EL CASO CIFUENTES COMO SINTOMA: LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN

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Hemos asistido a uno de los más lamentable-pero a la vez extraordinariamente esclarecedor- episodios de la desvergüenza que se ha adueñado del ejercicio de la política española, y muy especialmente de algunas comunidades Autónomas, -Valencia, Cataluña, Andalucía y en el caso que nos ocupa, la de la capital de nuestro país.

Lo primero que llama la atención, es constatar que, pese a que los robos organizados llevan numerosas décadas perpetrándose, y ejecutándose, solo hemos podido enterarnos de lo ocurrido, con veinte años de retraso, y debido a que la avaricia de algunas de las bandas rivales, organizadas para robar y delinquir, ha propiciado y permitido el descubrimiento de las fechorías de sus rivales, y de rebote, de las propias.

Cuando el paso del tiempo empieza a aclarar mínimamente lo ocurrido con el famoso masters de Cifuentes,-con el hecho decisivo de la obligada imputación de la expresidenta-, queda de manifiesto, una vez más, que los distintos comunicados y argumentos de CUPUMA, se acercan mucho más a lo realmente sucedido, que las informaciones oficiales y oficiosas, que casi siempre son una patética acumulación de falsedades contradictorias que parecen emanadas de las extraños delirios de mentirosos patológicos.

Pensamos que, en el momento actual, resulta mucho más interesante-y significativo- que tratar de insistir en el obvio comportamiento prepotente, dictatorial y egocéntrico de Cifuentes y sus subordinados, poner el acento en la importancia del caso Cifuentes entendido como síntoma y por tanto insistir en las condiciones mínimas que tenían que confluir para que lo sucedido pudiera tener la menor posibilidad de producirse.

1.- Una comunidad, la CAM, que gobierna el PP, sin la menor trasparencia, y que, con el apoyo de Ciudadanos, dedica subvenciones injustificadas- e injustificables- a chiringuitos privados, exigiendo como contrapartida las adecuadas prebendas para aquellos que les financian.

2.- Una universidad pública que crea institutos opacos con fines sustancialmente mercantilistas y clientelares y reparte dinero entre los profesores y gestores de los masters, siempre y cuando -al margen de su ideología o su pertenencia a partidos o/y sindicatos- estén de acuerdo en obedecer, cobrar y callar, institucionalizando el conocido como modelo Bankia-Caja Madrid, instaurado con notable éxito económico por el Partido Popular.

3.-Una serie de Rectores afines al PP que toleran, alientan, favorecen, y se aprovechan de este tipo de planteamientos.

4.- Que la presidenta de la Comunidad, como máxima responsable de la concesión de las subvenciones, decida que, si muchos de sus compañeros de partido ya se han visto beneficiados por los títulos generosamente expedidos por los chiringuitos subvencionados por el PP, ella no puede ser menos, y tiene más derecho que nadie a conseguir su master, sin necesidad de asistir a clase-es un master presencial- ni de examinarse, ni de hacer los indispensables trabajos exigidos.

5.- Que “esa persona de la que estamos hablando” utilice a una profesora de la URJC -en excedencia, – por su cargo de asesora del Consejero de Educación, a su vez vice-rector de la URJC en el momento de los hechos- para hablar inmediatamente con el Rector y reclamar que se pongan todos los medios necesarios para desmentir contundentemente la información publicada por el diario.es.

6.- Que el Rector Ramos siga al pie de la letra las “instrucciones” -delegadas- de la presidenta y reclame al director del Instituto-chiringuito, una inmediata solución al problema.

7.-Que, siguiendo adecuadamente la jerarquía militar, el director del chiringuito cite a sus “discípulas” en el despacho de un abogado para convencerlas de lo imperativo de resolver el tema, de forma inmediata y al precio que sea, si no quieren ver en peligro sus carreras docentes.

8.- Que el Rector, en rueda de prensa, avale la versión de Cifuentes, asegurando que solo hay un error en la transcripción de las notas, sabiendo perfectamente que eso es absolutamente falso.

9.- Que una vez que el Rector envió la falsificación del acta del trabajo de fin de masters, la presidenta desafíe a todo el mundo y asegure que no está dispuesta a dimitir “porque no hay ningún motivo”, y que “piensa quedarse” y denunciar a los periodistas que publicaron la informacion.

10.- Que el resto de las autoridades de la URJC apoye sin fisuras la postura del Rector y Cifuentes, con pleno conocimiento de lo sucedido.

11.- Que, a excepción de algunas asociaciones de estudiantes, prácticamente nadie de la URJC haya sido capaz de expresar su opinión, si esta era contraria a la defendida oficialmente.

