho”. Lo adecuado sería: “El gobierno ha decidido acabar con el modelo actual de Universidad Publica a cualquier precio y con la mayor rapidez posible” para lo que es casi imprescindible convencer a los españoles de su inevitabilidad e incluso, si es posible, de su conveniencia. En la consecución de semejante tarea resulta imprescindible la “adecuada” colaboración de periódicos y periodistas. Y pensamos que el artículo que comentamos es un perfecto ejemplo, y el periódico elegido uno de los más idóneos, para alcanzar el objetivo propuesto.

La segunda afirmación es una mezcla de verdad y de mentira, puesto que si “los campus se encuentran en un punto de inflexión” es fundamentalmente por la merma de recursos públicos, algo que fue perfectamente planificado por los gobiernos estatales —iniciado por el anterior y refrendado y ejecutado con fruición por el actual— y autonómicos —pionero siempre el de la Comunidad Madrileña— como el sistema mas idóneo para conseguir la tan esperada privatización de la universidad pública. La existencia de un número de licenciados de la universidad —pública y privada— que el mercado no es capaz de absorber es algo que tiene numerosos lustros de existencia y múltiples causas y nunca podía servir como única excusa para una modificación radical de la universidad, mientras que la tercera, “la necesidad de mejorar las cuotas de investigación” es literalmente, una mentira, una invención para justificar las decisiones tomadas. Por más que se intente manipular los datos —y el Ministerio, con su máximo responsable a la cabeza, es un convencido de sus ventajas, sobre todo porque sus efectos se expanden por/ante la pasividad de los creadores de la opinión pública—, la relación investigación/inversión era absolutamente defendible y perfectamente homologable con la europea, aunque estuviera lejos de ser una situación idílica. Tras los más de 5.200 millones de euros recortados en enseñanza por el ínclito Wert, es obvio que la situación se ha agravado dramáticamente, rozando incluso la posibilidad de su desaparición.

Y llegamos a la gran mentira. “Ante este panorama el gobierno prevé remodelar de arriba abajo la universidad”. Primero se crea voluntariamente las condiciones idóneas, infectando las células sanas y luego uno se autopostula como el único cirujano/carnicero capaz de atajar la enfermedad. Si semejante planteamiento demuestra que funciona admirablemente con el tema de la crisis/estafa económica, ¿por qué razón no trasladarlo a la privatización de los servicios públicos? Dicho y hecho. Según el artículo de El País, el Gobierno interviene “ante semejante panorama”. El problema es simple y sencillamente que no es cierto. Sin necesidad de remontarnos al plan Bolonia, lo que ahora se anuncia como novedad estaba perfectamente previsto desde hace bastante tiempo. Y hay pruebas que lo demuestran: En el año 2010, encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y firmado por Federico Gutiérrez Solana como presidente de la CRUE y Patricia Botín —hija del dueño del banco de Santander— como presidenta de la fundación CYD, se entrega un informe conocido bajo el nombre de Estrategia Universidad 2015, que deja perfectamente claro el camino que va a seguir la universidad en los años venideros. Sobre el tema especifico de la elección de rector veamos lo que en 2010 decía ese informe: “Lo primero que hay que poner de manifiesto es que el debate hoy en día no se centra en el proceso de elección del rector sino en el hecho de si este debe ser elegido o directamente designado”. Tras decantarse claramente por la designación por parte de un órgano externo a la universidad —¡a imagen y semejanza de los actuales Consejos Sociales, pero ampliado!— ante el que éste tiene que rendir cuentas, “más importante si cabe que el sistema de elección de rector es el que atañe a la elección o designación de los responsables de los centros”. No contentos “los autodenominados demócratas de toda la vida” con decantarse por el nombramiento digital de los decanos de los centros, avanzan un pasito más y plantean la conveniencia —en aras de evitar que las discrepancias empañen el resultado final— de que éstos a su vez designen de idéntica forma a los directores de departamentos. El círculo de la racionalización/democratización/privatización de la universidad ya está logrado, y se ha conseguido la aniquilación absoluta de cualquier vestigio democrático en la designación de los responsables de la universidad.

El artículo afirma que para solucionar el tema se ha nombrado por parte del Ministerio un comité de “expertos”—que “casualmente” presenta total mayoría del PP— y que en diciembre emitirá su informe. Que dicho informe, de nuevo “casualmente”, vaya a coincidir en líneas generales con lo propugnado por Estrategia Universidad 2015, de la misma forma que ya ha ocurrido lo mismo con el comité de expertos catalanes, nos obliga a plantearnos si —generalizando— la actitud de la prensa ante este tema proviene de una ignorancia supina, o simplemente, forma parte de una connivencia que como todo el mundo sabe, tiene por objetivo beneficiar a ambas partes.

La Banca, el Fraude Fiscal y el New York Times

LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

 

LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

 

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.

Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Jornadas de lucha 8 de Noviembre

JORNADAS DE LUCHA 8 NOVIEMBRE

Mas info:

La red de asambleas universitarias de Madrid, tomalafacultad, convoca dos jornadas de lucha y de huelga (no en todas las facultades) contra las medidas de austeridad a las que se ven sometidas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

¡Preparemos la Huelga General europeas del 14N!

En la universidad, Ni debemos Ni pagamos: No a los recortes, no a la subida de tasas.

> Calendario:>> 7 de Noviembre: Encierros descentralizados en las distintas universidades públicas de la Comunidad de Madrid y Huelga en facultades concretas>> 8 de Noviembre: Jornada de movilización unitaria de #tomalafacultad con huelga, actos, pasacampus y concentraciones.

[[Actualizaremos la info posteriormente]]

*Eventos e imágenes de las asambleas de facultad y campus*

– Asamblea Veterinaria UCM: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116181501873637&set=o.222181101241034&type=1&theater

– Asamblea de Somosaguas UCM:https://www.facebook.com/events/379731992108820/

– Asamblea FilosofíayFilología UCM: https://www.facebook.com/events/241202222673954/

– Asamblea Universidad Rey Juan Carlos_ Toma la URJC; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301888143259600&set=a.301888013259613.71268.100003152501406&type=1&theater

https://www.facebook.com/events/373386999414654/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited

– Asamblea de Geografía e Historia UCM: https://www.facebook.com/events/437568466310541/?fref=tck

– Asamblea Universidad Politécnica de Madrid: https://www.facebook.com/events/378846635525762/

– Toma la UC3M, Asamblea UC3M: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4453246445184&set=a.1112160440122.75791.1110235045&type=1&theater

https://www.facebook.com/events/460215887358171/

Manifestación 23 Octubre desde Sol hasta la Consejeria de Educación

QUIEREN ACABAR CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ¡DEFENDÁMOSLA!

 MANIFESTACIÓN, MARTES 23 OCTUBRE, 12 horas

Recorrido: SOL – CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

    • Contra el proyecto “de mejora de la calidad educativa ‘LOMCE’ ”.
    • Contra el Decreto, donde se plasma la abusiva e injusta subida de tasas.
    • Contra el Decreto de “medidas urgentes de racionalización del gasto público” en el ámbito educativo.
    • Contra el Decreto que lesiona los derechos de los trabajadores en las Universidades públicas madrileñas.
    • Contra  los recortes en educación e investigación previstos en los Presupuestos.
    • Contra la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid que asfixia a las Universidades públicas.