CUPUMA informa:
14 de mayo DE 2018
EL CASO CIFUENTES COMO SINTOMA: LEGALIZAR LA CORRUPCION
Hemos asistido a uno de los más lamentable-pero a la vez extraordinariamente esclarecedor- episodios de la desvergüenza que se ha adueñado del ejercicio de la política española, y muy especialmente de algunas comunidades Autónomas, -Valencia, Cataluña, Andalucía y en el caso que nos ocupa, la de la capital de nuestro país.
Lo primero que llama la atención, es constatar que, pese a que los robos organizados llevan numerosas décadas perpetrándose, y ejecutándose, solo hemos podido enterarnos de lo ocurrido, con veinte años de retraso, y debido a que la avaricia de algunas de las bandas rivales, organizadas para robar y delinquir, ha propiciado y permitido el descubrimiento de las fechorías de sus rivales, y de rebote, de las propias.
Cuando el paso del tiempo empieza a aclarar mínimamente lo ocurrido con el famoso masters de Cifuentes,-con el hecho decisivo de la obligada imputación de la expresidenta-, queda de manifiesto, una vez más, que los distintos comunicados y argumentos de CUPUMA, se acercan mucho más a lo realmente sucedido, que las informaciones oficiales y oficiosas, que casi siempre son una patética acumulación de falsedades contradictorias que parecen emanadas de las extraños delirios de mentirosos patológicos.
Pensamos que, en el momento actual, resulta mucho más interesante-y significativo- que tratar de insistir en el obvio comportamiento prepotente, dictatorial y egocéntrico de Cifuentes y sus subordinados, poner el acento en la importancia del caso Cifuentes entendido como síntoma y por tanto insistir en las condiciones mínimas que tenían que confluir para que lo sucedido pudiera tener la menor posibilidad de producirse.
1.- Una comunidad, la CAM, que gobierna el PP, sin la menor trasparencia, y que, con el apoyo de Ciudadanos, dedica subvenciones injustificadas- e injustificables- a chiringuitos privados, exigiendo como contrapartida las adecuadas prebendas para aquellos que les financian.
2.- Una universidad pública que crea institutos opacos con fines sustancialmente mercantilistas y clientelares y reparte dinero entre los profesores y gestores de los masters, siempre y cuando -al margen de su ideología o su pertenencia a partidos o/y sindicatos- estén de acuerdo en obedecer, cobrar y callar, institucionalizando el conocido como modelo Bankia-Caja Madrid, instaurado con notable éxito económico por el Partido Popular.
3.-Una serie de Rectores afines al PP que toleran, alientan, favorecen, y se aprovechan de este tipo de planteamientos.
4.- Que la presidenta de la Comunidad, como máxima responsable de la concesión de las subvenciones, decida que, si muchos de sus compañeros de partido ya se han visto beneficiados por los títulos generosamente expedidos por los chiringuitos subvencionados por el PP, ella no puede ser menos, y tiene más derecho que nadie a conseguir su master, sin necesidad de asistir a clase-es un master presencial- ni de examinarse, ni de hacer los indispensables trabajos exigidos.
5.- Que “esa persona de la que estamos hablando” utilice a una profesora de la URJC -en excedencia, – por su cargo de asesora del Consejero de Educación, a su vez vice-rector de la URJC en el momento de los hechos- para hablar inmediatamente con el Rector y reclamar que se pongan todos los medios necesarios para desmentir contundentemente la información publicada por el diario.es.
6.- Que el Rector Ramos siga al pie de la letra las “instrucciones” -delegadas- de la presidenta y reclame al director del Instituto-chiringuito, una inmediata solución al problema.
7.-Que, siguiendo adecuadamente la jerarquía militar, el director del chiringuito cite a sus “discípulas” en el despacho de un abogado para convencerlas de lo imperativo de resolver el tema, de forma inmediata y al precio que sea, si no quieren ver en peligro sus carreras docentes.
8.- Que el Rector, en rueda de prensa, avale la versión de Cifuentes, asegurando que solo hay un error en la transcripción de las notas, sabiendo perfectamente que eso es absolutamente falso.
9.- Que una vez que el Rector envió la falsificación del acta del trabajo de fin de masters, la presidenta desafíe a todo el mundo y asegure que no está dispuesta a dimitir “porque no hay ningún motivo”, y que “piensa quedarse” y denunciar a los periodistas que publicaron la informacion.
10.- Que el resto de las autoridades de la URJC apoye sin fisuras la postura del Rector y Cifuentes, con pleno conocimiento de lo sucedido.
11.- Que, a excepción de algunas asociaciones de estudiantes, prácticamente nadie de la URJC haya sido capaz de expresar su opinión, si esta era contraria a la defendida oficialmente.
Las sucesivas noticias van descubriendo la falsedad de muchas versiones, y a partir de este momento todos comprenden que se trata de un “sálvese quien pueda”, y los implicados intentan conservar su cabeza, aunque sea a costa de poner en riesgo – u ofrendar en bandeja de plata- las de los demás.
Tras ser remitido el expediente al juzgado, y dadas las posibles condenas en juego, existe la posibilidad de que por primera vez se investigue en serio el enorme entramado clientelar creado por la CAM, con la imprescindible colaboración de algunas Universidades Públicas, dependientes económicamente de ella, y aprovechándose una vez más el modelo de Bankia-Caja Madrid, instaurado por el Partido Popular, que le permitió contar con la colaboración de miembros del PSOE, IU, UGT, CCOO ,etc. etc., y que concluyó con los resultados por todos conocidos, incluidas las condenas a los usuarios fraudulentos de las tarjetas blacks.
En estas condiciones, que la CAM insista en la necesidad de que se apruebe la LEMES, esa ley de Universidades de la comunidad de Madrid, que pretende consagrar por ley el intervencionismo y el control de las Universidades, parece, no ya un desatino, sino un monstruoso sarcasmo.
Se pretende convertir en ley los procedimientos desplegados por Cifuentes durante el mes largo que se encargó de poner en práctica su verdadera manera de entender el gobierno de una Comunidad, dejando al descubierto su íntima convicción de que gobernar es resistir a cualquier precio, aunque suponga negar la evidencia, falsificar documentos públicos, mentir permanentemente , tratar de acallar a la prensa con infundios y amenazas, comprar y extorsionar profesores, títulos, masters, etc., etc., .con tal de imponer su voluntad, asegurándose la consecución de los objetivos propuestos, sin que el precio, o los medios a utilizar, puedan presentar o suponer el menor problema.
Tras la experiencia de la LOMCE, ¿podemos consentir que se apruebe la LEMES y sirva de punta de lanza para un cambio de modelo de la Universidad Pública, con control absoluto por parte de las Comunidades autonómicas, progresiva privatización, control del profesorado por parte de la CAM, con el objetivo de implantar definitivamente la Universidad como un negocio apetecible, por encima -y en detrimento-del servicio público?
¿Podemos permitir o siquiera tolerar que se legalice la corrupción después de que Cifuentes nos diera un cursillo acelerado de su concepto de lo que debe ser el Espacio Superior de Educación de Madrid, y con qué criterios se debe regir?
¿Puede alguien, en su sano juicio, pensar que el mismo gobierno que encabezó Cifuentes, en la actualidad presidido por su mano derecha, tiene la fuerza moral suficiente para forzar la aprobación de su LEMES?
Aquellos que defendieron, una y otra vez hasta el final, tan demencial comportamiento, y expresaron públicamente su lealtad inquebrantable a Cifuentes, por encima de toda lógica, ¿poseen la mínima credibilidad exigible para que puedan convencer a los madrileños que el objetivo de su LEMES es regenerar y combatir la corrupción en la Universidad, y no para utilizarla a su capricho sin que se les caiga la cara de vergüenza?
O, más bien el sentido común, llevará a la inmensa mayoría a pensar que estamos ante un nuevo episodio que prolonga y consolida el bochornoso espectáculo ofrecido, en el que Cifuentes ha dejado meridianamente explícito que considera que la universidad debe de estar a su servicio, subordinada a sus intereses, tanto los personales, como los derivados de su condición de dirigente y responsable del PP.
05 DE ABRIL DE 2018
MASTERS, LEMES, CIFUENTES Y LA URJC
La vorágine de los hechos ha llevado a que el presunto master de la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya quitado todo su protagonismo al intento de la CAM de aprobar una legislación universitaria, la LEMES, concebida como una avanzadilla de una inminente ley estatal.
La primera intentona no salió adelante gracias a un despiste de Cifuentes, y después la noticia de una presunta falsificación en un master de la URJC por parte de la actual mandataria comunitaria, ha centrado artículos, opiniones, tertulias, etc. Aunque a primera vista pueda parecer estamos ante hechos sin la menor conexión, un análisis más cuidadoso nos revela algo muy diferente.
Peldaño número 1. En el año 2011-2012 Cifuentes -presuntamente- cursa un master de la URJC. Es presencial-eso significa que es obligatorio asistir a clase- y supone 600 horas de clase con un total de 1500 de trabajos. Parece ser que ninguno de sus compañeros de clase ha visto ni una sola vez a la -en aquel momento- delegada del Gobierno.
Digresión número 1. Al poco tiempo de alcanzar el poder, el PSOE y Gregorio Peces Barba consiguieron crear la Universidad del PSOE, a la que dieron el nombre de Carlos III. Al llegar el PP al poder, decidió que no habría un adecuado y justo bipartidismo, si ellos no contaran con su propia universidad, y para no ser menos, la bautizaron igualmente con un nombre regio, pero esta vez más cercano -por lo menos en el tiempo-. Aunque no alcanzara el protagonismo de Peces Barba, Ruiz Gallardón fue el muñidor inicial de la Rey Juan Carlos.
Peldaño número dos. Un partido como es debido debe cuidar de sus militantes y no digamos ya a sus dirigentes. Si el PP tenía ya su Universidad, lo menos que podía hacer era que redundara en beneficio de sus líderes. La historia de la URJC está repleta de ejemplos. Veamos: El del rector plagiario, que se vio obligado a dimitir tras una resistencia numantina y al que las distintas autoridades apoyaron cuanto menos con una pasividad cómplice. El refugio dado por la URJC a dirigentes implicados en la Púnica. O la contratación ilegal por parte del rector plagiario de la hermana mayor de Cristina Cifuentes como profesora visitante, que culmina -al menos provisionalmente- con el culebrón del master.
Digresión número 2. El PP ha sido fiel siempre a uno de sus planteamientos medulares. Si algo funciona adecuadamente, conviene repetirlo hasta que aguante. De los diferentes tipos de organizaciones que ha ensayado, quizá el de Bankia, por un lado, y el de la financiación del PP en la Comunidad valenciana, por otro. han sido los que han obtenido resultados más satisfactorios. Sin olvidar en absoluto la segunda opción, el modelo aplicado en la URJC – y ampliable a toda la Educación- es el de Caja Madrid-Bankia: manteniendo el control férreamente, se está dispuesto a admitir la cooperación de representantes de otros partidos y sindicatos, siempre que se limiten a asentir, cobrar, y asegurarse una brillante carrera docente y/o política. Dado que se trataba de una Universidad Pública (?) nueva, existía igualmente la posibilidad de repartir numerosos cargos entre los más ambiciosos, y los más colaboradores.
Peldaño numero 3 Lo sucedido con Fernando Suarez hizo que saliera a la luz una pequeña parte del planteamiento global, a pesar de que se intentó tapar por todos los medios. Pero lo verdaderamente primordial era asegurar la continuidad por encima de todo. La continuidad es un factor esencial cuando se trabaja en equipo. Y si se repasa con detenimiento la lista de rectores, se puede comprobar- que al menos hasta hoy- esa continuidad nunca se ha roto, ni siquiera se ha puesto verdaderamente en peligro. Pero había cosas que no se podían esconder. Como que un grupo de negros -trabajando en equipo- hiciera corta-pegas que después el rector plagiario-y algunos amigos y/o miembros de su equipo- utilizaron para fabricarse una falsa carrera docente, cobrar sexenios y presentarse a las elecciones. Ni la Universidad, ni los integrantes de la URJC, ni las autoridades, tanto autonómicas como estatales, movieron un dedo. Mas bien hicieron todo lo posible por ignorar lo sucedido, y lograron detener cualquier intento de exigencia de responsabilidades.
Digresión nº 3. Quizá pensando en un futuro -más o menos cercano-, Cifuentes debió de cavilar que seguir el ejemplo de su hermana, podía ser un seguro de vida laboral si las cosas se torcían en política. Procedente del PAS, al igual que su hermana menor Cristina, Margarita ya lleva dando clase en la URJC desde 2016 como profesora visitante, pese a no cumplir los requisitos legales para su contratación. Y con vistas a leer una futura tesis podría resultar muy útil tener un master de la URJC.
Peldaño nº 4. Imagino que lo más atractivo del proyecto, a juzgar por los precedentes existentes, es que el master en la URJC no iba a requerir grandes esfuerzos a la futura presidenta de la CAM. Y es de suponer que por la cabeza de los concibieron dicho plan, no pasó, ni fugazmente, la posibilidad de que algo se pudiera torcer en el plan preconcebido, y mucho menos que eso pudiera repercutir desfavorablemente en la carrera política de Cifuentes.
Digresión nº 4. La LEMES -Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior- fue desde el inicio de la legislatura, uno de los proyectos estrella de Cifuentes. Como CUPUMA ha hablado reiterada y extensamente sobre ella, para ayudar a seguir el hilo de la exposición a los neófitos, nos limitaremos a recordar que se trata de un intento de desembarco y control en la Universidad por parte de la CAM, y supone un ensayo comunitario concebido como banco de prueba para una futura-e inmediata-legislación universitaria estatal.
Peldaño nº 5. Como ya viene siendo tradición en el PP, las explicaciones-defensa de Cifuentes cuando el diario.es publicó la noticia de las irregularidades/posibles delitos sobre su presunto master, (no)cursado en la URJC, fueron como mínimo tan imprecisas e inverosímiles, como contradictorias. Primero dijo que había dejado dos asignaturas para el curso siguiente, pero cuando se produjo la rueda de prensa con el Rector y dos de los catedráticos del master, cambió de opinión y se sumó a la teoría defendida oficialmente por la URJC, que era contradictoria e incompatible con la suya.
Cuando las cosas empezaron a ponerse negras se recurrió a negar todo y a asegurar que se trataba de una cacería organizada contra el PP a través de Cifuentes. Pero la cantidad de datos acumulados no dejan lugar mucho lugar a las dudar. Por si fuera poco, el comportamiento de Cifuentes recurriendo bien al plasma, bien a la callada por respuesta, demostraban que no tenía nada que decir. Pero los hechos son inequívocos. Se matricula cuando el master lleva más de un trimestre en marcha, no asiste a ninguna clase pese a ser un master presencial, que requiere como mínimo asistir al 80 % de las clases.
Defiende su trabajo -dice- sin tener aprobadas todo el resto de las asignaturas como exige la legislación. Aprueba 13 asignaturas -con cinco sobresalientes- sin asistir a clase y sin hacer exámenes obligatorios. Presenta el acta de su defensa del trabajo fin de master con un tribunal de composición ilegal y sin ningún sello, confeccionado escasas horas después de la denuncia periodística, y con al menos dos de las tres firmas falsificadas. Se sirve de una funcionaria amiga suya para modificar los no presentados por notables, etc., etc., para culminar con la desaparición total de los 5 ejemplares que debían de conservar, uno la presidenta, y el resto, distintas personas e instituciones dependientes de la URJC.
Digresión Nº5.La descarada manipulación de un expediente en una institución que funciona con el dinero de todos para beneficiar a un cargo público, con intervención de la amiga y asesora de la presidenta, Maria Teresa Feito para presionar a la Universidad, ha dejado en evidencia la existencia de una corrupción generalizada en la Universidad Rey Juan Carlos, con ramificaciones que ponen en cuestión, al menos, el comportamiento-bien por acción, bien por omisión- del propio Rector, de los 13 profesores de Master, con especial relevancia para la actuación de Enrique Alvarez Conde director del enfangado nido de corrupción conocido como Instituto de Derecho Público, las 3 profesoras integrantes del presunto tribunal-a no ser que se falsificara su firma sin su acuerdo-, la funcionaria que pidió el cambio de notas, etc., etc.
Resulta especialmente incomprensible que a estas alturas no sepamos nada sobre ciertos tramites que dejan necesariamente huella, y que en escasos minutos se puede saber si existen, no existen, si han sido -o intentado ser- manipulados. Silencio sepulcral.
No podemos olvidar que no estamos ante un caso aislado. A lo largo de los años, los distintos rectores han sido sustituidos por gente de su equipo rectoral o de su entorno más cercano tras concluir sus años de mandato. Eso solo fue parcialmente roto por el gran escándalo del rector plagiario al que sustituyó Javier Ramos, actual rector. Su actuación es cuando menos extraña y sospechosa, ya que primero dice que todo está correcto, pero cuando comprende que su cabeza está en peligro, decide abrir una investigacion respecto a hechos sobre los que unos instantes antes, acababa de asegurar que estaban absolutamente en orden.
Conviene no olvidar que la URJC prometió una investigacion sobre el Rector plagiador, y hasta el día de hoy no tenemos la menor noticia. Si después de lo dicho en la rueda de prensa del Rector y los dos catedráticos, se comprueban -como todo parece apuntar- graves irregularidades, sólo cabría concluir que la URJC en un nido de corruptos donde toda ilegalidad puede suceder, donde se incumple habitualmente la legislación, y que funciona como si de una sucursal de la Comunidad de la que financieramente depende, se tratara.
Peldaño n º 6. Los lectores de CUPUMA ya tienen cumplida informacion sobre la propuesta de la LEMES de utilizar la figura del profesor visitante-reconvertido en la última versión en visitante distinguido- para conseguir “flexibilizar” la contratación del profesorado, utilizando la posibilidad de hacerlo sin publicidad ni trasparencia como se permite con los visitantes, para asegurarse el control del profesorado de las universidades públicas.
Dos de ellas -casualmente la Carlos III y La URJC- son las líderes destacadas en la contratación y utilización fraudulenta de los visitantes, aunque la universidad del PP casi duplica en número a su rival. Según los últimos datos, son 424 los contratados por la URJC, algo más del 40% respecto al total existente en las 50 universidades públicas españolas existentes.
Además de no respetar el sentido y los requisitos de esta figura docente, se vulnera igualmente la legislación puesto que la duración máxima de los contratos es de 1+1 y ello se incumple de forma sistemática, ante la aquiescencia y el silencio cómplice, de la inmensa mayoría, con las reseñables excepciones de CUPUMA, SOMOS SINDICALISTAS, y algunos jueces.
CONCLUSION: Que con semejantes antecedentes y parecidos comportamientos, Cifuentes y su equipo pretenda imponer la LEMES en contra del parecer de la comunidad universitaria, no parece ni lo más inteligente, ni lo más sensato. La dirigente del PP carece de toda fuerza moral, y para nadie con un mínimo de capacidad intelectual resulta mínimamente creíble que se trata de premiar los méritos y la excelencia, cuando sus hechos y el articulado la LEMES se revelan como los instrumentos adecuados para lograr perpetuar los privilegios de algunos elegidos. ¿Como va a reparar Cifuentes el daño y el desprestigio que su comportamiento ha supuesto para la URJC y para toda la Universidad española?
. ¿Es casualidad que el consejero de Educación de la CAM Rafael Van Grieken sea catedrático de la URJC, y anteriormente desempeñara un vicerrectorado en dicha Universidad, pasando más tarde a encargarse de la dirección de la ANECA? ¿O más bien estamos ante el capataz, el brazo ejecutor encargado de imponer un modelo de universidad gerencial en que los beneficios económicos primarían sobre la Universidad entendida como servicio público?
¿Es casualidad que Mª Teresa Feito, que se encargó de hablar y negociar con el Rector una salida al tema del master de Cifuentes el mismo día en que saltó la noticia, sea profesora de la URJC, en la actualidad en comisión de servicios ya que está contratada como asesora de su amiga y jefa Cristina Cifuentes?
No nos engañemos: Cifuentes por voluntad propia no va a dimitir. Pensamos que hay que prepararse para una larga agonía hasta que se haga insostenible-Ana Mato, Pedro Antonio Sanchez, Rector plagiario, Juan Manuel Soria, etc. -su continuidad. Las posibilidades de una moción de censura no están claras dada la perpetua postura equivoca y poco fiable de Ciudadanos.
¿Visto lo sucedido asistiremos impertérritos a una mas de las habituales mentiras a que nos tiene acostumbrado el Gobierno, con M. Rajoy proclamando que los presupuesto de 2018 son los presupuestos de los pensionistas, o Cifuentes asegurando que es una servidora pública que busca mejorar la Universidad? ¿con la URJC como modelo y la LEMES como instrumento?
29 DE Enero DE 2018
EL ÚLTIMO EMPUJÓN PARA IMPONER LA UNIVERSIDAD GERENCIAL
La ofensiva para imponer a cualquier precio, una Universidad gerencial, un tipo de Universidad Pública concebida prioritariamente como empresa, continúa incorporando efectivos.