Las sucesivas noticias van descubriendo la falsedad de muchas versiones, y a partir de este momento todos comprenden que se trata de un “sálvese quien pueda”, y los implicados intentan conservar su cabeza, aunque sea a costa de poner en riesgo – u ofrendar en bandeja de plata- las de los demás.

Tras ser remitido el expediente al juzgado, y dadas las posibles condenas en juego, existe la posibilidad de que por primera vez se investigue en serio el enorme entramado clientelar creado por la CAM, con la imprescindible colaboración de algunas Universidades Públicas, dependientes económicamente de ella, y aprovechándose  una vez más el modelo de Bankia-Caja Madrid, instaurado por el Partido Popular, que le permitió contar con la colaboración de miembros del PSOE, IU, UGT, CCOO ,etc. etc., y que concluyó con los resultados por todos conocidos, incluidas las condenas a los usuarios fraudulentos de las tarjetas blacks.

En estas condiciones, que la CAM insista en la necesidad de que se apruebe la LEMES, esa ley de Universidades de la comunidad de Madrid, que pretende consagrar por ley el intervencionismo y el control de las Universidades, parece, no ya un desatino, sino un monstruoso sarcasmo.

Se pretende convertir en ley los procedimientos desplegados por Cifuentes durante el mes largo que se encargó de poner en práctica su verdadera manera de entender el gobierno de una Comunidad,  dejando al descubierto su íntima convicción  de que gobernar es resistir a cualquier precio, aunque suponga negar la evidencia, falsificar documentos públicos, mentir permanentemente , tratar de acallar a la prensa con infundios y amenazas, comprar y extorsionar profesores, títulos, masters, etc., etc., .con tal de imponer su voluntad, asegurándose la consecución de los objetivos propuestos, sin que el precio, o los medios a utilizar, puedan presentar o suponer el menor problema.

Tras la experiencia de la LOMCE, ¿podemos consentir que se apruebe la LEMES y sirva de punta de lanza para un cambio de modelo de la Universidad Pública, con control absoluto por parte de las Comunidades autonómicas, progresiva privatización, control del profesorado por parte de la CAM, con el objetivo de implantar definitivamente la Universidad como un negocio apetecible, por encima -y en detrimento-del servicio público?

¿Podemos permitir o siquiera tolerar que se legalice la corrupción después de que Cifuentes nos diera un cursillo acelerado de su concepto de lo que debe ser el Espacio Superior de Educación de Madrid, y con qué criterios se debe regir?

¿Puede alguien, en su sano juicio, pensar que el mismo gobierno que encabezó Cifuentes, en la actualidad presidido por su mano derecha, tiene la fuerza moral suficiente para forzar la aprobación de su LEMES?

Aquellos que defendieron, una y otra vez hasta el final, tan demencial comportamiento, y expresaron públicamente su lealtad inquebrantable a Cifuentes, por encima de toda lógica, ¿poseen la mínima credibilidad exigible para que puedan convencer a los madrileños que el objetivo de su LEMES es regenerar y combatir la corrupción en la Universidad, y no para utilizarla a su capricho sin que se les caiga la cara de vergüenza?

O, más bien el sentido común, llevará a la inmensa mayoría a pensar que estamos ante un nuevo episodio que prolonga y consolida el bochornoso espectáculo ofrecido, en el que Cifuentes ha dejado meridianamente explícito que considera que la universidad debe de estar a su servicio, subordinada a sus intereses, tanto los personales, como los derivados de su condición de dirigente y responsable del PP.

14 de mayo de 2018

 

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)

www.cupuma.org

https://twitter.com/cupumad

 

Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI

La PI es una plataforma que agrupa a distintas organizaciones de trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas que se encuentran contratados en Fraude de Ley, y cuyo principal objetivo es el reconocimiento de esta situación que afecta a más de 900.000 personas. Está integrada por las siguientes Asociaciones y Plataformas:

Leer mas: PI_MANIFIESTO Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales

Concentración 17 de Mayo1 Concentración 17 de Mayo 2

HUELGA GENERAL DE MUJERES 8 DE MARZO

El 8 de Marzo ha sido convocada una huelga de mujeres por más de 300 asociaciones y colectivos, además de sindicatos.
Los objetivos de la huelga son terminar con:
-la brecha salarial entre hombre y mujeres
-el acoso laboral y la violencia machista
-el trabajo precario
-las pensiones de miseria
-los recortes en los presupuestos para los cuidados de los dependientes y mayores.

