¿Transformar la Universidad?

CUPUMA INFORMA:

 ¿TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD?


En la situación actual, los planteamientos discrepantes entre la Comunidad y el Ministerio hacen aún más difícil que la claridad y la sensatez logren ocupar un lugar mínimamente preponderante. Y la falta de coordinación y el intento por parte de cada instancia, de conseguir imponer su propio modelo de Universidad, ha complicado y embarullado más los temas.

El modelo de Universidad es de capital importancia en este planteamiento. Simplificando, se puede decir que asistimos a una clara contraposición entre la concepción de la Universidad como servicio público, y aquel que entiende que la Educación -y por tanto la Universidad- es uno de los campos actuales con mayor potencialidad para poder conseguir pingües beneficios en un plazo de tiempo relativamente corto.

Y, en esta desigual batalla, el lugar que ocupan las Universidades privadas tiene que ser necesariamente relevante. Y nos encontramos ante la paradoja de que los máximos defensores de las universidades privadas ocupan puestos especialmente significativos en las administraciones Publicas. Pero, no pueden dejar entrever semejante predilección, viéndose obligados a utilizar todo tipo de triquiñuelas, con objeto de encubrir sus verdaderas intenciones.

El dictamen oficial del PP insistía en que uno de los grandes problemas que arrastraba la educación superior española era el exceso de Universidades. A partir de semejante planteamiento, parecería razonable deducir que se restringiría drásticamente la aprobación de nuevas universidades. A juzgar por lo que se está planteando hacer en estos momentos la CA de Madrid ,si ya la situación actual era un despropósito con 6 Universidades Públicas y 8 Privadas, la previsible aprobación por parte de la Comunidad de Madrid  –obviamente una entidad pública– de tres nuevas universidades privadas, hace que la situación, en breve tiempo, lo será aún mucho más, con seis públicas y once privadas, tras la incorporación de Villanueva, Esic y Cunef, las dos primeras ligadas a confesiones religiosas, y la tercera a la Banca.

Si consideramos, además, que han quedado-al menos momentáneamente- fuera de juego, grupos empresariales y mediáticos que poseen una gran influencia e incidencia en nuestra sociedad, no resulta nada aventurado suponer que no se tardará en ampliar el número de Universidades Privadas, llegando a duplicar-como mínimo- el número de Universidades Públicas.

La Comunidad de Madrid, para poder llevar a cabo sus propósitos, se ha permitido ignorar los informes desfavorables, tanto del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, como, del propio Servicio Jurídico de la Consejería de Educación e Investigación.

Que se ignore el Consejo Universitario ya es grave, puesto que es el único órgano en el que posee representación una parte de la comunidad universitaria -solo una parte y en escasa cantidad- pero parece todavía mucho más absurdo que la Comunidad ignore el parecer de sus propios servicios jurídicos, demostrando una vez más, que los incumplimientos de las leyes que no les favorecen, provienen, en numerosas oportunidades, de los mismos  políticos que no dudan en presumir y considerarse constitucionalistas.

El otro tema candente es la actuación y pretensiones de la CRUE. Pese a que son  casi los únicos, que procedentes de las universidades -públicas y privadas- están representados en el Consejo universitario, la CRUE, que es una asociación PRIVADA, cuya financiación sigue siendo un secreto, se cree con derechos para poder (a)firmar lo siguiente: “ los rectores y rectoras ,en nombre de la comunidad  universitaria se sienten plenamente legitimados para manifestar ante la ciudadanía y la opinión pública, las siguientes consideraciones: Exigimos a los responsables políticos que se ocupen de las necesidades urgentes que tienen nuestras universidades, que aporten más recursos y que se pongan de acuerdo mediante un Pacto de Estado en una nueva Ley de Universidades. Una Ley que sirva para que se lleven a cabo las mejoras que todos los universitarios reivindicamos, de manera prioritaria, para seguir al servicio del bienestar de la ciudadanía. Una sociedad que no confía en sus universidades no tiene futuro”.