La ofensiva liderada por la CAM cuenta con el apoyo del Gobierno Central, de determinadas comunidades autónomas,-sin olvidar el inestimable concurso de algunos partidos políticos y gran parte de los Rectores , para conseguir su objetivo, sin importar los daños colaterales – ni por supuesto, los directos- que semejante proceder puede conllevar.
Hace escasos días, el secretario general de Inditex, Antonio Abril, en su presentación oficial como nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), reclamó “abrir un proceso de modificación de la Ley de Universidades para adaptarla a las necesidades de la realidad actual.”
Según afirma su propia página web, la finalidad fundamental de la Conferencia de Consejos Sociales es “unir fuerzas para impulsar políticas que refuercen el papel social de las Universidades Públicas Españolas.”
Abril, -que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa y también diputado del Congreso por el Partido Popular Manuel Pizarro- es, casualmente, también patrono de la fundación del Banco de Santander (CYD),cuyo papel en este asunto, responde claramente a la defensa de sus intereses corporativos.
El mayor problema, para Abril, estriba en que la legislación vigente asocia la autonomía universitaria al autogobierno, lo que le parece inaceptable, y asegura que la autonomía debe suponer libertad de cátedra y de investigación, pero a su juicio, “resulta imprescindible incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades».
Añade que los campus no deberían estar al “capricho” de sus profesores, y empleados, sino al servicio del contribuyente.
¿Y cómo pretende conseguirlo?. Abril afirma estar convencido de que un aumento de la financiación -absolutamente decisivo hasta para el mas ciego- no serviría de nada si no se reforman previamente las estructuras académicas actuales. Y eso se conseguirá «reforzando el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales» (que los rectores, decanos… puedan tomar decisiones sin tener que someterse al voto del resto de la comunidad académica), «profesionalizar la gestión»; «mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; «potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento» (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes registren patentes, por ejemplo) y «mejorar la internacionalización».
Resulta meridianamente claro que los refuerzos de la LEMES no proceden únicamente del exterior, sino que gran parte del enemigo se encuentra en casa, y se pronuncia claramente en contra de la autonomía universitaria, a favor de “profesionalizar” la gestión, y hasta sugiere que haya un complemento especial para quienes registren patentes. Naturalmente defiende la necesidad de “flexibilizar” las políticas de contratación del profesorado -recordemos su incidencia sobre el tema de los profesores visitantes distinguidos-.
Abril es muy explícito, y no tiene empacho en afirmar que los únicos que deben opinar sobre la Universidad son los Consejos Sociales, creados y mantenidos con un modelo -e incluso personas- similar al de Bankia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación, y en ningún momento -salvo para culparles de todos los males de la Universidad- se tiene en cuenta la opinión de la comunidad universitaria.
Cada vez parece más evidente que la LEMES es el ensayo general de una legislación universitaria que no pretende limitarse a cambiar el modelo de la Universidad pública en Madrid, sino que aspira igualmente a implantarlo e imponerlo en el resto de la geografía española.
La gran novedad reside en que Abril da un paso más, y se pronuncia directamente en contra de la autonomía universitaria y -coherentemente- prefiere que sean los empresarios – los que defienden y practican la privatización de las ganancias, a la vez que exigen la socialización de sus pérdidas- nombrados por los partidos políticos, los que decidan el destino presente y futuro de la Universidad Pública.
Si no queremos que los rectores y los decanos sean nombrados a dedo. Si consideramos que la contratación de profesorado sin los requisitos elementales de mérito, capacidad y transparencia, y amparado bajo el eufemismo de la flexibilización de la contratación, será letal para la supervivencia de un modelo de universidad Pública.
Si pensamos que es sumamente pernicioso trasladar a la enseñanza superior el modelo de financiación de la enseñanza obligatoria, con discriminaciones inequívocas a favor de los planteamientos privatizadores.
Si consideramos que, en la Universidad pública, el objetivo debe ser la calidad de la enseñanza y no el aumento de las patentes registradas, ni convertirla en un negocio suculento para “fidelizar” a los amigos.
Si estamos totalmente convencidos de que a quien es imprescindible rendir cuentas es a la comunidad universitaria y no a los dirigentes de bancos rescatados, empresas energéticas asiduas practicantes de las puertas giratorias, concesionarios de autopistas rescatadas que roban y estafan a los ciudadanos, etc., etc., llegaremos a la conclusión de que es preciso impedir con todas nuestras fuerzas semejante desafuero.
La Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, tiene que hacer oír claramente su voz, y el objetivo común de “Paremos la LEMES” se tiene que convertir en una auténtica realidad. La Universidad Pública debe seguir cumpliendo su función esencial de permitir y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre todos los españoles, al margen de sus posibilidades económicas.
Si conseguimos pararla en Madrid, las posibilidades de que nos impongan una Ley general de universidades,donde el modelo de Universidad publica sea sustituido por una universidad gerencial, en la que las consideraciones empresariales tendrán prioridad sobre la consideración de servicio público, disminuirán de forma drástica.
05 DE diciembre DE 2017
APARECEN LOS REFUERZOS
Aprobación de la LEMES
La aprobación de la LEMES por parte del Consejo de Gobierno de la CAM y su remisión a la Asamblea ha supuesto el pistoletazo de salida para que comiencen los trámites para su aprobación y posterior aplicación.
En la actual situación que vive el país, cualquiera con un mínimo de sentido común, podría-y debería- pensar que no era el momento más idóneo para añadir tensión a la vida, la política, y la enseñanza española. Pero quizá sus responsables han pensado que convenía aprovechar lo sucedido en Cataluña, puesto que les podría proporcionar una cobertura beneficiosa, dificultando que el tema llegase a tener la adecuada repercusión en la opinión pública, y en los medios de comunicación, que siempre ha supuesto el temor principal, de un proyecto que se ha llevado a cabo a través de lo que podría denominarse como una especie de simulacro con apariencia participativa.
Hace ya muchos meses, en el comienzo de este proceso, CUPUMA explicitaba su postura:
“El rechazo de CUPUMA obedece a un doble motivo. De una parte, por razones de procedimiento, y de otra por desacuerdo radical con su contenido.”
A día de hoy, el diagnostico sigue siendo desventuradamente válido. Mientras CUPUMA siempre ha sido partidaria de un proceso participativo, la CAM ha tratado de cubrir el expediente, pero negándose en la casi totalidad de los casos, a la posibilidad real de que nadie interfiriera sus propósitos, lo que ha supuesto dejar insatisfechos a casi todos. El planteamiento era tan burdo, que resultó evidente que únicamente se han tenido en cuenta -obviamente en porcentajes notablemente diferentes, y únicamente cuando los Rectores amenazaron con oponerse a la LEMES- las opiniones de la CAM y la CRUMA.
La comunidad universitaria no existía, no contaba, e incluso con frecuencia se utilizaba su presencia en reuniones informativas, para incluir sus nombres -o sus siglas- entre los contribuyentes, sin, por supuesto, dar a conocer su desacuerdo con el contenido de la ley. Por otro lado, y aunque se han llevado a cabo algunas modificaciones de menor calado, que han limado algunas aristas en los planteamientos más lesivos para la supervivencia de las Universidades Públicas, no se ha producido ningún tipo de modificación esencial, que le aparte de su objetivo de imponer a cualquier precio un modelo de Universidad gerencial donde la competitividad y el rendimiento económico son los cimientos inamovibles de su estructura.
Lo que ha supuesto una novedad en las últimas fechas, ha sido que el grueso del ejército invasor, comandado por la CAM, ha recibido refuerzos desde el exterior, ante la perspectiva de que no llegase a buen puerto el tan anhelado y preparado asalto.
Como ya señalase CUPUMA, los pilares de la LEMES en su intento de abordaje a las Universidades Públicas se centraban en el control de lo que consideraba los elementos claves para que fuera eficaz el proyectado desembarco. Y estos eran fundamentalmente tres: financiación, profesorado y el, más a priori, más complicado: lograr, que, de forma simultánea y coordinada, se minimizasen y sustituyesen los órganos que aún mantienen restos de democracia y autonomía, a la vez que se potenciaban los menos democráticos entre los existentes.
AUSENCIA DE FINANCIACION
Desde que iniciara su andadura, el tema de la financiación ha sido clave en la LEMES. Por un lado, porque es evidente que gran parte de los problemas de las Universidades públicas tienen su origen en la asfixia voluntaria llevada a cabo por las CAs para cambiar el modelo de Universidad Pública, y de paso, favorecer a las privadas. Por otro, es indiscutible que la inversión pública es absolutamente esencial para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación superior de todos los ciudadanos.
Como de costumbre, los datos nos proporcionan información irrefutable sobre las verdaderas intenciones de los legisladores: Como ya señaló el Informe UEC en su edición 2015, la universidad pública española habría perdido, sólo en el período comprendido entre 2011 y 2012, 1.117 millones de euros de financiación neta.
En lo que respecta a la LEMES, se asegura que ha habido un cuarto borrador que prácticamente nadie de la comunidad educativa universitaria ha tenido oportunidad de consultar con algún detenimiento, y posteriormente, la intervención del Ministerio de Hacienda parece que ha sido notablemente relevante. En algún momento de la recta final del proceso, – se afirma que Montoro ha tenido bastante que ver- los “ajustes económicos” se han reproducido con especial intensidad e importancia. No disponemos, en este momento, de datos ni cifras fidedignas, pero existen indicios lo suficientemente significativos, como para temernos lo peor. Los Rectores -que se han dado por satisfechos con mantener el reparto y equilibrio de poderes en el Consejo Social, abandonando su amenaza de plante- parece que ahora andan divididos y molestos, a la vista de unas perspectivas de financiación tan magras y escuálidas, como insuficientes.
Hasta la versión de septiembre aparecía, en la exposición de motivos, pág. 17, el siguiente párrafo: ”es objetivo de la financiación de las universidades públicas madrileñas, el alcanzar un 1,22% del PIB de la CAM.” No se especificaban los motivos de la elección de ese porcentaje, pero se corresponde con la media de lo que invierten, en educación superior, los países de la OCDE. Si nuestro punto de referencia son los países de la OCDE, parece razonable que dispongamos de un presupuesto equivalente al que ellos disponen.
El problema es que 1,22% del PIB de la CAM se acerca a los 2.000 millones de euros y el presupuesto para educación superior en la actualidad apenas alcanza los 900 millones de euros, algo menos de la mitad. Solo se trata de una cifra de referencia, que carece de fuerza normativa, pero el hecho de que haya desaparecido hasta su sola mención, -para evitar pillarse los dedos- es indicativo de que las dificultades presupuestarias serán enormes, sobre todo teniendo en cuenta que la LEMES plantea unos gastos adicionales de notable envergadura, que nunca estuvo claro cómo se iban a sufragar.
El problema es que, sin financiación adecuada, la LEMES, o carece totalmente de sentido y viabilidad, o será en breve plazo el brazo ejecutor de una rápida desaparición de las universidades que no sean de “excelencia” a juicio de la CAM. Por si fuera poco, la insuficientemente aclarada financiación de las infraestructuras supone la perfecta guinda del pastel.
En semejantes condiciones todo aquello que conlleve un cierto gasto adicional, por mínimo que éste sea- está condenado a no ponerse en marcha jamás. El objetivo de que, con suerte, logremos alcanzar, en un plazo más o menos breve, un nivel equivalente al de 2011 -cuando aumentaron brutalmente las tasas y disminuyó la inversión pública- puede darnos una idea bastante aproximada del porvenir que nos aguarda.
En este punto aparecen dos subtemas que aparentemente no tienen excesiva relación con lo que nos ocupa. Pero como las apariencias engañan, un estudio más detenido y cuidadoso, demuestra que eso sólo se puede mantener si nos conformamos con un análisis superficial de los acontecimientos.
LA ANECA
El primero es la ANECA: “La ANECA es una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones.”
El funcionamiento de la agencia de evaluación ha sido tan demencial, que parece inconcebible que haya podido sobrevivir pese a los desaguisados que ha perpetrado tan continua como reiteradamente. En muy poco tiempo la ANECA ha sido capaz de ponerse a la cabeza de todos males -corporativismo, amiguismo, enchufismo, incompetencia, etc., etc.- que tradicionalmente han aquejado a las universidades españolas.
El actual consejero de Educación de la CAM ha sido -y obviamente, no por casualidad- el anterior director de la ANECA. En 2014 cuando Rafael Van Grieken era el responsable de la agencia de evaluación, explicaba y defendía, con tanto descaro como rotundidad, los criterios “científicos” que se utilizaban en la ANECA:
“Para poder valorarlas, (…las aportaciones e investigaciones) desgraciadamente, hay que dejar de lado los contenidos, y fijarse, como le decía antes, en la editorial, que está detrás de la publicación…. (Es decir, que lo que se valora siempre es la vía en la que se publican los trabajos científicos) …. Sé que nos cuesta aceptar esto. Pero hay una correlación: las mejores editoriales van a querer publicar los mejores contenidos científicos. En eso nos basamos. Desde mi punto de vista, habría que compensarlo y de hecho tenemos alguna idea para modificar los criterios de evaluación del profesorado virando algo hacia los contenidos. Pero, actualmente, se hacen miles de valoraciones de profesores universitarios y se buscan vías que hagan más fácil la evaluación. (…) Esta pauta no es española, es mundial. Y esta pauta mundial dice que, en lugar de evaluar los contenidos, en esa primera valoración que realiza ANECA para acreditar los requisitos mínimos del profesorado que quiere acceder a plazas de funcionarios públicos, hay que valorar más la calidad de la vía de difusión, que el contenido del trabajo en sí.” (1).
Valorar un trabajo científico, -sin llegar siquiera a tenerlo en ningún momento en las manos-, no por la calidad de su contenido, sino, única y exclusivamente, por la editorial que lo publica, es la mejor manera de dar por válida una monstruosidad desde el punto de vista científico, que solo tiene justificación a partir de la consideración de la arbitrariedad y la comodidad como criterios decisorios.
El pasado 1 de diciembre, el BOE publicó los nuevos criterios de valoración por parte de la ANECA. En teoría debería ser el resultado de una negociación con los sindicatos y la CRUE, para reformar los criterios de acreditación a Profesor Titular y a Catedrático de Universidad, pero la realidad demuestra -una vez más- que estamos ante una nueva imposición.
Los criterios antiguos tuvieron que ser suspendidos ante la repulsa y el rechazo de la mayoría de las personas afectadas, que los calificaban de injustos y desproporcionados, pero los recientemente publicados, además de adolecer de idénticos defectos que los precedentes, han suscitado una ola de indignación entre el profesorado universitario que considera desproporcionadas, desorbitadas e inalcanzables, las nuevas condiciones de acreditación, y que en la actual situación por la que atraviesa la Universidad pública española, semejante planteamiento puede suponer decir adiós definitivamente a la ineludible necesidad de estabilidad del profesorado universitario, a la vez que contribuirá a reforzar la precarización, y aplazar, sine die, la promoción del profesorado universitario.
Anteriormente se había producido un lamentable parón durante más de un año que se ha llevado a cabo sin la menor justificación, lo que evidentemente ha contribuido a colmar la paciencia del profesorado y a agravar el permanente desacuerdo con una agencia que acumula error tras error, y que es totalmente incapaz de corregir sus numerosas equivocaciones.
Uno de los casos más escandalosos y aberrantes, es el de las especialidades de Letras, ya que, como regla general, se siguen aplicando criterios y baremos copiados, establecidos por -y para- otras Universidades foráneas de características notablemente distintas, y en las escasas ocasiones en que se utilizan baremos más o menos autóctonos, éstos están concebidos para otras áreas que presentan características marcadamente distintas, tanto en lo referente a la investigación, como en lo que atañe a las publicaciones.
Por si no fuera suficiente, existe una total ausencia de transparencia en el nombramiento de los comités, cuyos integrantes, en numerosas ocasiones, incumplen, ellos mismos, los criterios que dicen aplicar a los demás, y su trabajo carece del menor control, ni parlamentario ni por parte de los Rectores. Una auténtica joya que “misteriosamente” cada vez aumenta su poder y sus atribuciones.
LA FUNDACION CYD
“La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) se constituyó a finales del año 2002 con el objetivo de dar respuesta a una serie de necesidades concretas de la universidad española. A partir de estos planteamientos, la misión de la Fundación CYD es analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España” (2). En verdad CYD es la Fundación del Banco de Santander, dirigida por Ana Botín, que colabora habitualmente con el Ministerio y la Comunidad, para encontrar el camino que debe llevar la Universidad española con objeto de que los bancos, y muy especialmente el Banco de Santander, resulten favorecidos. Además de sus informes anuales, es la principal impulsor y responsable de textos tan significativos y determinantes como el denominado Estrategia Universidad 2015.Hace escasas fechas, el CYD ha publicado su informe anual sobre la universidad española.
El texto es tan clarificador como inequívoco, pero tiene la ventaja -respecto a la LEMES- de que al tratarse de una empresa privada no necesita disimular sus verdaderas intenciones, por lo que sus planteamientos, propósitos y objetivos no están enmascarados.
El máximo responsable del texto ha tratado de resumir lo esencial de la publicación, en un artículo. Dos temas parecen preocuparle particularmente. Apoyándose y utilizando -una vez más- los presuntos malos resultados, en los rankings anglosajones, de la universidad española, se pregunta por las razones de semejante “fracaso”. Como no puede obviar la incidencia de la limitada e insuficiente financiación de las Universidades públicas, alude a ella, pero, a continuación, aclara:” Sin embargo cometeríamos, en mi opinión, un error notable si atribuyésemos exclusivamente a una mayor dotación de recursos públicos, la posibilidad de mejorar nuestra competitividad internacional.”
Y a continuación explicita los males que aquejan a la Universidad española y que impiden que encabece los rankings anglosajones: “Los países de nuestro entorno disponen, en general, de unas dotaciones presupuestarias superiores a las nuestras pero no es esta la única diferencia. Lo que también es común a todos ellos es que han llevado a cabo durante estas dos últimas décadas cambios muy notables en el modelo de regulación de sus universidades. En un estudio reciente promovido por la Fundación CYD, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas y la Cámara de España se pone de relieve que hay países como Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda, Francia y Portugal que han coincido en establecer en sus universidades un consejo de gobierno con presencia de personalidades externas a la propia universidad, reducido, y con capacidad de designar al Rector.
El Rector, además, tiene capacidad, en la mayoría de los países mencionados, de designar a los decanos facilitando así, el alineamiento del conjunto de la universidad a las prioridades estratégicas acordadas.”
Parece evidente que el tema del Gobierno -gobernanza lo denominaba Estrategia Universidad 2015- es una de las preocupaciones prioritarias de CYD. Y deja muy clara su solución. Acabar de una vez por todas con la elección democrática de los rectores, que deberían ser nombrados a dedo por un consejo de gobierno reducido con presencia de personalidades externas. Pero como se trata de facilitar por encima de todo, las prioridades estratégicas acordadas, sería muy conveniente que el Rector tuviera la capacidad para designar -igualmente a dedo, a los decanos.
El segundo tema que preocupa a CYD aparece a continuación:” Además, se ha producido una progresiva sustitución de un profesorado funcionario público por otro que es contratado laboralmente, con lo que la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos –captación, definición de la carrera académica y la política retributiva-ha aumentado muy notablemente”.
La pregunta pertinente que se impone es: ¿Qué relación tiene todo esto con la LEMES? Veamos. Parece bastante obvio que una de las formas de reducir la autonomía de las Universidades, es acabar, de una vez y para siempre, con las votaciones a Rector por parte de la comunidad universitaria. La cuestión es si la “sugerencia” de los “agentes económicos”, sobre una base tan rigurosa como la que supone argumentar que ya se ha utilizado en otros países, apostando explícitamente por una solución tan drástica como los nombramientos a dedo, tiene alguna posibilidad de ser impuesta a corto plazo, o tendrá que conformarse con un intento de ser implantada paulatinamente.
Pero lo que no parece discutible es que la propuesta, entra dentro, y va en la misma dirección de lo que CUPUMA denomina “control de los órganos de Gobierno por parte de la CAM”, utilizando la LEMES como instrumento. Igualmente, demuestra que los “agentes económicos” no sólo coinciden, sino que dan su explícito apoyo a la modificación del modelo de Universidades Públicas que propugnan. Dado que, históricamente, las sugerencias del Santander, siempre se han revelado como adelantos de la legislación gubernamental y autonómica, conviene que estemos preparados.
CUPUMA también se ha referido ya al control del profesorado, pero evidentemente el planteamiento es perfectamente aplicable al resto de estamentos, PAS y estudiantes. La CAM parece muy particularmente preocupada por el profesorado, y la LEMES le dedica numerosos artículos, todo lo contrario que a PAS y Estudiantes. A los primeros, apenas les confiere atención, y los estudiantes reciben, fundamentalmente, la consideración de clientes a los que hay que vender un producto. Como su número les convierte en potencialmente peligrosos, cuidan especialmente que los órganos de representación a los que tengan acceso sean siempre de carácter consultivo.
Por su parte el control del PAS es explícito en el artículo 93.3: “La Comunidad de Madrid fomentará, a través de los contratos programa, la selección, formación y especialización del personal de administración y servicios”. Es decir que otra vez más, la LEMES es partidaria de la contratación a dedo, y la Comunidad de Madrid pretende tener igualmente la potestad de contratar directamente a los PAS.