La huelga que se plantea, además de huelga laboral, pretende que sea una huelga de Cuidados, huelga de Consumo, y huelga Estudiantil.
-Huelga de Cuidados:
Los Cuidados a personas mayores no se pagan ni se valoran socialmente a pesar de que son fundamentales e imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad.
Se propone que el 8 de Marzo los hombres asuman las tareas del hogar y los cuidados que hacen las mujeres.
-Huelga de Consumo: se propone que no se compre lo que no sea necesario en esta jornada.
-Huelga de estudiantes: se convoca a las mujeres estudiantes, maestras, y profesoras a participar en la huelga para defender una educación pública, laica y feminista.
Desde www.cupuma.org. apoyamos esta convocatoria de huelga y animamos a todas las mujeres a participar en la huelga y en las manifestaciones convocadas.
2 de Marzo 2018

Escrito de CUPUMA a los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid

 

Martes 3 Septiembre 2013

Desde la Coordinadora de Universidades Publicas de Madrid consideramos que la comunidad universitaria no puede aceptar el recorte producido en las becas ni la nueva subida de tasas, del mismo modo que no aceptamos las anteriores.

 

Tanto la decisión tomada por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) como la complicidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA), están vulnerando el principio de igualdad de oportunidades y sólo puede tener una consecuencia: la destrucción de las universidades públicas madrileñas y su privatización, como está sucediendo con la sanidad.

 

Por todo ello, exigimos a los Rectores que, en función de las competencias sobre establecimiento de precios públicos que la CAM dice haberles otorgado, fijen el precio de las tasas atendiendo al principio de equidad e igualdad de oportunidades y a las necesidades de las familias y de las universidades públicas madrileñas.

 

Si los Rectores abdican de sus compromisos y responsabilidades, la comunidad universitaria llevará la defensa de la universidad pública hasta sus últimas consecuencias.

 

 

 

 

Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid.

I Consejo de Gobierno de la UCM

l Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, reunido en sesión extraordinaria el 12 de noviembre de 2012, tras analizar el estado actual de la Universidad y habiendo tenido conocimiento del proyecto de presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2013, considera los siguientes aspectos que afectan al desarrollo de la actividad académica:

Primero: en este momento de crisis económica, las universidades públicas están sufriendo considerables reducciones presupuestarias. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), las inversiones para infraestructuras y mantenimiento contempladas en el Contrato Programa suscrito con la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011 eran de 199 millones de euros, de por sí insuficientes para las necesidades de esta Universidad, de los que se recibieron menos de 90. Para el año 2013 se han previsto para este concepto 2,3 millones de euros. Por otra parte, se ha producido una disminución del presupuesto destinado por la Comunidad para las nóminas de nuestra plantilla, que alcanza 47 millones entre 2012 y 2013 (25,4 millones en el último trimestre de 2012 y 21,6 millones para el ejercicio 2013) que altera el escenario de equilibrio presupuestario que se ha establecido como objetivo en el último presupuesto la UCM.  A estos recortes se unen las deudas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene con la UCM, lo que supone un grave perjuicio para la Universidad y ponen en cuestión la realización de sus funciones con los niveles de calidad ya alcanzados, y que han sido una marca de identidad de la UCM a lo largo de las últimas décadas. Asimismo lesionan los derechos del personal universitario, dificultando o impidiendo una carrera docente, investigadora y profesional.

Segundo: la UCM consciente de su responsabilidad ante la sociedad, aprobó ya en el periodo 2009-2010 un programa de ahorro que fue seguido en 2011 por un estricto plan de eficiencia dirigido a la reducción de los gastos y a la mejora de la gestión de los recursos humanos y materiales, manteniendo la calidad en la docencia, investigación y transferencia a la sociedad.

Tercero: la disminución de la financiación ha ido acompañada de la desmedida subida de los precios públicos de los estudios universitarios, acordada por la Comunidad de Madrid para el curso académico 2012‐2013, que impide el acceso a la Universidad a colectivos sociales con menores niveles de ingresos u obliga a matricular un número inferior de créditos (una disminución de, aproximadamente, 400.000 créditos este curso en la UCM), lo que inevitablemente alargará la permanencia de los estudiantes en la universidad, retrasando su salida al mercado laboral y dilatando su dependencia de las familias, demostrando el fracaso y la ineficacia de la política de subida de precios públicos. En particular el número de matriculados en másteres ha disminuido entre el 15 y el 20 % en las seis universidades públicas de Madrid, el 16% en la UCM, con especial incidencia en los másteres relacionados con la investigación. De no corregirse esta política de precios públicos las consecuencias serán muy negativas para la investigación, que en muchas áreas es puntera.