La CRUE, es la misma institución que ha utilizado la autonomía universitaria-consagrada por la constitución con el objetivo de evitar que el poder político interfiera en las decisiones claves sobre las Universidades- para tratar de tapar vergonzantemente, encubrir, y lavarse las manos ante un Rector plagiario, y disculpar y blanquear las intervenciones tan lamentables, como denigrantes para la Universidad Pública, de otro Rector, el de la URJC.

Pero resultan más significativas todavía las prioridades que la CRUE especifica en su escrito: aumentar los recursos para las Universidades, y firmar un pacto de estado para una nueva ley de Universidades. Parece un desatino la insistencia en un pacto de estado, cuando el fracaso del llamado Pacto para la Educación, -que se ha demostrado inviable tras dos años de negociaciones- aún está caliente. Por otra parte, la ampliación de recursos- que obviamente debería de ser un elemento indispensable de todo presunto acuerdo- es desgajado del planteamiento general dejando en evidencia cuál es su verdadera prioridad, ya que aumentar la financiación, pero sin especificar, por ejemplo, la imprescindible y prioritaria necesidad de revertir inmediatamente todo tipo de recortes, no puede ser más clarificador.                                                                                              

A la vez que la CRUE exige que se le considere interlocutor privilegiado, se olvida del resto de los componentes de la comunidad universitaria, aceptando una representación mutilada que magnifica y refuerza que su presencia pueda ser más determinante, aun al precio de devaluar y falsear una verdadera representación de la comunidad universitaria.

Los rectores ocultan voluntariamente que la supervivencia de la Universidad, durante los años de la crisis, solo fue posible a costa de la progresiva precarización del profesorado y del PAS, unido a la utilización por parte de los Rectorados de la contratación de profesores asociados y profesores visitantes, en incuestionable fraude de ley, para compensar el 17% de los profesores perdidos, convenientemente aderezado por la expulsión de entre 70.000 y 100.000 estudiantes como consecuencia de la ingente y desproporcionada subida de las tasas.

CUPUMA, 10 de enero de 2019

Soluciones oficiales a los problemas actuales de las universidades públicas.

 

Soluciones oficiales (Propuestas por el Ministerio, las Comunidades Autónomas y la CRUE) a los problemas actuales de las Universidades Públicas.

Lunes 26 de Noviembre a las 18h.

Salón de actos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas <M> Ciudad Universitaria.

Ponentes:

  • Ricardo Morón, de la Universidad Autónoma de Madrid.
  • Enrique Diez Gutiérrez, de la Universidad de León.
  • Carlos Berzosa, exrector de la UCM.
  • Antonio Castro, de la UCM y miembro de CUPUMA.

Modera:

  • Sandra Villa, de la Asamblea de Marea Verde de Madrid.

Organizado por:

  • Asamblea Marea Verde Madrid y CUPUMA

 

Análisis de la situación actual de las Universidades Públicas Españolas

Estimados compañeros/as:

Os invitamos a participar en el primero de los tres actos que conforman las Jornadas sobre las Universidades Públicas que organizan Asamblea Marea Verde y CUPUMA:

Análisis de la situación actual de las Universidades Públicas Españolas

El dia 25 de Octubre a las 18 horas en el salón de actos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, metro Ciudad Universitaria

La mesa será moderada por Lola Ruiz, miembro de Asamblea Marea Verde de Madrid

Ponentes:

  • Manuel de León. Investigador del CSIC. Académico de la Academia de Ciencias
  • Jorge Martínez, Profesor de la Carlos III
  • Víctor Sampedro.- Catedrático de opinión pública de la URJC.

 

EL CASO CIFUENTES COMO SINTOMA: LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN

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Hemos asistido a uno de los más lamentable-pero a la vez extraordinariamente esclarecedor- episodios de la desvergüenza que se ha adueñado del ejercicio de la política española, y muy especialmente de algunas comunidades Autónomas, -Valencia, Cataluña, Andalucía y en el caso que nos ocupa, la de la capital de nuestro país.