La “flexibilización” del profesorado es uno de los objetivos prioritarios, tanto de la LEMES, como de los planteamientos neoliberales. La precarización de cada vez mayor número de profesores contratados era bienvenida, pero el predominio del profesorado funcionario, hacía muy difícil conseguir una solución duradera, sobre todo si se trataba de encontrar una fórmula que fuera, a la vez, económicamente atractiva, y perdurable.
Tras el patinazo de intentar retomar para ello la denominación de profesores agregados, que se confirmó inequívocamente ilegal, la LEMES pretende utilizar la figura preexistente del profesor visitante, más tarde denominado “profesor visitante distinguido”. El objetivo era -y sigue siendo- conseguir una contratación a dedo, y que no tuviera que pasar los controles de los funcionarios. Como CUPUMA explicó (3), las dificultades eran notables, porque para poder conseguir sus objetivos, tenían que resolver dos problemas fundamentales y de distinta importancia:
1.- Por su sentido y sus características propias, la figura de profesor visitante es temporal, y es difícil que, manteniendo la denominación, pueda llegar a dejar de serlo. Quizá por ello han añadido lo de “distinguido”, pero de momento con la legislación actualmente en vigor -que muchas Universidades incumplen con absoluto descaro- la duración máxima del contrato de visitante no puede superar el 1+1.
2.- Para poder ser una verdadera alternativa a los funcionarios, los visitantes necesitan no solo que sus sueldos sean equiparables, algo que la LEMES ya prevé- art 83.4- sino que también en el tema de la estabilidad puedan ser equiparados a profesores permanentes. Pero para lograr la consideración de profesor permanente, actualmente resulta imprescindible la acreditación. Dejar ese tema en manos de la ANECA, seria extremadamente peligroso, primero porque la CAM perdería el control, y segundo, porque con su demostrada lentitud e incompetencia, dilatarían lo suficientemente el proceso como para convertirlo en inservible.
Para solucionar el problema Torralba y Van Greiken han previsto que la LEMES convierta la fundación Madrid+d en su ANECA autonómica, que poniendo en marcha una “acreditación exprés”, completara la cuadratura del círculo: permitir que la CAM contrate a dedo a los visitantes distinguidos, y que su ANECA autonómica, la fundación Madrid + d, les acredite rápida y cómodamente, por cinco años renovables, de tal forma que todo se quede en casa, alcanzando así las tan ansiadas flexibilización y equiparación con los funcionarios, a los que en un futuro no muy lejano pretenden sustituir y suplantar. Además, por el conocido procedimiento de remitir todas las especificaciones a un reglamento posterior, se consigue la ventaja adicional de no tener que dar explicaciones incómodas y molestas en la Asamblea de Madrid.
Es muy posible que ahora ya estemos en condiciones de apreciar, en toda su trascendencia, la casual coincidencia de criterios entre la LEMES y la Fundación CYD, que señalaba las innegables ventajas de sustituir cuanto antes “a los funcionarios por contratados, para mejorar la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos”.
Y si somos lo suficientemente mal pensados puede plantearse incluso la posibilidad de que, dado que los efectos tanto del parón de trabajos de la ANECA, como del “extraño y sorprendente” endurecimiento abusivo de los criterios para conseguir la acreditación, han supuesto -y van a suponer en el futuro- una disminución notable de funcionarios, ¿eso puede influir en que sea más rápida y más fácil esa progresiva desaparición del profesorado funcionario, que defienden con descaro los agentes económicos, y de forma más sibilina los responsables de la LEMES?.
Frente al grueso del ejército invasor de la LEMES, flanqueado a ambos lados por los refuerzos reclutados por ANECA -agenda de dependencia estatal- y la Fundación CYD -brazo ejecutor y avanzadilla de los agentes económicos- ¿que nos podemos encontrar?
Si estamos firmemente decididos a defender la Universidad pública al servicio de todos los ciudadanos, reivindicar el modelo de Universidad como servicio público, frente a una universidad gerencial que prioriza la rentabilidad económica, a colocar la rentabilidad social muy por encima de la rentabilidad crematística, lograremos aglutinar a la comunidad universitaria que, tras muchos años de desencuentro, ha logrado que en mayo pasado se organizara una Plataforma que agrupa todos los estamentos-Estudiantes, PDI y PAS-, al que se han incorporado y adherido organizaciones como Marea Verde, sindicatos, partidos, agrupaciones ciudadanas, etc., con el objetivo común de ¡¡Paremos la LEMES!! (4), conscientes de que lo que está en juego es nuestro porvenir y el futuro de nuestro país.
Pero dado que como la razón está de nuestra parte, -aunque la CRUMA siga deshojando la margarita- si nos empeñamos de verdad hasta el final, es muy posible que este desigual enfrentamiento, pueda resolverse con un desenlace inesperado.
¡¡PAREMOS LA LEMES ENTRE TODOS!!
NOTAS:
( 1 ) Une libros nº 28 Primavera 2014 pág.. 10.
( 2 ) Copiado de la presentación de la página web de la fundación.
( 3 ) Comunicado de CUPUMA ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la LEMES? 27-6
(4) Página web: ParemosLaLEMES.es
27 DE octubre DE 2017
Documento de bases para el pacto educativo
LaEducacionPublica.es nos ha enviado el siguiente comunicado:
Tras el paso por la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados de las diferentes asociaciones y organizaciones con objeto de alcanzar un pacto educativo a nivel estatal, Redes por una Política Educativa acordó presentar el “Documento de Bases” que se puede ver en http://laeducacionpublica.es/ como documento de mínimos que sirva de base a este pacto.
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ANTEproyecto de LEMES – borrador
Anteproyecto de LEMES Borrador – Click aquí
14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
La carta de los rectores
CRUMA_nueva_version_anteproyecto_LEMES
05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Texto de CUPUMA
SOBRE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA CAM Y LOS RECTORES
2 ago. 2017 – Carlos Andradas y Cristina Cifuentes
La paralización provisional de la LEMES como consecuencia de que Rectores que integran la CRUMA consideraban que la nueva ley autonómica madrileña suponía, tanto una intromisión en sus competencias, como un clarísimo intento de dirigismo que choca con la autonomía universitaria consagrada por la Constitución, dejó la ley en una situación extraña. La distancia que separaba ambas posturas era lo suficientemente grande como para pensar que no iba a resultar nada fácil una aproximación que permitiera encontrar una postura común.
Pero a la vez las dos partes se jugaban mucho, entre otras cosas afianzarse ambas como únicas voces dignas de ser escuchadas y atendidas, así como la defensa de un modelo de Universidad, muy similar en numerosos aspectos, pese a que, en ocasiones, las apariencias o las hipócritas declaraciones, enmascarasen la defensa común de numerosos intereses compartidos, lo cual es compatible con que, puntualmente, existieran discrepancias obvias, que responden, frecuentemente, a descarnadas luchas de poder.
Los hechos parecen demostrar que la CAM tiene un enorme interés – y al parecer también una notable urgencia- por llegar a un acuerdo que haga “viable” la ley, lo que supone que está dispuesta a transigir en temas cruciales y sustanciales que, a priori, dificultaban enormemente la posibilidad de acuerdo.
A lo largo del verano parece ser que se han llevado a cabo reuniones entre representantes de la CAM y los rectores-individualmente o/y en grupo- para tratar de limar los desacuerdos y acercar posturas. La idea inicial era tener listo un texto alternativo para finales de agosto, para que las previsibles protestas de gran parte de la comunidad universitaria -que una vez más ha sido excluida- pudieran minimizarse aprovechando las vacaciones veraniegas.
Pero los intereses defendidos estaban tan alejados que, a pesar de la voluntad entreguista de la CAM, las negociaciones han ido avanzando lenta y trabajosamente.
Remitimos al anterior comunicado de CUPUMA en que se analizaba con amplitud y precisión tanto los desacuerdos como la magnitud de las discrepancias. Con las debidas cautelas a las que obligan unas negociaciones todavía en curso, habría que precisar que los “progresos“ no son homogéneos, y como la CAM está dispuesta a olvidarse de la reforma del Consejo Social, y acepta la exclusión de las Universidades Privadas de la, ya de por sí, muy exigua financiación pública, en esos temas parece que el acuerdo está muy cercano o prácticamente cerrado.
En este tema de las privadas hay que resaltar que las informaciones habría que calificarlas, como mínimo de contradictorias. El día 1 de septiembre se publica en el Bocm ayudas destinadas a la “atracción de talento investigador para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid”. Especificando los que pueden ser posibles beneficiarios dice textualmente “las Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS) así como entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.” Esto coincide con la actual redacción de la LEMES y parece desmentir tajantemente las reiteradas afirmaciones de la CAM que con dinero público no se financiarían entidades privadas.
Hace escasas fechas CUPUMA afirmaba estar convencida de que lo único que importaba a la CAM era el acuerdo con los rectores, ignorando al resto de la comunidad universitaria, y que por eso siguió adelante con la LEMES, pese a que la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime, e incluía igualmente a rectores de las privadas.
Sin embargo, la financiación general del “espacio madrileño de educación superior” está suponiendo un escollo mucho más difícil de salvar. El tema es crucial, de enorme entidad, con numerosas ramificaciones y que, para resolverse mínimamente, requiere de un dinero que el Gobierno parece dispuesto a destinar a las eléctricas, a Defensa, o a rescatar autopistas, pero en modo alguno asignar a Educación.
Los problemas de financiación en la enseñanza pública vienen de lejos. En lo que respecta a las Universidades Públicas, en el momento actual, la CAM dedica 192 millones de euros menos que cuando comenzaron los recortes, lo cual precisa y cuantifica las dimensiones de la asfixia económica a la que han estado- y aún siguen- sometidas.
Como a estas alturas nadie ignora, la financiación, sobre todo si va acompañada de una adecuada voluntad de intervencionismo, es uno de los medios más eficaces para “convencer” a los receptores del dinero de cuál es la forma más “útil y adecuada “de gastarlo.
Si siempre la financiación es decisiva, la existencia de importantes restricciones económicas, hace que el reparto del dinero se convierta en una -o en numerosas ocasiones, la- baza fundamental para que las Universidades Públicas decidan “aceptar” las “sugerencias” de la CAM, si es que tienen la desmedida pretensión de sobrevivir.
Los redactores de la ley son extremadamente conscientes de las consecuencias de lo que defienden y tratan de imponer: “La financiación pública del sistema universitario se canaliza a través de unas aportaciones que cubran las necesidades básicas de las universidades públicas; y dos fórmulas de financiación variable, mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos de la ley.” [1]
Es fácil comprobar cómo se evita cuidadosamente especificar en qué consisten esas necesidades básicas, y se reconoce que la financiación a través de 1) “contratos programas” y 2) “convocatorias competitivas o de incentivos” abiertas -al menos por el momento- a las universidades privadas, tiene como finalidad señalar y marcar el camino que la CAM pretende imponer a las universidades, por medio de ”la aplicación voluntaria y controlada de las medidas propuestas por CAM”, lo que representa una evidente y explicita intervención en el funcionamiento de las universidades, que lógicamente supone un gravísimo riesgo para la existencia misma de la autonomía de las Universidades Públicas.
En lógica prolongación de la defensa de sus intereses, los rectores tratan de minimizar su dependencia con la CAM, reclamando compromisos de financiación mediante convenios plurianuales, y tratando de que la Comunidad explicite y cuantifique las llamadas “necesidades básicas de las Universidades Públicas”. Y todo hace suponer que ahí puede residir la mayor fuente de discrepancias y desacuerdos entre ambas partes, porque dada la no prioridad que tiene la enseñanza para el gobierno de Mariano Rajoy, afrontar esos problemas implicaría necesariamente al ministerio de Montoro. En este punto, el gobierno de Cifuentes, cuyo interés por la educación es puramente coyuntural e instrumental, parece que no va a encontrar excesivas facilidades para alcanzar ese objetivo.
La más inmediata y evidente conclusión que se desprende del actual proyecto de la LEMES es que consolida los recortes y las pérdidas humanas y materiales de los últimos ocho años. Si no se cuenta con una adecuada y sustancial subida presupuestaria, ¿cómo se va modernizar el EMES, si el propio articulado de la LEMES prevé que precisa un notabilísimo incremento del gasto?
Si cerráramos en este punto nuestro análisis, obviaríamos uno de los problemas cruciales que gravitan sobre la LEMES. Incluso en el hipotético -pero perfectamente posible- caso de que el texto actual fuera sustituido por uno que satisficiera los intereses de CRUMA y CAM, subsistiría un tema capital sin resolver, que a su vez implica muchas e importantes derivaciones.
En todo el proceso -y muy especialmente en estas últimas negociaciones-ha quedado meridianamente claro que la CAM y los rectores son los únicos que se consideran representantes de la comunidad universitaria, y por lo tanto que están habilitados en exclusiva para negociar.
Además de un tema sustancial de procedimiento, que proviene, de la defensa de un modelo gerencial de la Universidad Pública, semejante concepción – compartida por CAM y Rectores – supone igualmente que algunos de los problemas fundamentales, apenas tienen importancia ni cabida, ni en la LEMES, ni en la negociación del nuevo proyecto de ley. Eso explicaría el escaso interés que suscita en los “altos” negociadores algunos de los problemas clave de la Universidad Pública.
Resulta extraordinariamente significativo, a la vez que esclarecedor, que temas de excepcional trascendencia como los perjuicios causados por los recortes en la calidad de la enseñanza, la reducción de personal tanto en PDI como en PAS, las demenciales subidas de las tasas, y reducción de becas que han provocado la exclusión de más de 100.000 estudiantes universitarios, la discusión del modelo de lo que debe ser fundamentalmente una universidad pública, si un servicio público o un negocio rentable, sin olvidarnos de la monstruosa precariedad laboral que lastra como una losa cualquier posible mejora de la universidad, la manipulación tramposa, y muy posiblemente fraudulenta, de las figuras de asociados y visitantes que ha sido utilizada sin escrúpulos tanto por las Universidades como por la propia CAM, etc., etc.
Renunciamos a hacer un listado completo -valgan los anteriormente citados como ejemplos -porque sería interminable, pero conviene recordar que la amenaza que se cierne sobre las Universidades Públicas reviste tales dimensiones que llevó, en este final de curso a que todos los estamentos, -PDI, PAS y estudiantes -en representación de la comunidad Universitaria, y numerosas asociaciones relacionadas con la enseñanza, con el apoyo de sindicatos y partidos políticos, en representación de la sociedad civil, firmaran un “ manifiesto contra el proyecto de ley del espacio de educación superior de la comunidad de Madrid (LEMES)” exigiendo-entre otras cosas “ la elaboración de una ley que se construya junto a la comunidad educativa, garantizando unas condiciones laborales dignas para todo el personal laboral”.
La alergia reiterada a todo lo que lejanamente huela a trasparencia, hace factible -y lo que es más grave, posible- que en breve plazo de tiempo nos encontremos con una redacción de la LEMES, “consensuada “-por CAM y CRUMA- con similares problemas a los planteados por la anterior redacción rechazada, y de la que no sería nada extraño que fuésemos los últimos en enterarnos.
Si esto sucede existen dos opciones:
1) Ser coherentes con lo que firmamos y afirmamos en el manifiesto, y luchar contra una ley que puede suponer el inicio del fin de un modelo de Universidad Pública al servicio de la sociedad y de los ciudadanos.
2) Abdicar de nuestros derechos y obligaciones, aceptando un modelo de Universidad Pública Gerencial al servicio de las empresas, que constituya prioritariamente un atractivo negocio económico, contribuyendo a que la Universidad sea un elemento decisivo en el progresivo aumento de la desigualdad en la sociedad española.
[1] El texto lo pone la LEMES; la negrita, CUPUMA
[2] Las negritas están incorporadas por CUPUMA.
13 DE JUlIO DE 2017
Declaración del Foro de Sevilla sobre la política de sexenios y la evaluación del profesorado universitario
Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en España viene desarrollando su labor no han dejado de deteriorarse progresivamente desde hace años. Según el informe bianual 2014-2015 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sobre la situación del sistema universitario español, titulado “La Universidad Española en cifras”, la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros, lo cual ha tenido una incidencia sustantiva en el normal desarrollo de la actividad universitaria; el recorte en los gastos de personal ha supuesto, como asegura el Informe, una disminución de 7.500 empleos públicos (3.486 de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios), volviendo a plantillas universitarias de profesorado similar al que había a finales del año 2006; y los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%, a pesar de lo cual la producción científica de las universidades presenta unos resultados muy relevantes, ampliando la producción científica en un 54%, en relación con el peso económico de nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza.
Sumidos en este panorama de recortes en la Educación Superior y en la Investigación universitaria, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo público encargado de acreditar al profesorado universitario en nuestro país para acceder a los puestos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU), publicaba en el BOE de 17 de junio de 2015 el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes funcionarios universitarios. A partir del 31 de diciembre de 2015 dejó de admitir solicitudes de acreditación el bajo el programa ACADEMIA, debido al cambio de sistema y criterios que introdujo el RD 415/2015. Dado que el 31 de diciembre de 2015 finalizó el antiguo proceso de acreditación, se pretendía la entrada operativa del nuevo sistema de acreditación a principios de 2016.
El proceso sufrió numerosos retrasos, ya que aunque la nueva aplicación Academia 3.0 se abrió en fecha 30 de junio de 2016, no fue hasta el 14 de noviembre de 2016 cuando, tras diversas reivindicaciones por parte de los sindicatos, asociaciones, redes e instituciones denunciando la paralización de los procesos de acreditación y la falta de publicación de dichos criterios, se publicaron algunos documentos con los criterios de evaluación por cada una de las 21 comisiones especializadas, en que las cinco ramas de conocimiento en que se puede obtener la acreditación se desagregan.
Estos nuevos criterios han generado una ola de rechazo en la comunidad académica, y han creado una enorme indignación entre la mayor parte del profesorado universitario, debido a la falta de claridad en la exposición y redacción de dichos criterios, la increíble dureza e incluso irracionalidad en algunos casos del nivel de exigencia en la mayor parte de campos científicos y por la publicación incompleta de los criterios.
Estos nuevos criterios suponen no solo truncar la carrera académica de buena parte del actual profesorado laboral, y de los jóvenes investigadores, sus posibilidades de promoción o de acceder o progresar en la Universidad, sino que lanza un mensaje al profesorado universitario meridianamente claro: abandonen su labor docente para centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les exigimos para optar a la acreditación. Todo ello en un contexto en el cual, cada vez se hace más complicado investigar debido a la falta de fondos por los recortes.
Tal fue el escándalo, que el propio Ministerio tuvo que intervenir para paralizar la aplicación de estos nuevos criterios, ante la oposición de la comunidad universitaria y de sus representantes sindicales. Los sindicatos exigieron la “derogación del Real Decreto 415/2015 y la modificación de tales criterios; debido a que constituyen una exigencia desmedida, irrealista e injusta, tanto para el acceso a plazas estables de funcionario docente como para la promoción profesional de los actuales profesores universitarios”.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunció en el Congreso el 14 de diciembre de 2016 que propondría a la ANECA la puesta en marcha de un grupo de trabajo para revisar los criterios de acreditación del profesorado y del sistema de acceso a plazas universitarias; el cometido de dicho grupo de trabajo sería, según lo expresado por el Ministro, estudiar, en relación con los criterios de evaluación, “qué propone la Conferencia de Rectores (CRUE), qué proponen los Sindicatos y llegar entre todos a un acuerdo”. Se crearon así comisiones mixtas a tres bandas ANECA-Sindicatos-CRUE para la revisión de los criterios, dado que incluso el propio MECD no había cumplido con su obligación de negociar los criterios y tampoco cumplía su propia normativa RD 415/2015 en cuanto a la transparencia de los nuevos criterios de evaluación.
Desde que el 31 de diciembre de 2015 el anterior sistema de acreditación para acceder a profesorado titular y catedrático de universidad dejó de funcionar ha pasado más de año y medio. Estas comisiones específicas de evaluación de la ANECA parece que siguen trabajando en los nuevos criterios y que después trasladarán sus resultados a las comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE. La intención es que el resultado de todo este proceso negociador se haga público antes del verano para que a continuación las comisiones de áreas puedan comenzar a evaluar.
La consecuencia de todo esto es, que, tras casi año y medio de la supuesta entrada en vigor del nuevo sistema de acreditación, seguimos sin acreditaciones… y se estima que tendrán una demora de 3 o 4 meses, es decir, que la respuesta tardará en llegar entre 9 y 10 meses. El nuevo director de la ANECA, tras la dimisión del anterior, informó en mayo de 2017 que siguen detenidas las evaluaciones de 900 solicitudes pendientes de revisión. Esta situación tiene el agravante de que, de acuerdo a la normativa vigente, la ausencia de respuesta al cabo de 6 meses tiene carácter desestimatorio y no se tiene noticia de que esté en trámite la aprobación de algún tipo de norma o garantía que anule lo dispuesto en el artículo 15.6 del RD 415/2017, según han comunicado los sindicatos. Lo único que ha informado la ANECA el 29 de junio de 2017 es que “en las próximas semanas, se publicará una actualización de los criterios de acreditación para el acceso a cuerpos docentes universitarios y que ANECA dará dos meses de plazo para que los profesores, cuyas solicitudes de acreditación están pendientes de evaluación, puedan solicitar la aplicación a su solicitud de los criterios actualizados. En caso contrario, se aplicarán los criterios de acreditación que han sido objeto de publicación en noviembre de 2016”. Es decir, se les aplicarán los criterios rechazados por toda la comunidad universitaria. Lo cual se aproxima al chantaje más rastrero: si no aceptas lo que te imponemos ahora, te aplicaremos los anteriores que son aún peores.