Cuarto: la subida de precios públicos no ha sido acompañada del correspondiente incremento de becas para paliar los efectos negativos en las familias con menos recursos. Además, el decreto de precios públicos hace recaer sobre la Universidad el pago en las becas de la diferencia entre la cantidad fijada por la Comunidad de Madrid y lo establecido en el Real Decreto-Ley 14/2012, lo que se traduce en la práctica en un recorte aún mayor en el presupuesto de la Universidad.

Quinto: la prohibición o limitación en las tasas de reposición de los empleados públicos por parte del Gobierno de la nación, que afecta a la plantilla universitaria, dificulta el funcionamiento normal de la Universidad y cuestiona su futuro, en la medida en que entorpece o impide el relevo generacional de docentes e investigadores, y favorece la fuga de talentos hacia países que, como Francia o Alemania, siguen apostando por sus universidades.

Sexto: todas estas medidas, que se enmarcan en la aplicación de los Decretos-Leyes 14/2012 y 20/2012, suponen una disminución importante en la autonomía y la financiación de las universidades públicas. En la misma dirección se puede encuadrar la creación de una comisión de expertos para definir el modelo futuro de universidad por realizarse al margen de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Entendemos que sus resultados afectarán al funcionamiento de la Universidad Pública, a su gobernanza, a su financiación, a los precios públicos y al sistema de acceso a la misma.

Por todo ello el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid considera que:

La Universidad pública no puede soportar más recortes presupuestarios si se quiere mantener  su actividad académica con la calidad necesaria, para ejercer el papel protagonista que le corresponde en la salida de la crisis económica y en la evolución de la sociedad española con las garantías alcanzadas dentro de nuestro estado de bienestar. La sociedad española no puede asumir, sin una adecuada política de becas, subidas de precios públicos que ponen en riesgo la igualdad de oportunidades garantizada por la Constitución. Cualquier cambio en el modelo universitario español se debe realizar con la participación institucional de las universidades, a partir de los avances conseguidos por la universidad pública desde el restablecimiento de la democracia. España es la novena potencia investigadora del mundo, aportando la universidad el 66% de la I+D, y el país con mayor tasa de estudiantes universitarios por habitante. Todos estos logros han contribuido decisivamente a la modernización del Estado y se han alcanzado con una inversión sensiblemente inferior a la que realizan países de nuestro entorno, lo que resalta la eficiencia de nuestra Universidad Pública.

¿Ignorancia o Connivencia?

Antonio Castro
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
Jaime Pastor
Profesor de la UNED
Ángel Ponce
Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

Resulta obligado preguntarse si no es preciso considerar como especialmente significativo que, en la situación actual en la que nos encontramos, —en que la mentira premeditada y planificada se intenta hacer pasar por una inevitable “modificación democrática”—, aparezca un artículo en El País, el 2 de Noviembre pasado titulado ¿Quien mandará en la Universidad? y firmado por Ivanna Vallespin.

El artículo da mucho de sí, pero como resulta materialmente imposible analizarlo extensamente, intentaremos (con)centrarnos en el párrafo inicial, dejando perfectamente claro que se puede utilizar ese mismo planteamiento con el resto del escrito:

El modelo actual de Universidad está en entredicho. Los campus se encuentran en un punto de inflexión generado por la merma de los recursos públicos, un número de licenciados que el mercado laboral español no es capaz de absorber y la necesidad de mejorar unas discretas cuotas de investigación respecto a otros países europeos. Ante este panorama, el Gobierno prevé remodelar de arriba abajo la Universidad, tanto en relación al contenido (eliminar la Selectividad, revisar el catálogo de titulaciones…) como la estructura. Para abordar esta última, ha encargado un informe a una comisión de expertos que se espera tener listo para diciembre. El documento debe trazar las líneas del nuevo modelo de gobernanza de las universidades, que incluye desde revisar los órganos de gobierno de los campus (quién manda y cómo se eligen los directivos) hasta el sistema de financiación (qué parte de los fondos serán públicos y qué parte, privados) y la forma de contratar al profesorado.

Es difícil decir tantas medias verdades —en muchas ocasiones mucho peores que las mentiras porque resultan bastante más creíbles— en tan escaso espacio. La primera afirmación ya es inexacta. “El modelo actual de Universidad esta en entredicho”. Lo adecuado sería: “El gobierno ha decidido acabar con el modelo actual de Universidad Publica a cualquier precio y con la mayor rapidez posible” para lo que es casi imprescindible convencer a los españoles de su inevitabilidad e incluso, si es posible, de su conveniencia. En la consecución de semejante tarea resulta imprescindible la “adecuada” colaboración de periódicos y periodistas. Y pensamos que el artículo que comentamos es un perfecto ejemplo, y el periódico elegido uno de los más idóneos, para alcanzar el objetivo propuesto.