Lo primero que llama la atención, es constatar que, pese a que los robos organizados llevan numerosas décadas perpetrándose, y ejecutándose, solo hemos podido enterarnos de lo ocurrido, con veinte años de retraso, y debido a que la avaricia de algunas de las bandas rivales, organizadas para robar y delinquir, ha propiciado y permitido el descubrimiento de las fechorías de sus rivales, y de rebote, de las propias.

Cuando el paso del tiempo empieza a aclarar mínimamente lo ocurrido con el famoso masters de Cifuentes,-con el hecho decisivo de la obligada imputación de la expresidenta-, queda de manifiesto, una vez más, que los distintos comunicados y argumentos de CUPUMA, se acercan mucho más a lo realmente sucedido, que las informaciones oficiales y oficiosas, que casi siempre son una patética acumulación de falsedades contradictorias que parecen emanadas de las extraños delirios de mentirosos patológicos.

Pensamos que, en el momento actual, resulta mucho más interesante-y significativo- que tratar de insistir en el obvio comportamiento prepotente, dictatorial y egocéntrico de Cifuentes y sus subordinados, poner el acento en la importancia del caso Cifuentes entendido como síntoma y por tanto insistir en las condiciones mínimas que tenían que confluir para que lo sucedido pudiera tener la menor posibilidad de producirse.

1.- Una comunidad, la CAM, que gobierna el PP, sin la menor trasparencia, y que, con el apoyo de Ciudadanos, dedica subvenciones injustificadas- e injustificables- a chiringuitos privados, exigiendo como contrapartida las adecuadas prebendas para aquellos que les financian.

2.- Una universidad pública que crea institutos opacos con fines sustancialmente mercantilistas y clientelares y reparte dinero entre los profesores y gestores de los masters, siempre y cuando -al margen de su ideología o su pertenencia a partidos o/y sindicatos- estén de acuerdo en obedecer, cobrar y callar, institucionalizando el conocido como modelo Bankia-Caja Madrid, instaurado con notable éxito económico por el Partido Popular.

3.-Una serie de Rectores afines al PP que toleran, alientan, favorecen, y se aprovechan de este tipo de planteamientos.

4.- Que la presidenta de la Comunidad, como máxima responsable de la concesión de las subvenciones, decida que, si muchos de sus compañeros de partido ya se han visto beneficiados por los títulos generosamente expedidos por los chiringuitos subvencionados por el PP, ella no puede ser menos, y tiene más derecho que nadie a conseguir su master, sin necesidad de asistir a clase-es un master presencial- ni de examinarse, ni de hacer los indispensables trabajos exigidos.

5.- Que “esa persona de la que estamos hablando” utilice a una profesora de la URJC -en excedencia, – por su cargo de asesora del Consejero de Educación, a su vez vice-rector de la URJC en el momento de los hechos- para hablar inmediatamente con el Rector y reclamar que se pongan todos los medios necesarios para desmentir contundentemente la información publicada por el diario.es.

6.- Que el Rector Ramos siga al pie de la letra las “instrucciones” -delegadas- de la presidenta y reclame al director del Instituto-chiringuito, una inmediata solución al problema.

7.-Que, siguiendo adecuadamente la jerarquía militar, el director del chiringuito cite a sus “discípulas” en el despacho de un abogado para convencerlas de lo imperativo de resolver el tema, de forma inmediata y al precio que sea, si no quieren ver en peligro sus carreras docentes.

8.- Que el Rector, en rueda de prensa, avale la versión de Cifuentes, asegurando que solo hay un error en la transcripción de las notas, sabiendo perfectamente que eso es absolutamente falso.

9.- Que una vez que el Rector envió la falsificación del acta del trabajo de fin de masters, la presidenta desafíe a todo el mundo y asegure que no está dispuesta a dimitir “porque no hay ningún motivo”, y que “piensa quedarse” y denunciar a los periodistas que publicaron la informacion.