El problema añadido, que pervierte radicalmente el modelo universitario, es que este sistema vigente de acreditación de la carrera profesional universitaria, sea con unos criterios más racionales o más desmedidos para acreditarse, sigue privilegiando fundamentalmente como sistema de evaluación la valoración de los “méritos” de investigación y además, aquellos que puedan ser cuantificables y “comercializables” en índices de impacto, lo cual devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera competitiva enloquecida por la citación. Sobre todo, a partir del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que establece que la actividad docente ha de graduarse en atención a la “intensidad y excelencia” de la actividad investigadora reconocida, premia por la posesión de determinados tramos de investigación (sexenios) con una reducción de la carga docente y penaliza con un aumento significativo de la docencia. Ha consolidado así un imaginario en el que la docencia parece tener un valor muy inferior, que pasa a considerarse de esta manera casi como carga o “castigo” (con más horas para quien no consigue el sexenio). Sabiendo, además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una correlación importante entre productividad de la investigación y eficacia de la docencia.
Este sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria por la ANECA encauza la producción de conocimiento en función de criterios globales de productividad/calidad que tengan valor para el mercado y que se puedan cuantificar y medir. Considera así, como prueba objetivable de la calidad del trabajo de investigación, el llamado factor de impacto, que mide la “visibilidad” una vez publicado en función del número de citas recibidas en otros artículos. Se obvia la naturaleza positiva o negativa de las citas y las características del objeto de estudio y se asume la correspondencia “investigación = publicación” y la tesis de que el factor de impacto (que supuestamente mide visibilidad) define el valor científico y la calidad. Lo cual es importar de forma acrítica y literal un modelo de productividad del mundo empresarial, que es simplificado de forma contraproducente y extrema.
Además, por decisión política del Gobierno, se ha supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras (Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a través de su producto Scopus). La ANECA da prioridad en los criterios de sus evaluaciones para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios a la publicación de artículos en revistas científicas incluidas en las bases de datos elaboradas por esas dos multinacionales en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la carrera profesional. Revistas de acceso privado, en donde se publican resultados de investigaciones pagadas con dinero público, que en buena parte de las ramas de conocimiento apenas nadie lee y cuya importancia social, e incluso académica, tiende a ser entre escasa y nula, exceptuando un número ínfimo que sí puede ser relevante en alguno de los campos científicos.
Este sistema de acreditación está provocando, en definitiva, que la misma función de la universidad pública se distorsione. La producción de conocimiento va perdiendo su dimensión social y de búsqueda del bien común para convertirse en un valor de cambio ligado a las exigencias del mercado. Se olvida por tanto su valor de uso ligado a problemas y necesidades sociales que no siempre son valorados por el mercado.
La comunidad científica se ve así dividida entre la obligación de investigar con el mayor rigor y seriedad posible, sin olvidar la finalidad fundamental de la Educación Superior que es la docencia o rendir cuantitativamente en la “cultura del impacto y de la citación” (media de citas que en un año tienen los artículos) para ser valorado y poder promocionar.
Este “sistema ANECA” obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se instala así una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, regida por el corto plazo. Lo que tiene valor de publicación en el mercado es lo que cuenta, lo inmediatamente comercializable en el mercado de la patente, no la investigación base ni la dimensión crítica de la investigación.
En este contexto la posibilidad de disenso es difícil, pues los docentes e investigadores se ven obligados a cumplir las reglas del juego si quieren aspirar, en un horizonte incierto y competitivo, a mantener su puesto de trabajo.
Sin embargo, la producción de otros espacios de pensamiento y resistencia pasa por generar otras formas de reconocimiento colectivo al trabajo; por no someter la investigación a los circuitos rentables; por intentar construir espacios comunes a pesar de la fragmentación y jerarquización; por no desertar de la docencia y proteger esa finalidad esencial de la Universidad.
Necesitamos una universidad realmente pública y democrática que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con la sociedad y las necesidades y sectores más desfavorecidos.
Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean locales o globales.
Por todo ello, consideramos que es necesario generar otro sistema posible y necesario de acreditación del profesorado universitario que suponga una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común. Por eso apostamos, en el campo de la investigación, por el modelo de ciencia abierta u Open Science, sumándonos a la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyamos la Declaración de Berlín, de manera que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica científica solvente. Tal y como propone también la Beall’s List of Predatory Publishers, defendemos que se cuente en el terreno de la investigación con mecanismos de control del contenido publicado (revisión por pares); que haya diversidad geográfica entre quienes componen el comité editorial de las revistas, así como entre sus autores y autoras; que se permita explorar el contenido de los textos a los robots de los buscadores de Internet; que no se impida comprobar actos graves como el plagio; y, en definitiva, que el sistema de revisión de los artículos sea transparente y riguroso. Por supuesto, que no impliquen ningún cargo ni tasa para poder publicar.
Esto se puede hacer a través de repositorios de acceso abierto administrados por universidades u organizaciones de investigación son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Hay numerosos ejemplos como Open Scholar que ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios institucionales, o las iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet que han intentado en los últimos tiempos corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina; fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones; manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; y acompañar el acceso a la base de datos con algunas utilidades de análisis o generación de informes.
El acceso abierto, mandato expreso del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible, sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura relevante. Asimismo, brinda a los autores y autoras y a sus trabajos una dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto vastos y medibles. Por “acceso abierto” entendemos su disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquiera otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia Internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados y citados.
Por eso pedimos a la ANECA, al Ministerio de Educación y a la Secretaría General de Universidades, que retiren no solo los nuevos criterios de acreditación, sino este modelo de evaluación de la carrera profesional universitaria y establezcan un proceso de diálogo y negociación con los colectivos afectados para superar el actual sistema de acreditación del profesorado universitario basado en las métricas en función del factor de impacto de las citas en JCR y similares, que miden el continente más que el contenido, para ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales privadas y para sentar las bases de cara a que la academia dé a luz un nuevo sistema de evaluación y acreditación comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo.
27 DE junio DE 2017
TEXTO DE CUPUMA
¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la LEMES?
El PP y los gobiernos que preside, tienen la mala costumbre de reiterar y repetir idénticos métodos y estrategias cuando consideran que por medio de ellos han logrado sus objetivos. La LEMES ha sido sin duda la peor ley educativa de la Historia, y para mayor delito, ha conseguido poner de acuerdo al resto de los ciudadanos, e incluso a la mayoría del arco parlamentario en su contra. El Gobierno y el PP la han defendido con uñas y dientes, utilizando todos tipo de trucos jurídicos y parlamentarios, amén de marrullerías varias, para no derogar aquello que se había comprometido públicamente a suprimir.
CON LA LOMCE COMO MODELO
Aunque existen diferencias puntuales, el modelo de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) es evidentemente la LOMCE, y para que las similitudes aumentaran aun, han logrado poner en su contra a toda la comunidad educativa, desde los alumnos a los trabajadores-PDI y PAS- que han firmado conjuntamente un documento con el explícito e inequívoco título de “Paremos la LEMES”,- organizaciones sindicales, asociaciones educativas, e incluso algunos partidos políticos.
EL RECHAZO DE LOS RECTORES
El golpe de gracia ha sido la publicación de la opinión de la CRUE sobre la LEMES que ha conducido a que la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) retirase provisionalmente su proyecto. El texto de los rectores es tremendamente crítico y especialmente duro: “La versión actual del texto presenta carencias e insuficiencias, por lo que requiere cambios sustanciales con el fin de servir al propósito de la definición y mejora permanente de la calidad de dicho servicio público”, hasta el extremo de que la Consejería de educación, se vio obligada a intervenir: “Una vez tengamos este nuevo texto, lo presentaremos y, por supuesto, lo analizaremos con los rectores de las públicas, para conocer el grado de consenso de cara a la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno”.
¿Es posible que un nuevo texto logre el consenso suficiente para poder ser aprobado y puesto en marcha con un mínimo de garantías de poder perdurar durante un tiempo razonable?
No hay datos por el momento que nos permitan adelantar una respuesta fundamentada a esta pregunta, pero la Coordinadora Universidades Públicas de Madrid (CUPUMA) piensa que hay indicios suficientes para poder prever lo que ocurrirá, en base a lo sucedido hasta el momento. Aunque parece evidente que dependerá en gran parte de las modificaciones -sustanciales o no- que introduzca en la ley la Dirección General de Universidades, CUPUMA está convencida de que lo único que importa a la CAM es el acuerdo con los rectores, y por eso siguió adelante con la LEMES cuando la opinión contraria al proyecto era ya clamorosa, además de prácticamente unánime -incluyendo rectores de las privadas-. Siempre habían contado con esa aprobación y no habían ahorrado esfuerzos -incluyendo alternativamente tanto halagos como amenazas- para garantizarse su aquiescencia y asegurar su aprobación. Las discrepancias sobre cantidad adeudada, y la forma de pago, de lo que debía la CAM a las universidades madrileñas, complicó inicialmente las conversaciones, pero el intercambio de medallas del 2 de Mayo rubricó el acuerdo, con lo que la CAM se las prometía muy felices.
ATAQUE A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y DESEMBARCO DE LA CAM
Pero algo se torció. CUPUMA fue la primera que dijo que la LEMES era a la vez un ataque a la autonomía universitaria, aquella que algunos-Ministerio y Consejería de la Educación de la Comunidad- utilizaron para no hacer nada contra el Rector plagiario de la URJC, a la vez que un desembarco de la CAM en las Universidades Públicas Madrileñas.
Curiosamente varios meses después la CRUMA incide en similares planteamientos, aunque-obviamente- pone el acento sobre la perdida de competencias de las Universidades, que son traspasadas a la CAM de forma directa o indirecta : “El texto actual del anteproyecto atribuye al Consejo Social competencias que parecen estar relacionadas con interpretaciones de control sobre Organismos Autónomos de la Administración, cuya naturaleza nada tiene que ver con la de las universidades públicas”, algo que CUPUMA denominaba -quizá con menor diplomacia, pero con mayor precisión- “refuerzo de los órganos menos democráticos del gobierno de la Universidad,-el Consejo Social, copiado de Caja Madrid y Bankia- para asegurarse el control”. CUPUMA entiende que este es el problema central que separa a ambas partes, y deja claro que los argumentos son mucho más consistentes por parte de los rectores,- a los que además ampara la ley-.Pero como a nuestro juicio se trata de una clarísima lucha por el poder, pensamos que tiene muy difícil solución.
Los rectores no se equivocan cuando hablan de control por el Consejo Social. Además de asegurarse la mayoría absoluta a través de las fórmulas de nombramiento de sus 19 componentes, el anteproyecto de ley le adscribe “la unidad responsable de la auditoría interna de la universidad, que actuará con autonomía técnica respecto de los restantes órganos universitarios.”. Y esto es algo por lo que los Rectores no pueden aceptar, so pena de convertirse en meros ejecutores de los deseos y las ordenes de los dirigentes de la CAM, sin la menor capacidad de decisión propia. Si la Comunidad no hubiera planteado un desembarco invasivo en las universidades, o hubiera pactado el reparto del poder con los rectores, es altamente probable que hubieran conseguido sus propósitos, pero optaron por detentar el poder en exclusiva, y eso determinó la negativa de los Rectores. Cuando los planteamientos pasan por la aniquilación -o cuando menos la condena a la irrelevancia- de todo lo que no forme parte del ejército propio, si el primer desembarco resulta fallido, es extremadamente difícil conseguir el éxito en las posteriores intentonas.
CONTROL ECONOMICO, DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, Y DE LOS DOCENTES
Pero hay algunos problemas adicionales. CUPUMA hizo un pormenorizado análisis del primer proyecto, que el transcurso del paso del tiempo ha demostrado cumplidamente que era notablemente pertinente y acertado. El objetivo del dirigismo y el intervencionismo al que la CAM intenta someter a las Universidades Publicas, se articulaba en tres puntos fundamentales: control de la financiación, control del consejo social y control del profesorado. El primero es tan evidente y esta formulado de forma tan burda que causa sonrojo. Ya nos hemos referido al segundo y ahora queda hacer alusión al tercero. La preferencia de la investigación sobre la docencia respondía no solo al profundo convencimiento -tan elitista como ignorante y ridículo- de los redactores del texto sobre la “incuestionable superioridad” de la investigación, sino igualmente también a que puede suponer-o al menos así se publicita- una importante fuente de financiación empresarial para las Universidades. Las tropelías que propugnaban para consolidar y aumentar esas diferencias, y los rechazos que provocó, hizo que uno de los temas estrella de la primera versión quedase un tanto desdibujado en la segunda, probablemente para desarrollarlo más tarde en los reglamentos, que tienen la ventaja de no tener que pasar por el molesto y desagradable tramite de las discusiones parlamentarias.
En ese permanente recurrir a ese cambio de modelo hacia una universidad gerencial, la alusión a la necesidad de flexibilizar la contratación del profesorado está presente de forma reiterada. Si se prescinde del cumplimiento de los rigurosos controles que la ley impone para la entrada de profesores en la universidad, la “discrecionalidad” resultante podría ser una buena aliada para que estuviera mucho más cercana la añorada designación a dedo.
A LA BUSQUEDA DE LA FLEXIBILIDAD EN LA CONTRATACION
Cuando alguien se plantea una apuesta tan fuerte y tan arriesgada como la de la CAM sobre la Universidad Pública, habitualmente trata de asegurar la jugada, de tal manera que si falla en alguno de sus puntos, estén previstos sistemas de reaseguro para que el objetivo final nunca llegue a estar verdaderamente en peligro. La prioridad de la investigación facilitaba la promoción de los afines, pero dejaba sin solucionar “la flexibilidad” de la contratación, y por lo tanto había que consagrar una fórmula que permitiera que otros afines pudieran entrar, hacer carrera en la universidad en un tiempo lo suficientemente corto para que semejante posibilidad fuera atractiva, con requisitos fácilmente superables. Para que todo resultara según lo previsto, la cantidad de beneficiados debería alcanzar un numero lo suficientemente elevado para garantizarse – a plazo medio, pero lo más corto posible- una sólida mayoría en el futuro, que hiciera a las Universidades y a sus profesores, mucho más fácilmente receptivos hacia las pretensiones de la CAM. El problema residía en que no había cauce ni figura que permitiese llevar a cabo el plan diseñado. Si nunca fue fácil entrar en la universidad, los recortes económicos y el uso que de ellos han hecho algunas comunidades autónomas, restringieron aún más esas escasas posibilidades. La siniestra utilización de la tasa de reposición del 0% durante varios años, consolidó los recortes, y envejeció aún más un profesorado que en numerosas universidades tenía cronificado dicho envejecimiento. En semejantes condiciones solo quedaba una opción: crear una figura docente que hiciera realizable el plan diseñado.
EL PATINAZO
Y así se hizo. De repente, de la nada, resucitó la figura del profesor agregado que había desaparecido bastantes años antes. Como en el texto apenas se especificaban sus funciones, y se mantuvo cuidadosamente oculto el verdadero objetivo perseguido, el tema habría pasado sin pena ni gloria si sus preclaros redactores no hubieran cometido un garrafal error que, al parecer, también pasó inadvertido para la abundante lista de asesores que cobran una enjundiosa nómina de las arcas públicas en la Consejería de Cultura de la CAM. Pero ante la unánime protesta por la obvia ilegalidad de resucitar al profesor agregado, dado que la CAM no posee competencias para ello, e incluso podía enlazar y hacer más creíble la acusación del abordaje de las Universidades Publicas por parte de la Comunidad, no hubo más remedio que dar marcha atrás. No les quedaba más alternativa que utilizar alguna de las figuras ya existentes para lograr sus propósitos. Dado que el Consejero procede de la URJC y el director general de la UC3M, debieron de pensar que si en sus respectivas universidades se había utilizado de forma irregular e ilegal, – pudiera considerarse, incluso, que de forma fraudulenta- la figura del profesor visitante, podía no ser una mala idea trasladar similar planteamiento a la CAM. Además, había algo que se podía considerar una especie de precedente.
La utilización generalizada de una figura docente de forma irregular, diferente, a veces contraria, y en no pocas ocasiones, opuesta, a la razón de su creación, tiene desventuradamente en nuestra universidad, tan larga historia como deplorable tradición. El tema es tan evidente como lamentable y si hay una figura que se lleva la palma es indudable la de profesor asociado.
ASOCIADOS Y FALSOS ASOCIADOS
Copiado su articulado de una legislación estadounidense que regulaba la presencia de premios nobeles en los campus universitarios por reducidos periodos de tiempo-entre tres y seis meses y con sueldos millonarios- pretendía cubrir la posible incorporación puntual de profesionales de reconocido prestigio para que su experiencia fuera aprovechada por los universitarios. Dado que el sueldo que se pagaba era absolutamente ridículo, hubo muchos menos pretendientes de los que se esperaba y en muy breve tiempo empezó a desnaturalizarse para poder utilizar esa figura como una forma de incorporar gente nueva, para facilitarla entrada de profesores en la universidad de forma permanente.
La discrecionalidad de la figura -que dependía casi exclusivamente de los departamentos, supervisados por el Rectorado- contribuyó a que las Universidades fueran muy proclives a la extensión de la figura, y en lugar de sacar plazas de ayudantes, preferían hacerlo de Asociados, -a los que podían despedir y sustituir a voluntad, eran mucho más “de confianza”- en numerosos casos serviles- podían dar muchas más horas de clase-en ocasiones sumaban las de sus padrinos catedráticos o jefes de departamento a las propias, -, y cobraban menos que los ayudantes.
En semejantes condiciones se produjo un doble proceso de convergencia. De una parte, los requisitos para optar a las plazas fueron progresivamente desapareciendo, y la aplicación de esos requisitos fue siendo cada vez más laxa. Resultado, en muy poco tiempo casi la mitad de los asociados entraban en los departamentos tras haber transcurrido menos de tres años de haber concluido la carrera.
Este presunto fraude de ley- con los pertinentes apaños según variaban las circunstancias- se ha mantenido durante casi 40 años con el silencio, la complicidad, y el asentimiento de Universidades, Ministerio, Comunidades, Rectores, Departamentos etc. etc. La cosa es tan cómica, -si no fuera tan trágica- que desde hace muchos años a esa figura se la conoce habitualmente como “falsos asociados”.
Los recortes y la asfixia económica implantaron aún más rebajas en el profesorado y el aumento de la precariedad repercutió especialmente en los “falsos asociados”. Fueron algunos menos, cobraron mucho menos, y trabajaron mucho más. No es una exageración decir que, en gran parte, la supervivencia de las universidades tras los recortes que Gobierno y Comunidades impusieron a la Universidad, fue en gran parte “culpa” de los asociados.
¿Tiene propuesta la LEMES para resolver de una vez por todas una situación vergonzosa e ilegal? “Curiosamente” este tema no merece su atención. Al igual que al PAS, a los estudiantes, a la parte que le compete sobre las tasas, etc. etc.-, la LEMES ignora la precariedad laboral en la universidad, como hace con casi todos los problemas medulares de la Universidad, sin duda para mejor concentrarse en conseguir la flexibilidad docente.
VISITANTES
No parece necesario detenernos demasiado en el hecho de que si bien la figura del falso asociado puede tener una función útil para la Universidad Gerencial que preconiza la LEMES-mano de obra discrecional, sin derechos y a bajo precio, el sueño dorado de toda multinacional- difícilmente le podría resolver su problema. Y por eso decidieron hacer algo similar a lo que se había hecho con los asociados.
La figura del visitante es relativamente nueva, al menos en comparación con la mayoría de las existentes. Sus características son muy claras: se trata de una figura temporal, de duración limitada que ostenta cierto paralelismo con la del asociado en lo referente a la discrecionalidad y la temporalidad, pero se diferencia claramente en el tema de la retribución, ya que, aunque no plantea los emolumentos de la normativa USA, sí equipara-como mínimo- su sueldo al de los titulares. Y es preciso reconocer que la actual situación de salarios españoles, la convierte en algo realmente apetecible.
Pero sobre todo posee la “maravillosa” característica de la discrecionalidad -que algunos confunden interesadamente con flexibilidad-: la ausencia de concurso público, la opacidad de todo el proceso, incluyendo el tribunal y los criterios de baremación y valoración.
La LOU especifica: El contrato de profesor visitante “se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros”.
Si vamos a los datos nos encontramos con algunas sorpresas: existen 839 profesores visitantes en las 50 universidades públicas que hay en España, lo que arroja una media de algo menos de 17 visitantes por Universidad. La distribución no parece muy coherente. Hay 22 universidades-casi la mitad- que no tienen ningún profesor visitante, lo que quizá hasta permita cuestionar la necesidad de la figura, pero el asombro nos llega al comprobar que 496 del total de 839-en torno al 60 %- están contratados por dos Universidades, ambas de Madrid, que se corresponden con las dos públicas madrileñas de más reciente fundación y cuya aparición y desarrollo responden a “situaciones y características muy especiales”.