La segunda afirmación es una mezcla de verdad y de mentira, puesto que si “los campus se encuentran en un punto de inflexión” es fundamentalmente por la merma de recursos públicos, algo que fue perfectamente planificado por los gobiernos estatales —iniciado por el anterior y refrendado y ejecutado con fruición por el actual— y autonómicos —pionero siempre el de la Comunidad Madrileña— como el sistema mas idóneo para conseguir la tan esperada privatización de la universidad pública. La existencia de un número de licenciados de la universidad —pública y privada— que el mercado no es capaz de absorber es algo que tiene numerosos lustros de existencia y múltiples causas y nunca podía servir como única excusa para una modificación radical de la universidad, mientras que la tercera, “la necesidad de mejorar las cuotas de investigación” es literalmente, una mentira, una invención para justificar las decisiones tomadas. Por más que se intente manipular los datos —y el Ministerio, con su máximo responsable a la cabeza, es un convencido de sus ventajas, sobre todo porque sus efectos se expanden por/ante la pasividad de los creadores de la opinión pública—, la relación investigación/inversión era absolutamente defendible y perfectamente homologable con la europea, aunque estuviera lejos de ser una situación idílica. Tras los más de 5.200 millones de euros recortados en enseñanza por el ínclito Wert, es obvio que la situación se ha agravado dramáticamente, rozando incluso la posibilidad de su desaparición.

Y llegamos a la gran mentira. “Ante este panorama el gobierno prevé remodelar de arriba abajo la universidad”. Primero se crea voluntariamente las condiciones idóneas, infectando las células sanas y luego uno se autopostula como el único cirujano/carnicero capaz de atajar la enfermedad. Si semejante planteamiento demuestra que funciona admirablemente con el tema de la crisis/estafa económica, ¿por qué razón no trasladarlo a la privatización de los servicios públicos? Dicho y hecho. Según el artículo de El País, el Gobierno interviene “ante semejante panorama”. El problema es simple y sencillamente que no es cierto. Sin necesidad de remontarnos al plan Bolonia, lo que ahora se anuncia como novedad estaba perfectamente previsto desde hace bastante tiempo. Y hay pruebas que lo demuestran: En el año 2010, encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y firmado por Federico Gutiérrez Solana como presidente de la CRUE y Patricia Botín —hija del dueño del banco de Santander— como presidenta de la fundación CYD, se entrega un informe conocido bajo el nombre de Estrategia Universidad 2015, que deja perfectamente claro el camino que va a seguir la universidad en los años venideros. Sobre el tema especifico de la elección de rector veamos lo que en 2010 decía ese informe: “Lo primero que hay que poner de manifiesto es que el debate hoy en día no se centra en el proceso de elección del rector sino en el hecho de si este debe ser elegido o directamente designado”. Tras decantarse claramente por la designación por parte de un órgano externo a la universidad —¡a imagen y semejanza de los actuales Consejos Sociales, pero ampliado!— ante el que éste tiene que rendir cuentas, “más importante si cabe que el sistema de elección de rector es el que atañe a la elección o designación de los responsables de los centros”. No contentos “los autodenominados demócratas de toda la vida” con decantarse por el nombramiento digital de los decanos de los centros, avanzan un pasito más y plantean la conveniencia —en aras de evitar que las discrepancias empañen el resultado final— de que éstos a su vez designen de idéntica forma a los directores de departamentos. El círculo de la racionalización/democratización/privatización de la universidad ya está logrado, y se ha conseguido la aniquilación absoluta de cualquier vestigio democrático en la designación de los responsables de la universidad.

El artículo afirma que para solucionar el tema se ha nombrado por parte del Ministerio un comité de “expertos”—que “casualmente” presenta total mayoría del PP— y que en diciembre emitirá su informe. Que dicho informe, de nuevo “casualmente”, vaya a coincidir en líneas generales con lo propugnado por Estrategia Universidad 2015, de la misma forma que ya ha ocurrido lo mismo con el comité de expertos catalanes, nos obliga a plantearnos si —generalizando— la actitud de la prensa ante este tema proviene de una ignorancia supina, o simplemente, forma parte de una connivencia que como todo el mundo sabe, tiene por objetivo beneficiar a ambas partes.