10.- Que el resto de las autoridades de la URJC apoye sin fisuras la postura del Rector y Cifuentes, con pleno conocimiento de lo sucedido.

11.- Que, a excepción de algunas asociaciones de estudiantes, prácticamente nadie de la URJC haya sido capaz de expresar su opinión, si esta era contraria a la defendida oficialmente.

Las sucesivas noticias van descubriendo la falsedad de muchas versiones, y a partir de este momento todos comprenden que se trata de un “sálvese quien pueda”, y los implicados intentan conservar su cabeza, aunque sea a costa de poner en riesgo – u ofrendar en bandeja de plata- las de los demás.

Tras ser remitido el expediente al juzgado, y dadas las posibles condenas en juego, existe la posibilidad de que por primera vez se investigue en serio el enorme entramado clientelar creado por la CAM, con la imprescindible colaboración de algunas Universidades Públicas, dependientes económicamente de ella, y aprovechándose  una vez más el modelo de Bankia-Caja Madrid, instaurado por el Partido Popular, que le permitió contar con la colaboración de miembros del PSOE, IU, UGT, CCOO ,etc. etc., y que concluyó con los resultados por todos conocidos, incluidas las condenas a los usuarios fraudulentos de las tarjetas blacks.

En estas condiciones, que la CAM insista en la necesidad de que se apruebe la LEMES, esa ley de Universidades de la comunidad de Madrid, que pretende consagrar por ley el intervencionismo y el control de las Universidades, parece, no ya un desatino, sino un monstruoso sarcasmo.

Se pretende convertir en ley los procedimientos desplegados por Cifuentes durante el mes largo que se encargó de poner en práctica su verdadera manera de entender el gobierno de una Comunidad,  dejando al descubierto su íntima convicción  de que gobernar es resistir a cualquier precio, aunque suponga negar la evidencia, falsificar documentos públicos, mentir permanentemente , tratar de acallar a la prensa con infundios y amenazas, comprar y extorsionar profesores, títulos, masters, etc., etc., .con tal de imponer su voluntad, asegurándose la consecución de los objetivos propuestos, sin que el precio, o los medios a utilizar, puedan presentar o suponer el menor problema.

Tras la experiencia de la LOMCE, ¿podemos consentir que se apruebe la LEMES y sirva de punta de lanza para un cambio de modelo de la Universidad Pública, con control absoluto por parte de las Comunidades autonómicas, progresiva privatización, control del profesorado por parte de la CAM, con el objetivo de implantar definitivamente la Universidad como un negocio apetecible, por encima -y en detrimento-del servicio público?

¿Podemos permitir o siquiera tolerar que se legalice la corrupción después de que Cifuentes nos diera un cursillo acelerado de su concepto de lo que debe ser el Espacio Superior de Educación de Madrid, y con qué criterios se debe regir?

¿Puede alguien, en su sano juicio, pensar que el mismo gobierno que encabezó Cifuentes, en la actualidad presidido por su mano derecha, tiene la fuerza moral suficiente para forzar la aprobación de su LEMES?

Aquellos que defendieron, una y otra vez hasta el final, tan demencial comportamiento, y expresaron públicamente su lealtad inquebrantable a Cifuentes, por encima de toda lógica, ¿poseen la mínima credibilidad exigible para que puedan convencer a los madrileños que el objetivo de su LEMES es regenerar y combatir la corrupción en la Universidad, y no para utilizarla a su capricho sin que se les caiga la cara de vergüenza?

O, más bien el sentido común, llevará a la inmensa mayoría a pensar que estamos ante un nuevo episodio que prolonga y consolida el bochornoso espectáculo ofrecido, en el que Cifuentes ha dejado meridianamente explícito que considera que la universidad debe de estar a su servicio, subordinada a sus intereses, tanto los personales, como los derivados de su condición de dirigente y responsable del PP.

14 de mayo de 2018

 

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)

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