Se impone la pregunta: ¿Qué peculiaridades posen la UC3M y la URJC para que acaparen respectivamente 260 -31% del total existentes-y 236 -29%-?
Menos proclives a la chapuza- por el momento no se ha denunciado a ningún rector plagiario- la UC3M ha intentado encubrir el nombramiento digital sin ningún tipo de control, con palabras fetiche como internacionalización –“lo importante en una Universidad Pública madrileña es que haya muchos alumnos de EEUU y que reciban clases en su lengua”- y excelencia- sustituyendo la colaboración por competitividad e institucionalizando el todos contra todos, siendo implacables a la hora de acumular privilegios, y financiaciones varias.
La URJC no pierde el tiempo en semejantes nimiedades e ignora y silencia el tema limitándose a negar la evidencia cuando ya no queda otro recurso.
Y FALSOS VISITANTES
Además de la desproporción del número de visitantes respecto al resto de universidades públicas, esta situación se repite también en el porcentaje que esta figura representa dentro del profesorado total de cada Universidad. En este caso los términos se invierten. Según los últimos datos disponibles, lo lidera la URJC con un total de 315 lo que supone en torno al 20% del profesorado. Y nuevamente aparece la UC3M con 282 de un total de 1971 -un 14,3 %-.
La URJC tuvo que afrontar una denuncia de un visitante despedido tras nueve años contratado como visitante, y que además reclamaba dinero. La Universidad se declaró culpable y abonó diferencia e intereses para evitar ir a juicio.
En la esencia del visitante -hasta en su propio nombre-está su característica de temporalidad. El convenio colectivo, aplicable, según señala explícitamente su texto, a las seis universidades públicas madrileñas, dice textualmente: ”la duración del contrato de profesor visitante será de un año ampliable a dos en los supuestos razonados y previa audiencia de los representantes de los trabajadores.”
INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
Lo más absolutamente rechazable e inaceptable desde el punto de vista legal es el incumplimiento permanente de los plazos. Salvo algún extranjero, no existe visitante nacional que se vaya tras el 1+1 que es el máximo que la ley permite, y nos encontramos con que la UC3M no solo incumple sistemáticamente los plazos sino que según señala El diario.es “lleva años, al menos desde 2014, convocando unas plazas llamadas « tenure track Assistant Professors» (se publican así, en inglés) que luego especifica que son profesores visitantes para las que ofrecen contratos de 4+2 años. La convocatoria ya excede, de origen, los dos años máximos que permite la ley (1+1, en realidad)”.
A la transgresión de la legalidad en convocatorias que se reiteran anualmente, aporta la URJC casos como el de la contratación irregular Margarita Cifuentes Cuencas, la hermana mayor de la presidenta de la comunidad de Madrid, contratación irregular que se produce este mismo curso. Los problemas surgen por el incumplimiento de los requisitos: para poder ser visitante tienes al menos que:
- proceder de otra universidad, y ella estaba en la misma URJC
- ser profesor o investigador de reconocido prestigio (ella acababa de leer la tesis dirigida por el Rector plagiario cuando ya era Rector, pero todavía no se había descubierto que era plagiario). No ha dado clases en ninguna universidad, y, que se sepa, su única investigación es su tesis que versa sobre un batallón. Con 55 años no tiene acreditada ninguna publicación.
Su historial la sitúa en la UCM como PAS desde la época Villapalos, para afincarse posteriormente en 2005 en la UJC en la que actualmente da clases. Si no se incumple la legalidad, nuevamente, tendría que dejar su plaza al finalizar el curso que viene.
LA SOLUCION DE LA CAM: ¿EL FALSO VISITANTE PERMANENTE?
Parece ser que la solución de la CAM pasa por “remodelar” y generalizar la figura de visitante para poder conseguir un modelo flexible que evite todos los controles a los que es sometido el profesor permanente de las universidades públicas. Pero semejante objetivo parece en principio complicado, por dos motivos:
- La figura de visitante es temporal y será complicado que deje de serlo, porque forma parte de su propio sentido. Habría que hacer una operación similar a la descrita para los asociados, aunque con algunas diferencias. Lo primero e imprescindible sería cambiar la duración de los contratos algo, en principio, bastante incoherente, pero factible. Si se cambia el Convenio Colectivo o se incluye en el articulado de la LEMES ese problema podría solventarse.
- Es preciso, que no solo respecto al sueldo, sino también en otra serie de ámbitos, los visitantes puedan ser equiparados a los titulares. Legalmente, en este momento es inviable, pero utilizando y generalizando la “flexibilidad”-es decir permitiendo la contratación a dedo- se consigue parte de los objetivos. Pero únicamente parte, porque sería preciso, para lograr ser equiparados a profesores permanentes, ser acreditados, y eso resulta mucho más complicado. Dejar ese tema en manos de la ANECA plantea graves riesgos: el primero que su control dejaría de depender de la CAM, y segundo que la lentitud e ineficacia -para la Universidad, no para Van Grieken- de que ha hecho gala durante años podrían dilatar lo suficientemente el proceso para convertirlo en inservible. Van Grieken, consejero de Educación y antiguo director de la ANECA sabe bien del poder que confiere controlar la acreditación y se rumorea que trata de aprovechar una iniciativa que su universidad de procedencia, la URJC, ha puesto en marcha recientemente. Se trata de un sistema de evaluación para aumentar el sueldo a sus docentes por la investigación realizada, al que pueden optar también aquellos profesores visitantes que sean doctores. Esta última ampliación lo convierte en una medida de muy dudosa legalidad, puesto que recompensaría con 1500 euros anuales la investigación entre los años 2014-2016 y ya hemos visto que la legislación, actualmente en vigor, no permite que los visitantes renueven sus contratos por más de dos cursos.
Pero lo más relevante desde nuestro punto de vista es la fórmula de su concesión. Sera la fundación Madrid+d-, privada, pero dependiente de la CAM, la que llevará a cabo esta evaluación “externa”.
Según tales rumores, la idea de Van Grieken sería utilizar la fundación Madrid + d para poner en marcha una “acreditación exprés”, que, logrando la cuadratura del círculo, permitiera que la fuera la CAM la que contrate a dedo a los visitantes, y su ANECA autonómica, la fundación Madrid + d, la que los acredite rápida y cómodamente, de tal forma que todo quede en casa, y permita alcanzar de un modo fácil y rápido las tan ansiadas equiparación y flexibilización, por más que el precio a pagar pudiera ser ignorar y/o retorcer determinados preceptos legales, poniendo en marcha una maquinaria, que obviamente como daño colateral (¿), pondría muy seriamente en cuestión- aunque a la larga- la pervivencia del actual sistema funcionarial existente en la actualidad para el profesorado de las Universidades Publicas.
31 DE Mayo DE 2017
Los rectores tumban la reforma universitaria de Cifuentes
Cristina Cifuentes, en el centro, junto al rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas
La Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (CRUMA) ha rechazado el anteproyecto de ley del Ejecutivo de Cristina Cifuentes para reformar el sistema de estudios superiores de Madrid, con un informe con lenguaje duro y lleno de cuestionamientos. El Ejecutivo consideraba que la aprobación de los rectores era una condición para sacar adelante la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), y ahora va a replantearlo.
«La versión actual del texto presenta carencias e insuficiencias, por lo que requiere cambios sustanciales con el fin de servir al propósito de la definición y mejora permanente de la calidad de dicho servicio público», reza un comunicado de la Cruma al que tuvo acceso bez.es.
Una de las condiciones que el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso para llevar adelante la LEMES era que tuviera el visto bueno de la CRUMA: algo que, evidentemente, no tiene.
Tras conocerse el comunicado, el Ejecutivo regional dijo que agradece las aportaciones de los rectores, y señaló que tomarán nota de las mismas -así como de otras hechas por rectores de las privadas, sindicatos, estudiantes, consejos sociales de las universidades y grupos parlamentarios de la Asamblea- para elaborar un nuevo texto de anteproyecto.
«Una vez tengamos este nuevo texto, lo presentaremos y, por supuesto, lo analizaremos con los rectores de las públicas, para conocer el grado de consenso de cara a la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno», dicen desde el Gobierno regional, que trabajó dos años en el malogrado anteproyecto «con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria en más de 50 reuniones y mesas de trabajo«, especifican.
Cuestionamiento 1: Avance sobre la autonomía universitaria. Quizás el más importante que le hacen los rectores al borrador de Cifuentes, sea que «la Comunidad de Madrid no puede ejercer simultáneamente los papeles de regulador y prestador del mismo servicio, contrariamente a lo que manifiesta el preámbulo del anteproyecto en su redacción actual«.
En tono particularmente duro, los rectores subrayan que «la actual redacción del texto del anteproyecto está planteada más como regulación de las universidades públicas que del servicio público universitario».
Cuestionamiento 2: Universalidad. No quedan definidos «los servicios mínimos con calidad regulada, que debería ofertar cualquier sujeto prestador –en las misiones universitarias de docencia, investigación e innovación y transferencia de conocimiento–para que pudiera denominarse Universidad, evitando el riesgo de considerar como tal a un modelo de academia o college».
Cuestionamiento 3: Investigación. «Apenas la incluye como requisito cuando el sujeto prestador es de naturaleza privada o procedente del exterior de la Comunidad de Madrid», mientras que creen necesaria una mayor presencia en su articulado de referencias a la innovación y transferencia de conocimiento como componente del servicio universitario.
Cuestionamiento 4: Doctorados. «El texto lo deja en un simple nivel de promesa [al doctorado], sin aclarar qué ocurrirá en caso de incumplimiento», mientras los rectores entienden que «el doctorado tiene que ser un requisito imprescindible en la oferta de estudios universitarios para el establecimiento de nuevas universidades».
Cuestionamiento 5: Los rectores consideran que el mínimo de diez titulaciones de grado y máster exigibles para la creación de una nueva universidad es «claramente insuficiente», en especial «porque no hay referencia alguna sobre el número de los ámbitos (ramas y áreas de conocimiento) o el nivel de las mismas (si han de ser de grado, de máster o de ambos)».
Cuestionamiento 6: El centro de los cuestionamientos es la nueva función que el anteproyecto de Cifuentes pretende darle al Consejo Social. «El texto actual del anteproyecto atribuye al Consejo Social competencias que parecen estar relacionadas con interpretaciones de control sobre Organismos Autónomos de la Administración, cuya naturaleza nada tiene que ver con la de las universidades públicas», señalan con dureza los rectores.
Cuestionamiento 7: Los rectores dicen que el actual anteproyecto, en lo referente a la financiación de las universidades, no es claro respecto a que «la financiación con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid tiene que ser únicamente para las universidades públicas de Madrid», dejando abierta la posibilidad de que se financien en centros privados, algo que éstos rechazan de plano. «Los sujetos prestadores del servicio público universitario de naturaleza privada, o procedentes del exterior de la Comunidad de Madrid, han de optar a la prestación del servicio al margen de dichos presupuestos públicos», sostienen los rectores.
Cuestionamiento 8: Otra reclamación es que el texto no explicita «claramente» la obligación de la Comunidad «de mantener sus compromisos de financiación mediante convenios plurianuales que den la necesaria estabilidad y confianza a las universidades públicas a la hora de definir y acometer nuevos objetivos. El texto actual, por el contrario, deja una puerta abierta a la Comunidad de Madrid para incumplir dichos compromisos».
Cuestionamiento 9: Hay que clarificar «el procedimiento de convocatorias para el profesorado, ya que esta competencia corresponde únicamente a las universidades públicas por Ley Orgánica, mientras que el anteproyecto se refiere a ‘convocatorias autonómicas'».
Cuestionamiento 10: En lo referente al Personal de Administración y Servicios (PAS), el anteproyecto no contempla el desarrollo de su carrera profesional como parte de la financiación consolidable en los recursos humanos de las universidades. «Cualquier plan de mejora de la calidad del servicio público que prestan nuestras universidades debe hacerse contando con el PAS, por lo que sería necesario considerar propuestas concretas de actuación en esta dirección –debidamente dotadas–incluyendo la certificación, si es posible de ámbito internacional, de su formación».
Cuestionamiento 11: «El borrador de anteproyecto no contiene referencias a la dotación de un sistema de becas para los estudiantes, ni al establecimiento de tasas y precios públicos asequibles para el acceso y la continuación de la formación superior en sus diferentes niveles, situación que posiblemente se deba a esa falta de clarificación en la definición del servicio universal en el contexto del correspondiente servicio público. En consecuencia, sería conveniente modificar el texto para incluir estos aspectos».
Los rectores estiman que, siendo la primera vez que, históricamente, se propone un texto de estas características en la Comunidad, «todo el tiempo que ahora se emplee en mejorar y consensuar su redacción debe verse como una inversión porque minimizará los posibles errores –difícilmente corregibles a posteriori–que pudieran ser producto de una precipitación en los plazos».
Fuente: http://www.bez.es/628746272/Los-rectores-rechazan-la-reforma-universitaria-de-Cifuentes.html
30 DE Mayo DE 2017
Informe sobre el Anteproyecto Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior.
CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid)
23 DE Mayo DE 2017
EN el reinado de la mentira: ¿Hacia donde pretenden llevar la enseñanza superior en madrid?
Antonio Castro (Universidad Complutense de Madrid)
Ángel Ponce (Universidad Politécnica de Madrid)
Tras varios años bajo el omnipresente imperio del eufemismo, en la actualidad se ha dado todavía un paso más. La proliferación de noticias falsas, de manipulaciones informativas, y de falseamientos en la presunta interpretación de los hechos hace que si un ciudadano normal intenta averiguar lo que de verdad ocurre, tenga muy escasas opciones de conseguirlo. En el imperio de la mentira -ahora se utiliza el eufemismo de la posverdad- ocultan la verdad y mienten los políticos, los ministros, los parlamentarios, el fiscal Anticorrupción y hasta el mismísimo “plasmapresidente” del gobierno, y lo verdaderamente terrible es que no pasa absolutamente nada. Cuando las mentiras son tan evidentes, reiteradas y absolutamente escandalosas como en el caso del ex ministro Soria o o el expresidente Pedro Antonio Sánchez, tras varios intentos desesperados de defender lo indefendible, no tienen otra opción que resignarse ante lo inevitable, y obligarle a dimitir.
Como los firmantes de este articulo estamos especialmente interesados en la educación y en la docencia universitaria, coincidimos en que las contradicciones que han surgido en el extraño caso de la imputación -y posterior desimputación- de Marhuenda y Casals acusados de montar una campaña contra Cristina Cifuentes- resultan tan sorprendentes como preocupantes. Semejantes contradicciones suponen un indicio inequívoco de la existencia de una trastienda que desconocíamos, y que íbamos a intentar desentrañar sin regatear esfuerzos.
Pese a que éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un trabajo titánico, provistos de la persistencia que normalmente caracteriza a las personas de buena fe, intentamos llevar a cabo nuestro propósito, con muy escasas posibilidades, y con el apenas disimulado y casi unánime escepticismo hasta de nuestros propios compañeros.
Para empezar no nos resultaba nada convincente que Marhuenda se acogiese a la teoría de la mentira piadosa para quitarse de encima a Edmundo Rodríguez Sobrino, socio y mano derecha de Ignacio González -en la actualidad compartiendo cárcel – y así tratar de justificar las conversaciones telefónicas que desvelaban un plan preconcebido para “ayudar” a que “Cifu” entendiera que no iba a resultar rentable ayudar a investigar el caso del Canal de Isabel II.
Pero aún menos convincente resultaba que si la presidenta de la Comunidad de Madrid fue decisiva en la imputación, en su posterior declaración ante el juez tratara de quitar hierro al asunto, y afirmara que ese tipo de presiones eran cotidianas y carecían de importancia. Siguiendo el camino marcado por su jefa, la directora de gabinete de Cifuentes, Marisa González, a la que el director de La Razón denominaba “zorra”-según declaración propia para tranquilizar a su amigo que estaba fuera de sí- transitó por idéntico sendero, lo que se tradujo finalmente en la insólita desimputación del director y del Presidente de La Razón.
Las cosas se complican más cuando algunos -muy pocos- periódicos informan- casi de paso-, que, frente a la postura del director y el presidente de La Razón, el Consejo de Administración decide prohibir que se lleve a cabo la campaña de presión contra Cifuentes.
¿Cuáles son las razones de semejante y sorprendente cambio de opinión? Al parecer, la respuesta habría que buscarla en unas negociaciones con la CAM, en las que el grupo Planeta intenta asegurarse que una de las dos Universidades privadas que Madrid pretende autorizar será para Planeta, y que enfrentarse con Cifuentes no parece el camino mas idóneo para conseguirlo.
Pero Marhuenda y Casals -este último se autoadjudica el papel de diseñador del plan- encuentran un sistema de burlar la orden superior. La brillante idea de Casals consiste en inventarse una encuesta -inexistente- para enfrentar a Cristina Cifuentes con su propio partido. Para ello publicaron una encuesta en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid aparecía como la mejor situada para suceder a Rajoy, con más apoyos de los que tendrían dirigentes como M.ª Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo o Soraya Sáenz de Santamaría. Y decidieron colocarla de portada el día que el Partido Popular celebraba su congreso nacional. “Es la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien. Porque coño, en un momento en que no se discute para nada el liderazgo del otro (se refiere a Mariano Rajoy) la metes a ella en el foco para que le den entre todos» asegura textualmente Casals en una conversación telefónica interceptada.
Al parecer, el plan surtió efecto porque Cifuentes se quejó ante el presidente del grupo Planeta de la actuación de La Razón, pese a que la concreción de la encuesta se reveló bastante chapuza, ya que la suma de los porcentajes de los teóricos aspirantes a suceder a Rajoy, alcanzaba un insólito 187,75%.
Retornando a nuestras preocupaciones prioritarias, mucho nos tememos que este episodio sea un perfecto ejemplo de cómo se gestiona la Universidad -tanto pública como privada- en nuestro país. Pero además pone de manifiesto la utilización permanente de la “posverdad” por parte de los políticos. Los responsables de Educación, tanto estatales como autonómicos y muy especialmente el inefable Sr Wert, se hartaron de decir que gran parte de los problemas de las universidades españolas residía en su proliferación. El ministro peor valorado de la democracia no dudó en falsear los datos para tratar de hacer defendible su postura. Pero la realidad nos asegura algo muy diferente. España tiene en la actualidad 50 Universidades públicas y 32 privadas, La incoherencia -aparente- es total.
Afirman que sobran universidades, pero por otro lado facilitan que aparezcan nuevas Universidades Privadas. Los datos son contundentes: en Madrid hay más Universidades Privadas (8) que Públicas (6). En los últimos 27 años se han creado dos Universidades Públicas, mientras que las Universidades Privadas nuevas han sido 10. Si nos referimos a los últimos 20 años no se ha creado ninguna Universidad Pública, mientras que las privadas se han incrementado en 6. Ahora parece que las Universidades Privadas en Madrid aumentarán a 10, mientras las públicas se enzarzan en la una absurda polémica sobre disminución de facultades y reestructuración de titulaciones.
A pesar de todo, Comunidad de Madrid y Ministerio aseguran que defienden las Universidades Publicas a las que no dudan en asfixiar económicamente, y aumentan -en el cómputo total, en Madrid- casi en un 50% las tasas. La LEMES, la ley de Universidades que propone la CAM, consolida los recortes, garantiza una Universidad a dos -o más -velocidades, enfrenta docencia e investigación, y prioriza y defiende un modelo de Universidad Pública entendida como negocio en lugar de como servicio público. Y como guinda, mientras la ley rebaja las exigencias para crear una Universidad Privada, la presidenta negocia privadamente con Planeta la concesión de una Universidad más, dadas las muchas que sobran en el país y en la Comunidad Autónoma.
En estas condiciones, ¿alguien se puede creer que el objetivo de la LEMES es mejorar la calidad de la Universidad Pública o se trata más bien de un primer experimento -exportable inmediatamente a otras autonomías- de ocupar las Universidades Publicas al estilo de lo que hicieron con Caja Madrid y Bankia, a través de una ley que pretende por encima de todo asegurarse el control de las Universidades públicas madrileñas, utilizando los Consejos Sociales para vulnerar la autonomía universitaria?
06 DE MAYO DE 2017
Paremos la LEMES
Ana María Rincón Romero
Profesora de Genética y presidenta del Comité de Empresa de la Universidad de Sevilla
El profesorado ayudante doctor irá a la huelga las próximas dos semanas. Es difícil imaginar qué puede reivindicar un profesor de la Universidad, que se supone garante de unas condiciones laborales dignas. Lamentablemente, por muy bien que suene ser profesor universitario, muchos docentes están abocados a la precariedad más absoluta.
En la Universidad, además de los profesores titulares que son funcionarios, existen muchas figuras inestables que no tienen las mismas retribuciones ni derechos. Esto no significa que no desarrollen las mismas tareas docentes e investigadoras, incluso más, ya que de ello depende que alguna vez puedan llegar a estabilizarse.
La proporción de las figuras inestables crece con cada ola de recortes de los gobiernos central y andaluz. Una precarización que, además de incidir en sus condiciones laborales, tiene consecuencias directas en la calidad de la enseñanza.
Una de estas figuras es la de ayudante doctor, una de las vías de entrada a la carrera universitaria. A esta se accede mediante un concurso público que, como en el resto de la administración, suele ser muy concurrido. Antes de finalizar sus contratos deben ser evaluados por una agencia externa (Aneca), que determina si son aptos para pasar a la figura estable de contratado doctor. Para no irse al paro, no es que se les exija acreditarse como contratado doctor que sería lo lógico, sino para la figura funcionarial de titular. Además los nuevos requisitos para esta figura se han endurecido tanto que resultan insuperables incluso para la mayoría de los que hoy son titulares, a lo que se suma que la Aneca lleva dos años cerrada. Es como pedir el carné de astronauta para ser camionero y con la NASA cerrada.
Las cambiantes y desorbitadas exigencias de la ANECA están claramente dirigidas a disminuir las posibilidades de que la plantilla se estabilice. Multiplicar de forma disparatada los requisitos es la excusa perfecta para mantener en precario al profesorado y, encima, pretender culpabilizar de su precariedad a uno de los colectivos más formados y preparados del mercado laboral. «Haber estudiado», eso es en resumen lo que se le dice al profesorado interino –todos ellos doctores, investigadores, científicos, expertos y coleccionistas de títulos y méritos en general– cuando exigen simplemente el contrato estable que les corresponde.
Ante esta situación, el colectivo se ha visto obligado a convocar una huelga para exigir unas condiciones justas de promoción. Esto sería muy fácil si los rectores tuvieran voluntad de resolverlo, como ya se ha hecho en Extremadura. Responde además a un consenso social realmente insólito, como demuestra la moción del Parlamento andaluz apoyada de forma unánime por PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU.
Se trata sólo de renunciar a las ventajas que para algunos supone tener a su disposición una masa de profesorado en precario, dócil y obligado a veces a engordar méritos ajenos. El propio término de «ayudante doctor» resulta casi insultante; no somos «ayudantes», somos doctores y profesores de Universidad por concurso público y acreditados tras una exigente evaluación externa. Por eso exigimos, simplemente, la estabilidad que ya nos hemos ganado con nuestros méritos y que, si es preciso, volveremos a ganarnos con nuestra lucha. Con nuestra lucha y, por supuesto, con el apoyo y la solidaridad de nuestros compañeros y alumnos que saben que defender la dignidad del profesorado es defender la Universidad Pública.
18 DE abril DE 2017
MARCHA POR LA CIENCIA
MANIFIESTO DE LA MARCHA POR LA CIENCIA EN ESPAÑA
El día 22 de abril de 2017 se celebra una marcha apoyo a la ciencia en más de cien ciudades de todo el mundo.La iniciativa surgió en Estados Unidos (EEUU) como respuesta a la profunda preocupación de científicos y ciudadanos ante la creciente ola de políticas anticientíficas y la erosión de la imagen social de la ciencia.
Por eso, la marcha no está dirigida sólo a los científicos sino a todos los ciudadanos que valoran la ciencia como una herramienta al servicio del bien común y defienden la cultura científica y humanística como un elemento básico de las sociedades democráticas.
Es evidente que, en los últimos meses, los grupos que discuten y niegan evidencias científicas tan relevantes como el cambio climático, la efectividad de las vacunas o la propia teoría de la evolución están alcanzando un poder sin precedentes. Su a aque a conceptos establecidos basados en la experimentación científica rigurosa y en su validación por las instituciones más prestigiosas del mundo científico,puede acarrear consecuencias desastrosas para el objetivo de construir un mundo más justo y más seguro.
La marcha para la ciencia adquiere un significado especial en España, donde los recortes en inversión en investigación han alcanzado el 40% durante los últimos cinco años. El resultado más doloroso es que los jóvenes investigadores formados en España se ven obligados elegir entre la precariedad y la emigración si quieren seguir trabajando en ciencia.
En 2016 tenemos más de 10.000 investigadores menos que en 2010, 4000 de ellos solo en el CSIC. Esta situación ha sido ampliamente contestada por diversos colectivos como Carta por la Ciencia o Marea Roja que, apoyados por sociedades científicas, académicas y sindicatos y jóvenes investigadores, plasmaron sus reivindicaciones en el Pacto por la Ciencia firmado por todos los partidos políticos (excepto el PP/UPN) en diciembre de 2013. Sus reivindicaciones fundamentales se han agravado en los últimos años, y no se ha resuelto ninguno de los objetivos comprometidos:
- Planificación plurianual para recuperar a lo largo de la legislatura los niveles de inversión pública del 2009.
- Eliminación de los límites de tasa de reposición del empleo público y plan de choque para incorporar nuevos recurso , recuperar talento emigrado y reducir la tasa de precariedad.
- Compromiso plurianual para el cumplimiento de los Planes Estatales de I+D en todas sus convocatorias y plazos
Como ejemplo paradigmático, el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología, que debería haber entrado en vigor en enero de 2017, aún no ha sido aprobado; la universidad y la investigación han sido relegadas de la oferta pública de empleo de 2017 y las reivindicaciones de presupuestos estables y gestionados de forma independiente siguen sin ser escuchadas. El Proyecto de PGE 2017 significa otro golpe para el sistema, ya que el gasto en capítulos 1 al 7 se reduce en el 2,6% respecto a 2016. Ya no hay procesos electo ales en marcha y se puede volver a introducir la tijera en I+D.
La falta de inversión en ciencia tiene otras consecuencias para España, con un nivel de paro superior al 20%, que alcanza el 50% en los jóvenes menores de 30 años, y con un creciente deterioro de los servicios básicos en sanidad, educación, dependencia o cultura. El déficit de competitividad de nuestro aparato productivo en actividades d contenido tecnológico medio y alto ha repercutido negativamente en la calidad del empleo, en los niveles salariales y en la sostenibilidad a largo plazo de la actividad económica, creando bolsas de pobreza, debilitando la cohesión social y contribuyendo a la dualización creciente de nuestra sociedad.
España parece ignorar que la ciencia es un motor esencial de la economía, aunque la relación directa entre inversión en ciencia y productividad económica haya sido confirmada por instituciones como la UNESCO, StarMetrics, las Academias Científicas americanas, el Medical Research Council del Reino Unido, o Vinnova de Suecia. Los gobiernos de EEUU, Suecia, Alemania, Canadá o Australia hicieron frente a la reciente crisis económica aumentando la inversión en ciencia, al contrario que España.
Para revertir esta situación convocamos a todos aquellos que trabajamos en la investigación, a la universidad española y a todos los ciudadanos comprometidos con el futuro de nuestra sociedad a suscribir este manifiesto y a participar en la Marcha por la Ciencia. Porque invertir en ciencia es invertir en el país. Porque sin ciencia no hay futuro.
Por todo ello convocamos el día 22 de abril a las 12 horas a participar en la Marcha por la Ciencia, que en Madrid partirá del Mº de Educación, Alcalá 34, para finalizar en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, c/ Alcalá 5.
Marchas semejantes están en preparación en diversas ciudades españolas.
7 de Marzo de 2017
TEXTO DE CUPUMA
Anteproyecto de la EMES
Por fin el anteproyecto de la EMES ha sido dado a conocer –de momento solo a los Rectores- por la CAM. Consta de 81 páginas, y 124 artículos. El escaso tiempo que el texto obra en nuestro poder y la extensión de la normativa, imposibilitan un análisis pormenorizado de su contenido, que una vez más CUPUMA se compromete a llevar a cabo en un plazo lo más breve posible.
Pero lamentablemente ya podemos afirmar que las peores previsiones que habíamos hecho, tienen cumplida desarrollo en la EMES. Y como ahora ya no se trata de hacer alusión a planteamientos genéricos que pueden dar lugar a interpretaciones diferentes –e interesadas- todas las cartas están sobre la mesa. El intento de cambio de modelo hacia una universidad gerencial se confirma plenamente y una vez más la CAM servirá de ensayo para un cambio de modelo de la universidad en todo el país.
La modificación se articula sobre varios planteamientos claves que ya apenas enmascaran la existencia de universidades de primera y de segunda a la que una denominada financiación por objetivos trata de afianzar y consolidar. Se prioriza y apuesta por la competitividad en lugar de la colaboración, y se establece una diferenciación entre profesores docentes y profesores investigadores, estableciendo incluso una jerarquización demencial entre ellos en beneficio de la investigación.
Lo que deja claro la EMES es que la imposición de la Universidad gerencial, se va a llevar a cabo fundamentalmente a través de la financiación y la gobernanza. Por primera vez la EMES aborda el tema con una cierta concreción y habla de que han existido recortes, a la vez que niega-con absoluto descaro- la evidente incidencia de estos recortes en la calidad de la enseñanza .
El planteamiento es muy evidente:
“Sin abandonar la cuestión de la financiación, la ley es el resultado de la ponderación de dos ideas que entran en conflicto. De un parte, el convencimiento de que una adecuada dotación económica es imprescindible para que la modernización del Espacio Madrileño de Educación Superior sea exitosa. Por otra parte, no puede perderse de vista que pronto se cumplirán diez años desde el estallido de la crisis económica y que esta aún constriñe la actuación de los poderes públicos. Como se ha dicho, es necesario sopesar ambas circunstancias, por lo que las restricciones presupuestarias actuales no pueden llevarnos a posponer el diseño del sistema de financiación de las universidades públicas al momento en que podamos certificar el final de la crisis. Imperativos elementales de racionalidad y buena administración exigen tener preparado el modelo para cuando la ansiada recuperación económica llegue también a las arcas públicas. En ese momento, la Comunidad de Madrid deberá estar preparada. También las universidades deben conocer con antelación el modelo de financiación para poder adaptarse a tiempo. En esencia, el sistema de financiación diseñado combina una aportación básica de recursos con otra de carácter variable. Para el futuro se considera más eficiente para los propósitos de modernización educativa que los incrementos en la financiación universitaria se canalicen fundamentalmente a través de financiación variable que incentive la adopción de las mejores prácticas internacionales, la mayor competitividad de nuestros centros, la apertura al exterior, en fin, la mejora en la calidad del sistema universitario.”
Los objetivos están claros. Como la crisis, servirá de excusa para justificar-donde convenga- las insuficiencias de financiación de la Universidad Pública, las preferencias de la EMES queda claro que responden a planteamientos de financiación. A través de la financiación se consagrara la existencia de universidades “básicas“ y “de excelencia”.
La preferencia de la investigación sobre la enseñanza responde a que la investigación puede ser-o al menos eso pretende- una importante fuente de financiación. Y finalmente “la flexibilidad” en la contratación permitirá aupar a los afines y prescindir de los críticos, en un primer paso hacia la progresiva desaparición del funcionariado en la Enseñanza Superior.
La EMES plantea las bases de una nueva forma de entender la Universidad, que nos afecta inevitablemente a todos. Las consecuencias de esta nueva legislación es algo que tenemos que discutir entre todos los afectados y CUPUMA considera que es absolutamente imprescindible hacerlo en los departamentos, juntas de facultad/escuelas, claustros, asociaciones de alumnos, plataformas unitarias, etc, antes de que nos encontremos con los hechos consumados.
7 de Marzo de 2017
Borrador de anteproyecto de ley del espacio madrileño de educación superior
Anteproyecto de LEMES (marzo modificado)
3 de Marzo de 2017
Huelga general estatal de educación – 9 de marzo
21 de Febrero de 2017
TEXTO DE CUPUMA
A propósito de las elecciones en la URJC
Un análisis -superficial, pero verdadero- de lo ocurrido con el Rector de una de las seis Universidades Públicas madrileñas, se puede quedar en la desvergüenza de un rector que plagia sistemáticamente, asciende a catedrático y más tarde a rector gracias a esos plagios y no lo reconoce.
El otro elemento relevante sería la aparentemente inexplicable serie de excusas- la mayor parte de ellas incoherentes y algunas contradictorias- con que las autoridades “competentes” han tratado de justificar su bochornosa (no)intervención. Ahondando en el planteamiento cabe hacerse dos preguntas:
1) ¿Hasta qué punto es representativo su caso de la situación de la Universidad Pública actual?
2) Necesaria e inevitablemente relacionada con la anterior: ¿Qué se esconde tras las excusas esgrimidas por las autoridades académicas y políticas?
Confundiendo los términos, algunos defensores de la Universidad Pública han tratado de decir que se trata de un caso lamentable, pero en nada representativo de la misma y que afirmar lo contrario es hacer el juego a los que pretenden acabar con ella.
CUPUMA discrepa necesariamente de semejante interpretación y cree que lo que de verdad perjudica a la Universidad Pública son los rectores plagiarios y sus colaboradores, junto con aquellos que utilizan torticeramente la autonomía universitaria para evitar e impedir dar las explicaciones a las que está obligado todo servidor público.
Es muy difícil,-quizá habría que precisar que literalmente inconcebible- defender que transcurridos tres meses desde que se descubriera el primer plagio, no haya ocurrido absolutamente nada verdaderamente relevante.
Es cierto que la URJC, nacida como Universidad del PP, siguiendo las enseñanzas y los designios de Villapalos, (cuando pasó de Rector de la UCM a consejero de Educación de la CAM) no resulta especialmente representativa de la Universidad Pública.
Pero no es menos cierto que sin el apoyo de todos los estamentos oficiales-tanto universitarios como autonómicos y estatales-, hubiera sido imposible la numantina resistencia a dimitir del rector plagiario. Cuando la situación en la opinión pública, junto a la presión de los medios de comunicación se hizo insostenible, Suarez no tuvo más remedio que renunciar a presentarse a la reelección, pero en cambio adelantó las elecciones y se negó de nuevo a dimitir.
¿Cuál era el objetivo de semejante operación? La respuesta es evidente: mantenerse en el poder. Si Suarez no podía repetir como Rector, era imprescindible asegurarse, por encima de todo, que su sucesor fuera de su “cuerda”.
Y se pacta tanto el adelanto de las elecciones –al 15 de Febrero- como el sustituto del Rector plagiario. A Suarez se le permite que siga siendo Rector a cambio de que garantice su sucesión, manteniéndose vigilante al frente del proceso que culminará con la elección de un sucesor adecuado.
En el caso de un Rector tan aficionado al plagio como a la “postverdad”, puede resultar sorprendente que, a veces, el afán de defender lo indefendible le lleve a obviar la habitual y pertinaz mentira, y argumentar algo que, desventuradamente, es cierto: “El rector se siente completamente apoyado por los altos cargos de la Universidad Rey Juan Carlos y por todos los políticos del Partido Popular que han impulsado esta institución durante años”.
Para que todo este plan resultara viable era imprescindible que contara con la aquiescencia y la colaboración de todos aquellos que están por encima de Suarez. Y eso explica la sorprendente unanimidad en no querer intervenir para nada en el problema, de una cadena de “mando” que incluye al consejo de gobierno de la URJC, la CRUMA, la CRUE, la ANECA, el consejero de Educación de la CAM, la presidenta de la CAM, y que cierra el Ministro de Educación.
Una vez más los que han hecho un mínimo movimiento ha sido cuando la situación era ya imposible, y empezaba a suponer un serio peligro para ellos mismos. Hay que reconocer que si toda la cadena se pone de acuerdo para salvar al rector plagiario, es que su caso es desventuradamente mucho más representativo de lo que a algunos les gustaría reconocer.
Por otra parte alguien tendría que explicar cómo es posible que la URJC no haya sido capaz en tres meses de emitir un informe- no está claro siquiera si la comisión aprobada se llegó a constituir- y sin embargo la Universidad de Barcelona ya ha emitido un informe en la que a juicio de los expertos, “los artículos firmados por el Dr. Suárez son una copia sustancial, literal, total, consciente y mecánica.” e incluso recomiendan a los afectados que procedan penalmente contra el plagiario.
El miércoles se llevó a cabo la elección adelantada a Rector, y todo salió según lo previsto por las alturas. Rosa Berganza la única adversaria del candidato protegido de Suarez, Javier Ramos, había afirmado textualmente: “Mi universidad funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso”. Los hechos le han dado la razón.
Como adecuado broche final de su mandato, Suarez,-siguiendo los precedentes de UPM y la UCM- ha permitido que la Policía entrara en el campus, puesto que unos estudiantes repartían información sobre las inminentes elecciones.
Los resultados de las elecciones ha arrojado un resultado que va a permitir que el “gobierno” de Suarez –y sus protectores- se perpetúe por persona interpuesta.
Ramos ha obtenido el 58,3 % de los votos, Berganza el 41,7 %, tras la ponderación de los votos, puesto que en votos emitidos –excluyendo nulos y en blanco- Berganza obtuvo el 61 %, y Ramos el 39 %.
El último adversario –que fue derrotado, evidentemente, por el rector plagiario- David Ríos vio como 11 profesores de su departamento fueron despedidos. ¿Sucederá algo similar en esta ocasión? ¿Es ese el aviso que Suarez y sus mentores quieren trasladar al resto de las Universidades Públicas de la CAM?. En ese caso ¿estamos dispuestos a consentirlo? ¿Acataremos sumisamente semejante “indicación”?.
01 de Diciembre de 2016
TEXTO DE CUPUMA
URJC: poniendo a punto el ensayo general.
Lo acaecido con el comportamiento y la actuación de la URJC, y especialmente con la inenarrable actuación de su Rector, supone un espectáculo tan ignominioso, que inevitablemente ha levantado una enorme polvareda. Pero resulta muy preocupante la posibilidad de que lo escandaloso de los hechos, nos haga perder de vista la gravedad y trascendencia de lo que semejante proceder ha puesto en evidencia.
Más allá de una defensa obscena, mentirosa, y autodescalificante del plagio, los incidentes han servido para poner de manifiesto el funcionamiento habitual y reiterado de una de las seis universidades públicas existentes en la Comunidad de Madrid.
El día 1 de marzo de 2011 el ministro alemán de Defensa, Karl-Theodor su Guttenberg, se vio obligado a presentar su dimisión, a partir de que los periódicos alemanes difundieran la noticia de que había plagiado algunos párrafos de su tesis. Por su parte, la Universidad de Bayreuth, donde el ministro presentó su trabajo, decidió demandarlo por atentar contra la ley de propiedad intelectual, y por falso juramento.
Frente a este proceder, en la bochornosa declaración institucional de Fernando Suarez ante el consejo de Gobierno de su Universidad, el Rector afirma:
“Todos Uds. han sido testigos del nuevo episodio de difamación y acoso que ha sufrido la universidad en los últimos días. Una vez más “los de siempre” están tratando de perjudicar la magnífica labor de la urjc.”
Ahora resulta que los problemas derivados de su incontrolada y permanente afición a los plagios, son la consecuencia de la difamación de unos desalmados, integrantes de la omnipresente conspiración judeomasonica, que han sido capaces de inventarse siete plagios distintos, totalmente ajenos a los hechos y las intenciones del plagiador Suarez.
En su defensa vergonzosa de los plagios, además de aducir mentiras y manipulaciones varias, el rector se ha permitido el lujo de argumentar lo siguiente: “Es posible que se hayan podido producir disfunciones, porque soy humano y porque trabajamos con mucho material de aluvión, y en equipos de investigación”. Ahora, gracias al PP, sabemos no solo que la corrupción está en la condición humana, sino que también la afición al plagio, forma parte de esa condición humana. Pero además Fernando Suarez no duda en afirmar que los equipos de investigación tratan con mucho material de aluvión como explicación-justificación científico-personal, lo que supone, sin el menor género de dudas, lanzar un misil de largo alcance contra el rigor de la investigación que debe presidir siempre el trabajo en la universidad.
La continuación de la argumentación de Suarez es digna de tener muy en cuenta:” Tengo 4 sexenios y he hecho tres oposiciones, y es una falta de respeto a los que me valoraron, y al propio sistema de evaluación del profesorado.” Por una vez – y, por supuesto, sin que sirva de precedente- , puede que el Sr. Rector tenga su parte de razón. Si las investigaciones plagiadas fueron valoradas positivamente a la hora de adjudicarle las sucesivas plazas, y sexenios, parece algo más que razonable, entender que eso puede poner en entredicho tanto la capacitación del opositor, como igualmente tanto un sistema de evaluación, como los ejecutores que permitieron y posibilitaron que semejantes personajes pudieran ser promocionados reiteradamente con semejantes méritos.
La reacción del resto de responsables de la Universidad agrava aún máss el tema. Si con siete plagios documentados, – a día de hoy ya son ocho- Suarez no estaba en manera alguna dispuesto a explicar sus “disfunciones” ni a la ciudadanía, ni a la comunidad universitaria, ni la CRUE, ni la CRUMA- conferencias de rectores de las universidades españolas y madrileñas presidida respectivamente por Segundo Piriz y Carlos Andradas — consideraban que tenían nada que opinar sobre un comportamiento que atacaba directamente el corazón y el modelo de la Universidad Pública.
Por si aún no estuviera suficiente claro el acuerdo de mantener a cualquier precio la ley del silencio, “el ministro no conoce el tema” y “Cristina Cifuentes no encuentra la motivación ni el tiempo para hablar de una universidad que financia con 123 millones al año y que contrató irregularmente a su hermana” (1).
La guinda del pastel la han colocado la mayor parte de los partidos políticos que con la desvergonzada excusa de la autonomía universitaria, se oponen a que el consejero Van Grieken –antiguo director de la ANECA cuando era profesor en la URJC- explique las medidas que ha tomado y piensa tomar sobre el tema de los plagios de su colega y compañero en el equipo rectoral en la Universidad Rey Juan Carlos.
Finalmente lo más preocupante y sorprendente pueda resultar comprobar que la propuesta del PP para la Universidad Pública lleva ya algún tiempo siendo parcialmente probada, impulsada y ensayada en algunas universidades, y muy particularmente-compañeros de partido y de Universidad, obligan-en la URJC.
Si analizamos con detenimiento las propuestas que la LEMES desliza, nos encontramos que curiosamente, algunas de las de mayor calado, tienen ya sus precedentes en la universidad del PP. Como por ejemplo la creación de nuevas figuras contractuales, fundamentalmente circunscritas a los denominados profesores agregados, que sin necesidad de ser funcionarios, poseen competencias y emolumentos equivalentes a los de los titulares y catedráticos. El problema para la nueva figura que propugna la LEMES es que como en este caso, no existe figura legal que pueda tener una similitud razonable, se lleva a cabo una especie de ensayo general con la figura del profesor visitante, y la carambola se completa aprovechando la ocasión para que Margarita Cifuentes , la hermana de la presidenta de la CAM, se promocione de PAS a PDI.
La trampa es demasiado burda y queda rápidamente al descubierto con la mera transcripción del artículo 54 de la LOU: « La contratación de Profesoras y Profesores Visitantes se ajustará a las siguientes reglas: a) El contrato se podrá celebrar con profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros. b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes o investigadoras a través de las que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la universidad. c) El contrato será de carácter temporal con la duración que se acuerde entre las partes y dedicación a tiempo parcial o completo.».
Los incumplimientos de la normativa son tan evidentes como descarados. Margarita Cifuentes, PAS hasta la lectura y aprobación de su tesis- dirigida, “casualmente” por el rector plagiador Fernando Suarez- nunca (al menos hasta su contratación como profesora visitante en la URJC) había dado una sola clase, con lo que difícilmente pudiera considerarse incursa en el apartado “Profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades o centros de investigación”, y la finalidad del contrato “que se aporten los conocimientos y la experiencia docente e investigadora de los indicados profesores a la Universidad” no parece que tuviera ninguna posibilidad de llevarse a cabo en la presente oportunidad. Quizá para facilitar la ardua tarea que la aguarda como profesora visitante primeriza, la profesora Cifuentes comparte departamento con el eximio Francisco Marhuenda que en el tiempo que le deja libre la dirección de “La Razón“ y sus numerosísimas colaboraciones en sus tertulias televisivas, también –una vez más por casualidad- da clases en la URJC.
Pero resulta que semejantes practicas – con un innegable tufillo de fraude de ley- no son un caso puntual, poco frecuente, excepcional, como podría pensarse dadas las características propias de la figura. Por el contrario, resulta especialmente significativo que mientras en la gran mayoría de las universidades públicas de nuestro país, el porcentaje de profesores visitantes supone aproximadamente un 1%, en la URCJ se encuentra en torno al 20%.
La contratación de profesores visitantes -con la actual legislación- depende exclusivamente del Rector del centro, que los nombra de forma discrecional, sin necesidad de convocatoria de concurso público, y sin estar obligado siquiera a hacer públicos esos nombramientos.
¿Podría entenderse la utilización de la figura de profesor visitante por parte de la URJC como una especie de adelanto del agregado que propugna la LEMES?. Hay suficiente número de similitudes, y sobre todo de coincidencia en los objetivos, como para que haya motivos para poder responder de forma afirmativa. Pero la generalización de la designación de profesorado agregado a dedo, no será tan sencilla de lograr, dado que no resulta legalmente posible llevar a cabo una mera trasposición de unas figuras docentes e investigadoras a otras.
La pregunta básica sería: ¿Quién decide a quien se contrata y en base a qué criterios? Aquí de nuevo queda clara la verdadera intención de crear una carrera paralela que no solamente escape al control de las Universidades, sino también al de la propia ANECA. Y por eso cobra todo el sentido un nombramiento como el de Rafael Van Grieken como consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Casualmente Van Grieken era director de la ANECA hasta su nombramiento y ahora parece que su ocupación prioritaria será poner a punto la ANECA autonómica, la Fundación Madri+d, para controlar la entrada y promoción de todos los que lleguen a la universidad a través de la vía paralela, pero obviando los planteamientos de igualdad, mérito y capacidad que consagra la Constitución, pero que la propuesta de la CAM,. incumple e ignora.
Si querernos hacernos una idea del modelo de Universidad Pública que propugna la LEMES. sugerimos que quizá sea una idea fructífera volver la vista hacia la Universidad más cercana al PP, la que a lo largo de estos años, ha servido, tanto de modelo, como de banco de pruebas en el que ir afinando las propuestas que el PP pretende testar en la Comunidad de Madrid, para exportar a continuación al resto del país. Aunque parece obvio que la carrera la domina con ventaja la URJC, a juzgar por el comportamiento de la CRUMA, cabe deducir que ninguno de sus integrantes está dispuesto a quedarse rezagado a la hora de hacer méritos ante Cristina Cifuentes. Quizá no olvidan que ella tiene la llave de la financiación y que está dispuesta a utilizarla, imponiendo un nuevo modelo de financiación –llamémosle gerencial- en la LEMES.
- Raquel Ejerique :”Asi se gesto la noticia del Rector plagiador” El diario.es 26-11-2016,
http://www.eldiario.es/zonacritica/gesto-noticia-plagio-rector_6_584501555.html
24 de Octubre de 2016
Nueva ley de Universidad de Madrid: Análisis y debate. 2 de Noviembre.
26 de Septiembre de 2016
Manifestación: Sin ciencia no hay futuro. 30 de Septiembre.
26 de Septiembre de 2016
Convocatoria de Marea Roja. 30 de septiembre.
MANIFIESTO
Se festeja en Europa la “Noche de los investigadores”, y en España el sector científico se levanta, por tercera vez, en forma de Marea Roja de la Ciencia. En efecto, lejos de mejorar, la situación del sector científico sigue siendo lamentablemente precaria. Nos levantamos colectivamente, ya que la actividad científica es una labor necesariamente colectiva y colaborativa: los investigadores, aislados, tendrían poco que hacer. Esta celebración, por tanto, ha de incluir al personal de gestión y de apoyo técnico, a las contratas de seguridad y de limpieza, al personal en formación y contratado, sea pre- o postdoctoral, y a los estudiantes universitarios. Sin embargo, la pregunta es: ¿hay algo que celebrar?
La respuesta, por desgracia, es negativa. Las principales reivindicaciones del sector, reiteradas durante años, no se han atendido, convirtiendo en crónicos algunos de los problemas. La penuria de la época de crisis gestionada a base de recortes se mantiene: hay que recordar que desde 2009 España ha reducido la inversión en I+D+i desde el 1,45% del PIB hasta el 1,25% mientras que la media Europea ha ascendido hasta situarse en torno al 2%. Incluso las reorganizaciones o cambios sin coste que se demandaban, tampoco han llegado.
La ciencia y la investigación constituyen una oportunidad de avanzar a un futuro más justo y sostenible. Para ello, necesitamos que los sucesivos gobiernos incluyan la rueda de la ciencia en el carro de la cultura española. Esta transformación del modelo de país, que como se ha comprobado durante los últimos años, es tan necesaria, no se ha producido hasta el momento, y ni siquiera se perciben indicios de dicho cambio.
No solamente desde el punto de vista de la cultura es importante la ciencia, también desde el punto de vista del empleo. Con la actual situación de paro y precariedad, una salida justa de la crisis, generando empleo de calidad y sostenible, sólo es posible si apostamos decididamente por la ciencia y la investigación. No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes se vean obligados a emigrar debido a la falta de empleo de calidad. No podemos permitirnos un país en el que sólo se trabaje en navidades y en verano.
¿Qué requerimos, una vez más, de nuestros gestores o responsables políticos? ¿Qué requerimos, ya que estamos en democracia, de nuestros conciudadanos?
- El sector científico reclama un modelo radicado claramente y primariamente en la generación de conocimiento. Sobre esta base se ha de construir una sociedad más desarrollada y más sostenible, una ciudadanía más formada, más crítica y, por tanto, más libre.
- Reclamamos carreras científicas claramente definidas, estables y dignas para todo el sector: personal en formación, de apoyo, administración, ayudantes, técnicos, titulados, gestores e investigadores. Esto incluye, prioritariamente, la conciliación de la vida laboral y familiar. El carácter vocacional de la ciencia no debe diferenciarnos del resto de profesiones en ese aspecto.
- Pedimos el reconocimiento al desempeño y el esfuerzo del personal del sector científico. Admitimos la importancia de la fiscalización y evaluación de nuestro trabajo, pero a la vez pedimos que se nos reconozcan el esfuerzo y la dedicación, facilitando incentivos y promociones adecuadas. Por otro lado, reclamamos carreras científicas no dirigidas al liderazgo de grupos de investigación: es insostenible que todos los contratados postdoctorales tengan que competir por plazas de jefes de grupo como única opción para poder consolidar su puesto de trabajo.
- Financiación pública de la investigación independiente de los devenires políticos, en la que se contemplen convocatorias competitivas regulares para la mejor planificación de la investigación. Esta financiación ha de ser suficiente, adecuada y en consonancia con los objetivos propuestos.
- Eliminación de la cofinanciación de proyectos de investigación y de contratos de personal científico y de apoyo, que ahoga a los pequeños/medianos grupos y/o centros. Los programas de financiación deben incluir los fondos necesarios para cubrir los gastos reales.
- Separación clara de los fondos para investigación pública y privada, así como para la investigación “civil” y la militar. Las cifras no deben maquillarse con fondos supuestamente puestos a disposición de entidades que no hacen uso de los mismos.
Esperamos que en futuras “celebraciones” podamos haber tachado alguno de los puntos de estas reivindicaciones básicas, lo que no ha sido el caso en los últimos años. Es necesario que nos movilicemos por hacer ver que
SIN CIENCIA NO HAY FUTURO
Marea Roja
02 de Septiembre de 2016
Reunión urgente: profesores, estudiantes y PAS
El proyecto de nueva ley de Universidades de la CAM, supone otro demoledor ataque a lo que muchos entendemos que son los pilares del modelo de Universidad Pública. La propuesta de la CAM como ya hemos comentado (1), pretende prioritariamente socavar los cimientos sobre los que fue erigida la Universidad Pública, y sustituirlos por planteamientos coincidentes con los que rigen las Universidades Gerenciales o las Universidades Privadas.
Es tan urgente como indispensable que todos, profesores, estudiantes y PAS de las Universidades Públicas de Madrid nos aprestemos a defender nuestra Universidad y lo hagamos todos unidos. Para ello hemos reservado el Salón de actos de la Escuela EUIT Agrícola (UPM). Metro: Ciudad Universitaria el jueves 8 de septiembre a las 17:00 para realizar una reunión abierta, para debatir, hacer propuestas, organizarnos y plantear cual es la manera más eficaz de luchar para frenar esta ley.
Os animamos a participar y a que difundáis la convocatoria de la reunión para que sea un éxito.
- http://www.cupuma.org/documentacion/documentacion-general/ – Análisis pormenorizado del texto presentado por la CAM sobre la ley de Universidades
28 de julio de 2016
TEXTO DE CUPUMA
Objetivos y herramientas propuestos para implantar un nuevo modelo de universidad en el proyecto de ley de la CAM
Quede claro que con el presente texto, CUPUMA no pretende más que iniciar el desbroce de un camino, que obligatoriamente tendremos que recorrer entre todos, si queremos impedir que se confirme la amenaza que se cierne sobre todos nosotros.
Como casi siempre -y mucho más en esta época de reinado absoluto del eufemismo más mistificador-, los objetivos que se afirma alcanzar, pueden ser considerados razonables: “El objetivo principal es generar un consenso estable sobre los grandes objetivos que debe perseguir la Enseñanza Superior en la Comunidad de Madrid y las herramientas básicas para conseguirlos”.
El problema es que siendo posible compartir los objetivos, analizando los medios que se pretenden utilizar para lograrlos, nos encontramos con frecuencia con la aparición de numerosas contradicciones, consecuencia inevitable de que las herramientas previstas para alcanzar el objetivo, delatan claramente sus verdaderas intenciones.
Las 53 páginas de que consta el proyecto que se presenta como punto de partida para la nueva ley de Universidades de la CAM, dibujan un panorama aterrador para el porvenir de la Universidad Pública. La propuesta de la CAM pretende prioritariamente acabar con los pilares sobre los que fue erigida la Universidad Pública, y sustituirlos por planteamientos de lo que se podría llamar Universidad Gerencial o Universidad Empresarial, que es otro eufemismo de la Universidad Privada.
Porque el verdadero fondo de la cuestión es el concepto, el modelo de Universidad. Y las dos alternativas posibles son, o la Universidad entendida como servicio público, o la universidad concebida como EMPRESA. En la primera opción predomina el interés público y en la segunda el interés privado, el beneficio, el mercado. Son dos modelos de Universidad que en teoría se corresponden con los de Universidad Pública y Universidad Privada en la que la Universidad Gerencial estaría planteada como un inevitable paso intermedio.
La autonomía universitaria, consagrada por la propia constitución, es en estos momentos el mayor problema para poder conseguir ese cambio de modelo. La CAM parece opinar lo mismo y por lo tanto ese será su principal objetivo y la mayor parte de las “sugerencias” van en el sentido de sustituir la autonomía universitaria por un control absoluto por parte de la CAM.
El control se establece fundamentalmente a través de cuatro instrumentos:
- La financiación. : “la futura ley debería contener el marco general en el que se desarrolle la financiación universitaria, distinguiendo esencialmente tres fórmulas: la directa de carácter básico, la que se canaliza a través de contratos programa, y la financiación atribuida mediante convocatorias competitivas”
Aquí ya nos encontramos con la primera apuesta decisiva. Entre la opción de que cada universidad disponga de la financiación que necesite, y la de que compitan entre ellas por cualquier medio para conseguir alcanzar la mayor parte del botín, se elige claramente la segunda.
2.- Profesorado: Muy posiblemente la parte más significativa de la propuesta. Se plantea una radical trasformación del trabajo y la función del profesor a través de un doble camino:
- a) dentro de las estructuras actuales. La mayor novedad supone la creación de diferentes tipos de profesores, fundamentalmente dos: profesores docentes y profesores investigadores. Pero aún más grave que esto supone la jerarquización que establece entre ellos, con clarísima preeminencia a favor de los profesores investigadores, puesto que consideran que tienen mayor capacidad de aportar financiación externa. Es decir que los profesores de primera- investigadores- verán reducida su docencia, incluso hasta su llegar a su absoluta desaparición, mientras que los de segunda –docentes- irán aumentándola progresivamente para lograr consolidar la desvinculación docente de los investigadores.
- b) A través de la creación de nuevas figuras contractuales, fundamentalmente la creación de los denominados profesores agregados, que sin necesidad de ser funcionarios tendrán competencias y emolumentos equivalentes a las de titulares y catedráticos.
- Sistema de Gobierno: refuerzo y control de los órganos menos democráticos de la Universidad como el Consejo Social.
Del análisis del texto se puede concluir que el objetivo previsto de controlar los Consejos Sociales -y a través de ellos, las Universidades Publicas- tiene un alto porcentaje de probabilidades de alcanzar su objetivo, como también el de contribuir a la desaparición de los cada vez más escasos reductos democráticos que aún restan en las Universidades Publicas.
4.-La falta de trasparencia. Ahora ya nadie puede decir que no está a favor de la transparencia-existe una ley en vigor sobre el tema-, pero inevitablemente aparecen las contradicciones: Hablando de un nuevo órgano que pretende crear afirma: ”El consejo académico debería estar integrado por académicos ajenos a la propia universidad, preferiblemente que no desempeñen su actividad en España. Además, la experiencia enseña que este tipo de órganos puede inhibirse en la sinceridad del análisis o recomendaciones si sus documentos son públicos, por lo que debería contemplarse que tales documentos solo fueran accesibles para el consejo social y el equipo de gobierno de la universidad.”
Pero no es el único caso: “El consejo social debe poder dirigir recomendaciones y propuestas a los órganos de gobierno de la universidad y decidir si las hace públicas o no.” De nuevo aparece la contradicción: los representantes de la ciudadanía teniendo -y con toda probabilidad ejerciendo- la opción de negarse a hacer públicas sus propuestas y recomendaciones, impidiendo que sean conocidas precisamente por los ciudadanos –y por los miembros de la comunidad universitaria- a los que teóricamente deben y dicen representar. Falta absoluta de transparencia. Incoherencia. Opacidad total.
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CUPUMA ha recibido numerosas sugerencias que planteaban la posibilidad de convocar una reunión para ver cómo afrontar el tema y plantear alternativas. Estamos trabajando para intentar reunir a miembros de los tres colectivos (PDI, PAS, Estudiantes) probablemente el próximo 8 de septiembre, jueves con la finalidad de ponernos de acuerdo en el camino más idóneo para conseguir una Universidad Pública, de calidad, de todos y para todos. Cuando estén confirmados todos los datos os informaremos puntualmente.
28 de julio de 2016
TEXTO DE CUPUMA
Análisis pormenorizado del texto presentado por la CAM sobre la ley de Universidades
De acuerdo con el compromiso contraído por CUPUMA en su último comunicado trataremos de entresacar y dibujar con claridad las líneas maestras del texto que la CAM propone como base para su nueva ley de Universidades.
Como casi siempre -y mucho más en esta época de reinado absoluto del eufemismo más mistificador-, los objetivos que se afirma alcanzar, pueden ser considerados razonables: “El objetivo principal es generar un consenso estable sobre los grandes objetivos que debe perseguir la Enseñanza Superior en la Comunidad de Madrid y las herramientas básicas para conseguirlos”.
El problema es que siendo posible compartir los objetivos, analizando los medios que se pretenden utilizar para lograrlos, nos encontramos con frecuencia con la aparición de numerosas contradicciones, consecuencia inevitable de que las herramientas previstas para alcanzar el objetivo, delatan claramente sus verdaderas intenciones.
Las 53 páginas de que consta el proyecto que se presenta como punto de partida para la nueva ley de Universidades de la CAM, dibujan un panorama aterrador para el porvenir de la Universidad Pública. La propuesta de la CAM pretende prioritariamente acabar con los pilares sobre los que fue erigida la Universidad Pública, y sustituirlos por planteamientos de lo que se podría llamar Universidad Gerencial o Universidad Empresarial, que es otro eufemismo de la Universidad Privada.
Porque el verdadero fondo de la cuestión es el concepto, el modelo de Universidad. Y las dos alternativas posibles son o la Universidad entendida como servicio público o la universidad concebida como EMPRESA. En la primera opción predomina el interés público y en la segunda el interés privado, el beneficio, el mercado. Son dos modelos de Universidad que en teoría se corresponden con los de Universidad Pública y Universidad Privada en la que la Universidad Gerencial estaría planteada como inevitable paso intermedio.
La autonomía universitaria, consagrada por la propia constitución, es en estos momentos el mayor problema para poder conseguir ese cambio de modelo. La CAM parece opinar lo mismo y por lo tanto ese será su principal objetivo y la mayor parte de las “sugerencias” van en el sentido de sustituir la autonomía universitaria por un control absoluto por parte de la CAM.
El control se establece fundamentalmente a través de cuatro instrumentos.
- La financiación. : “la futura ley debería contener el marco general en el que se desarrolle la financiación universitaria, distinguiendo esencialmente tres fórmulas: la directa de carácter básico, la que se canaliza a través de contratos programa, y la financiación atribuida mediante convocatorias competitivas”
Aquí ya nos encontramos con la primera apuesta decisiva. Entre la opción de que cada universidad disponga de la financiación que necesite y la de que compitan entre ellas por cualquier medio para conseguir alcanzar la mayor parte del botín, se elige claramente la segunda. La financiación básica para todas las universidades nunca contara con dinero suficiente -y con las perspectivas que plantea actualmente Bruselas de cuantiosos recortes, muchísimo menos- y supondrá la progresiva desaparición de las Universidades “básicas” cuya financiación –o quizá solo una parte- irá a engrosar las universidades de “excelencia”.
Primer punto de discrepancia “básica”: se prefiere la competencia a la cooperación Como mi objetivo es conseguir llegar más arriba que tú , poner mis pies sobre tu cabeza, me garantiza plenamente alcanzar el objetivo.
Adentrándonos en la lógica de la propuesta, habría que preguntarse por los criterios con los que se deciden esos incentivos. Ahí la inconcreción es absoluta:
“Incentivos en la financiación de Universidades que adopten o demuestren buenas prácticas académicas, en función de parámetros objetivos.”
Como resulta obvio, plantear semejante criterio y no especificar absolutamente nada más, supone “adecuar” la financiación a las necesidades del gobierno del momento. La discrecionalidad total defendida por la CAM supone que queda absolutamente en sus manos la financiación de las universidades madrileñas. Y el panorama que dibuja es la existencia, en la práctica, de Universidades de primera y de quinta división, con la progresiva desaparición de estas últimas.
2.- Profesorado: Muy posiblemente la parte más significativa de la propuesta. Se plantea una radical trasformación del trabajo y la función del profesor a través de un doble camino:
- a) dentro de las estructuras actuales. La mayor novedad supone la creación –algo que amplia igualmente a las universidades a través de su “necesaria” especialización- de diferentes tipos de profesores, fundamentalmente dos: profesores docentes y profesores investigadores. Pero aún más grave que esto supone la jerarquización que establece entre ellos con clarísima preeminencia a favor de los profesores investigadores, puesto que consideran que tienen mayor capacidad de aportar financiación externa.
El texto habla de implantar medidas que faciliten “la dedicación preferente y especializada del profesorado a la docencia o la investigación, brindándole de esta manera la oportunidad de especializarse y de innovar en la docencia o la investigación, pues con carácter general resulta difícil compatibilizar la dedicación polivalente que hasta la fecha ha prevalecido.”
Es decir que los profesores de primera- investigadores- verán reducida su docencia, incluso hasta su absoluta desaparición, mientras que los de segunda –docentes- irán aumentándola progresivamente para lograr consolidar la desvinculación docente de los investigadores. Ni que decir tiene que los incentivos- y por lo tanto la posibilidad de mejorar condiciones laborales y salario- serán numerosos para los investigadores y prácticamente nulas para los docentes. De este proceso progresivo perfectamente diseñado, se deduce que la verdadera mejora de la calidad docente consiste en crear mecanismos para que una serie de investigadores “excelentes” consigan liberarse de sus tareas docentes.
- b) A través de la creación de nuevas figuras contractuales, fundamentalmente la creación de los denominados profesores agregados, sin necesidad de ser funcionarios pero con competencias y emolumentos equivalentes a las de titulares y catedráticos.
¿Quién decide a quien se contrata y en base a qué criterios? Aquí de nuevo queda clara la verdadera intención de crear una carrera paralela que no solamente escape al control de las Universidades sino también al de la propia ANECA. Y por eso cobra sentido un nombramiento como el de Rafael Van Grieken como consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Casualmente Van Grieken era director de la ANECA hasta su nombramiento y ahora parece que se encargara de poner a punto la ANECA autonómica, la Fundación Madri+d, para controlar la entrada y promoción de todos los que lleguen a la universidad a través de la vía paralela, pero obviando los planteamientos de igualdad, mérito y capacidad que consagra la Constitución, pero que incumple e ignora la propuesta de la CAM.
Algo similar se pretende hacer con los centros “de alta investigación” sobre los que solo la CAM tendrá control, y en los que igualmente podrá nombrar a sus integrantes al margen de los requisitos universitarios.
No deja de ser curioso que mientras se pone el acento sobre los profesores agregados y similares, ni se menciona siquiera la demencial situación del personal docente creada en las universidades madrileñas, la imprescindible estabilización del profesorado precario, la necesaria recuperación del profesorado que tuvo que abandonar la Universidad como consecuencia de unos recortes que según el Presidente del Gobierno ”nunca afectarían ni a la sanidad ni a la Educación”.
Por supuesto – y de forma plenamente coherente- las referencias a la situación del PAS y de los estudiantes son prácticamente inexistentes.
- Sistema de Gobierno: refuerzo y control de los órganos menos democráticos de la Universidad como el Consejo Social.
El Consejo Social, en teoría, el encargado de incorporar la sociedad civil al gobierno de las Universidades, se ha revelado inequívocamente a lo largo de los años como el más inútil e inoperante de los órganos de gobierno de las universidades, que se caracteriza además por el absentismo de sus integrantes, tanto en las reuniones propias como en aquellas de otros órganos de gobierno, en que alguno de sus miembros se hallaba incluido en representación del Consejo Social. Encargado de facilitar la financiación externa de las Universidades, no solo han incumplido este objetivo, sino que el fracaso es similar en casi todos aquellos cometidos que el ordenamiento jurídico le asigna.
La argumentación de la necesidad y funciones del consejo social fue el siguiente. Dado que se trataba de una entidad pública, tenía que haber una representación de la ciudadanía y por lo tanto tendrían que incluirse como representantes de los ciudadanos dirigentes de los bancos, las grandes empresas, los partidos y en menor medida los sindicatos. Y resulta extraordinariamente curioso y enormemente significativo que en los Consejos de las universidades Publicas-con la aquiescencia de las propias Universidades- se han repetidos nombres de aquellos que utilizaron las tarjetas black como consecuencia de su “condición” de consejeros de Bankia. Y a juzgar por lo que propone la Comunidad de Madrid, da toda la impresión de que se pretende repetir la jugada. Conviene no olvidar que ya en el informe de “los expertos” nombrados por Wert, se planteaba algo extraordinariamente similar, garantizándose que la mayoría de los integrantes del Consejo decisorio estuviesen nombrados por la propia CAM o por organismos dependientes de ella, con lo que garantizaba su absoluto control.
Ese tema no está suficientemente explicitado en el texto, por lo que resulta muy difícil emitir una opinión definitiva al respecto, pero si existen suficientes indicios que pueden sugerir por donde irán las verdaderas intenciones de la CAM. Se trata solo de algunos ejemplos, pero creemos que suficientemente significativos.
En el apartado X.2 se especifica que el número de sus integrantes debe de ser el mismo que el actual,- utilizando como justificación la peregrina teoría de que aumentar sus integrantes lo haría inoperativo- y a continuación afirma que “la composición de los consejos sociales debería abrirse a los antiguos alumnos de cada universidad”, lo que unido a la imposibilidad de aumentar el número hace que otros colectivos-¿los sindicatos?- se van a ver obligados a disminuir su representación. Sobre este tema remata:” La participación de los antiguos alumnos podría cifrarse en al menos uno por cada consejo social y la propuesta de su designación debería corresponder a un Consejo de Antiguos Alumnos”.
Un poco más adelante, desvela una parte de sus objetivos: “la Consejería propondría el nombramiento de cuatro consejeros y la Asamblea propondría tres, oído el rector de la universidad.”
“El Consejo Social –utilicemos como ejemplo el de la Universidad Complutense de Madrid- está compuesto en la actualidad por diecinueve personas: trece, representando los intereses sociales, y seis en representación de la Comunidad Universitaria.
La normativa de la CAM reza textualmente: “el Consejo Social se concibe como un órgano de participación de las instituciones sociales en la vida universitaria, especialmente en las actividades de carácter económico, y en una doble dirección: la promoción de la colaboración de entidades sociales y económicas en la financiación de la Universidad, y la supervisión de las actividades económicas de la misma.”
Creemos que resultaría difícil encontrar un caso tan evidente en que partiendo de una doble función teórica, únicamente se haya tomado en cuenta una de ellas, utilizando esa posibilidad de supervisión con la única intención de vigilar y cuidar, no los intereses de la sociedad, sino los de los partidos y empresas que representan, y donde el fracaso de la primera función haya sido tan absoluto y clamoroso.
Pero lo más significativo es la distribución que hace la UCM entre los representantes de los intereses sociales. Entre los 13 que les adjudica -más de dos tercios sobre el total de 19 que integran el Consejo- se encuentra el presidente que es directamente un político del PP, Carlos Mayor Oreja, hermano del que fuera ministro Jaime Mayor Oreja. Si el hecho de que haya ocupado numerosos altos cargos en la comunidad de Madrid-entre ellos consejero de Educación, y presidente del Canal de Isabel II-, puede ser altamente significativo, creemos que lo que resulta determinante para el adecuado desempeño de su cargo, es su condición de profesor y de Director General del CEU San Pablo, al igual que su puesto de consejero de la COPE. Obviamente se nos antoja muy difícil encontrar alguien que fuera “más idóneo” para defender la autonomía, y conseguir financiación para la Universidad Pública.
En estas condiciones y dado que el texto –muy prudentemente- omite totalmente si acepta, o no, la “recomendación de los expertos de Wert” de que el Rector no debe ser elegido por votación entre la comunidad universitaria, que además debe nombrar a dedo a los decanos y estos a su vez a los directores de departamentos, se puede concluir que el objetivo previsto de controlar los Consejos Sociales- y a través de ellos las Universidades Publicas- tiene un alto porcentaje de probabilidades de alcanzar su objetivo, como también el de contribuir a la desaparición de los cada vez más escasos reductos democráticos que aún restan en las Universidades Publicas.
4.-La falta de trasparencia
Uno de los métodos más eficaces – CUPUMA lo sabe perfectamente y lo ha comprobado fehacientemente en numerosas oportunidades, algunas muy recientes- de evitar actuaciones “irregulares” –incluso claramente ilegales-, especialmente en un país donde mentir con absoluto descaro, se ha convertido en algo cotidiano y sin ningún coste ni político ni penal, es exigir trasparencia, tanto en los procesos como en sus participantes.
A partir de la aprobación de la ley de trasparencia-diciembre de 2013- resulta difícil para un organismo público no defender teóricamente la trasparencia de su gestión. En el preámbulo de dicha ley se afirma textualmente: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política.”. Esto es la teoría. En la práctica –lo destapado recientemente por CUPUMA, así lo demuestra- es otra historia muy distinta. Dado que están convencidos de que el conocimiento público de la realidad no puede suponer más que problemas añadidos para sus intereses, se plantea la contradicción de defenderla teóricamente, pero a la vez poner todas las pegas posibles e imaginables para conseguir una verdadera opacidad. Por eso de vez en cuando les traicionan sus querencias. Entre las novedades que preconizan se encuentran la de la creación de un consejo académico:
” El consejo académico debería estar integrado por académicos ajenos a la propia universidad, preferiblemente que no desempeñen su actividad en España. Además, la experiencia enseña que este tipo de órganos puede inhibirse en la sinceridad del análisis o recomendaciones si sus documentos son públicos, por lo que debería contemplarse que tales documentos solo fueran accesibles para el consejo social y el equipo de gobierno de la universidad.”
Resulta extraordinariamente curiosa la argumentación utilizada para oponerse a la transparencia: “la experiencia enseña que este tipo de órganos puede inhibirse en la sinceridad del análisis o recomendaciones si sus documentos son públicos”. Hace una afirmación tajante, dando por inamovible algo lógicamente transitorio, y en lugar de plantearse resolver esa disfunción -es decir hacer que se acostumbren a trabajar con transparencia como obliga la ley- concluye con la solución de que solo el consejo social y el equipo de gobierno de la Universidad tengan acceso a esos documentos.
Pero la evidencia de que esta manera de pensar no afecta solo a este caso particular, sino que corresponde a una forma de pensar arraigada profundamente y que preocupa constantemente a los promotores del proyecto, lo demuestra el siguiente párrafo: “El consejo social debe poder dirigir recomendaciones y propuestas a los órganos de gobierno de la universidad y decidir si las hace públicas o no.”
Pero no es el único caso: “El consejo social debe poder dirigir recomendaciones y propuestas a los órganos de gobierno de la universidad y decidir si las hace públicas o no.” De nuevo aparece la contradicción: los representantes de la ciudadanía teniendo -y con toda probabilidad ejerciendo- la opción de negarse a hacer públicas sus propuestas y recomendaciones, impidiendo que sean conocidas precisamente por los ciudadanos –y por los miembros de la comunidad universitaria- a los que teóricamente deben y dicen representar. Falta absoluta de trasparencia. Incoherencia. Opacidad total.
La guinda del pastel en lo referente al control lo aporta otra interesante novedad –la medida supone además de un incremento presupuestario adicional, la posibilidad de duplicidad y colisión de competencias, en el contexto de una situación económicamente desfavorable- pero que resulta extraordinariamente interesante en cuanto a la revelación de los verdaderos objetivos:
“Para ejercer todas estas competencias de control, sería necesario que la Consejería de Educación crease, dotase y organizase un Servicio de Inspección Universitaria (o Servicio de Inspección de Enseñanzas Superiores) dentro de la Dirección General de Universidades e Investigación”. Mientras que determinadas mejoras no se pueden afrontar por falta de financiacion, parece ser que semejante problema es inexistente para las numerosas novedades -enormemente discutibles casi todas-que propone, a pesar de que algunas de ellas requieren cuantiosa financiacion. Y no existe la menor indicacion de que recortes adicionales seran precisos para implantarlas, pero al menos sus prioridades suponen toda una declaración de principios.
La conclusión provisional conduce inevitablemente a que estamos ante un intento de desembarco organizado, para una inequívoca toma del poder- por parte de la CAM-, de las Universidades Publicas. El precedente anterior de un planteamiento similar lo podríamos encontrar con lo ocurrido en las Cajas de Ahorro y creemos que la experiencia de Caja Madrid- Bankia, literalmente “asaltada y ocupada” por la CAM con los resultados que todos conocemos, es lo suficientemente significativa para que no sea preciso extenderse aquí sobre los grandes“beneficios sociales, economicos y políticos” que se derivaron de tan brillante planteamiento.
5 de julio de 2016
TEXTO DE CUPUMA
Se confirma «El asalto final»
Hay un dicho popular que asegura que las mentiras tienen las patas cortas. En este país, donde demasiados datos pueden hacer pensar que desafortunadamente eso solo se cumple en muy escasas oportunidades, hay ocasiones en que la verdad se cuela por las rendijas, dejando a la intemperie, y sin protección a los profesionales del disimulo, de las medias verdades, del eufemismo, y en (numerosas) ocasiones del falseamiento puro y duro de los hechos.
La airada y desproporcionada reacción de que hicieron gala, tanto desde el Rectorado de la UCM, como en la consejería de Educación de la CAM, ante el último comunicado “El asalto final” de CUPUMA, suponía un síntoma evidente de que nos habíamos acercado peligrosamente a la realidad tanto en nuestras certezas, como en nuestras -bien fundadas- suposiciones y conclusiones. Los datos han venido a darnos la razón pese al escaso tiempo transcurrido. A finales del mes pasado, la CAM empezó a distribuir su borrador de la ley de Universidades[1], con cuentagotas que –en oposición a la política de opacidad de los de siempre- nosotros hemos querido adjuntar al presente documento. Finalmente “el borrador que nunca existió” apareció y era real.
Su difusión ha servido para poner de manifiesto algunas “inexactitudes” en la versión previa de los hechos que habían mantenido algunos de los afectados. Para empezar la CAM desmiente la versión del Rector, y confirma la de CUPUMA:” Para el estudio de las líneas de reforma de la educación superior la Consejería de Educación, Juventud y Deporte pidió la colaboración de las universidades madrileñas, a través de los representantes que estas designaron, así como de distintos expertos y representantes de los estudiantes, a los que convocó para contrastar su parecer en diversas sesiones celebradas entre los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016”.
Pero eso no es todo: En una entrevista publicada el pasado dia 2 de Julio[2],- cuando ya hasta CUPUMA tenía en sus manos desde días antes el borrador de la nueva ley -, el Rector Andradas, inasequible al desaliento, respondía impertérrito a la pregunta:
“-La Comunidad de Madrid debe estar a punto de sacar el borrador de la nueva ley de universidades de la región. ¿Qué sabe de él?
-No creo que estén a punto de sacarlo, en ese caso algo nos habría llegado. Solo sabemos que la Dirección General de Universidades hizo reuniones a las que nos invitó. A algunas enviamos personas y a otras no porque teníamos nuestras diferencias con la universidades en cuanto a presupuestos, y les dijimos que mientras no se resolvieran determinadas cosas no acudiríamos a reuniones oficiales.”
¿Qué cabría decir ahora del rotundo “No hay negociación” con el que el Rector pretendía descalificar a CUPUMA.?
CUPUMA se siente en la obligación de expresar su más rotundo desacuerdo con un texto- que el Consejero pretende tener cerrado a finales de año,- que supone la confirmación del asalto final. Una ley que si consigue llevar a buen término sus pretensiones supondrá un golpe mortal para lo que se entiende -y entendemos- por Universidad Pública, y que reducirá a su mínima expresión tanto la democracia como la autonomía de las Universidades, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, como un Derecho Fundamental.
Que este proyecto de ley-como los últimos decretos- se conozca en pleno mes de Julio enlaza con la convicción franquista de que las leyes conflictivas en educación hay que plantearlas en época de vacaciones, y el PP siempre se ha distinguido por ser un fiel seguidor de aquellas “costumbres” que han demostrado su utilidad en el pasado.
La actual situación política del país, ha llevado al PP a la convicción de que será muy difícil que pueda volver a gobernar en solitario en España, y por tanto resulta apremiante llegar lo más lejos posible en la planificada privatización de lo público y profundizar en la acelerada trasformación de la educación en terreno abonado para el saqueo de unos pocos y en un próspero negocio para financiadores y “amigos”.
El proyecto, con claras muestras de haber sido retocado apresuradamente, está repleto de aparentes contradicciones. Por ejemplo, aboga por la participación de todos, pero deja claro que tanto en su concepción, como en su futura concreción no ha contado -y no piensa contar- mas que con unos pocos – y muy cuidadosamente elegidos –privilegiados “colaboradores”.
El rechazo de CUPUMA obedece a un doble motivo. De una parte por razones de procedimiento, y de otra por desacuerdo radical con su contenido. Siempre hemos sido partidarios de un proceso participativo, y por tanto contrarios a un simulacro con apariencia participativa. Resulta muy fácilmente detectable la herencia franquista en la utilización de las vacaciones, que garantiza tanto escasa difusión, como muy poca -y nada organizada- participación, descartando definitivamente un proceso participativo, ordenado y con verdaderas garantías.
Respecto al contenido, CUPUMA se compromete –y pide a todos los interesados que colaboren con su aportación- a enviar en el plazo de un par de semanas un análisis pormenorizado de los contenidos del texto, que contribuya a clarificar sus objetivos, y favorezca la obligada discusión, con la presencia de todos los estamentos, estudiantes, PAS, y PDI.
Resulta imprescindible que en los primeros días de septiembre, entre tod@s decidamos sobre la manera más idónea y eficaz de defender la Universidad Pública, no ya de presuntas amenazas futuras, sino de ataques presentes y asaltos reales e inminentes.
[1] Nos parece contribuir a la desinformación utilizar el pomposo, falso y eufemístico título que le da la CAM: LA MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR.
[2] http://www.eldiario.es/sociedad/reforma-UCM-titulaciones-puestos-trabajo_0_531597648.html
5 de julio de 2016
CUPUMA ha recibido esta comunicación de algunos profesores de las universidades de Madrid y considera que su contenido posee un innegable interés para la Comunidad Universitaria.
«Queridos compañeros;
El miércoles 29 de Junio recibimos un borrador de la consejería de educación llamado «La modernización del espacio madrileño de educación superior: ideas para el debate». Por lo que sabemos, la consejería quiere empezar a discutir el articulado en Septiembre.
Un grupo de profesores (UAH, UPM) os escribimos con dos objetivos
- Difundir el texto-borrador entre la comunidad universitaria
- Recoger propuestas/comentarios sobre el texto a través de este enlace (activo hasta mediados de mes). El documento es largo, pero seguro que algún epígrafe te interesa especialmente.
Sistematizaremos la información y, como mínimo, la devolveremos a secciones sindicales, comités de empresa de las universidades de la CAM, y a los colectivos que trabajan en favor mejorar la universidad pública y de calidad. En ningún caso daremos esta información directamente a la consejería de educación.
Si quieres echar una mano ahora, o en un futuro próximo, deja una dirección de correo de contacto en este enlace.
Un saludo
5 de julio de 2016
Borrador: La Modernización del Espacio Madrileño de Enseñanza Superior.
7 de Junio de 2016
TEXTO DE CUPUMA
Lo que nos espera: «el efecto dominó del 3 + 2»
De diferentes fuentes nos llegan informaciones que aseguran que se ha producido por parte- fundamentalmente, pero no únicamente- de las Universidades Privadas madrileñas, la presentación a la ANECA de grados de tres años para que sean aprobados con objeto de ponerlos en marcha el próximo curso.
De acuerdo con uno de los últimos decretos aprobados por el PP, -el conocido como 3+2-, de 2 de Febrero de 2015, se plantea la posibilidad de que las universidades puedan cambiar los actuales estudios de grado-cuatro años- y postgrado-un año- por una opción que supondría tres años para el grado, y dos para el postgrado.
Tras la publicación del decreto, la CRUE propuso paralizar semejante posibilidad hasta el año 17, considerando que una implantación anterior, resultaría precipitada e inoportuna.
El decreto 3+2 encubre tras su apelación a la “flexibilidad”, una notable subida del coste de los estudios universitarios, a la vez que una escasamente disimulada ayuda a las universidades privadas, permitiéndolas ser competitivas en dos cursos –los de postgrado- cuando hasta este momento solo lo son en uno.
Uno de los numerosos problemas que plantea el decreto es que se consagra una teórica capacidad de decisión de las universidades que no se corresponde con la realidad. Evidentemente desde el momento en que se pueda conseguir un título de grado en tres años, nadie aceptará invertir cuatro años para conseguir ese mismo título. El efecto dominó hará inviable en muy poco tiempo otra opción que no sea el 3+2.
Por eso es comprensible- a la vez que lamentable, pero enormemente significativo- la prisa con la que las universidades privadas se aprestan a intentar poner en marcha una normativa que les beneficia claramente, aunque eso suponga ir contra la opinión expresada por la propia CRUE previamente.
Y todo el mundo es consciente que si la ANECA -fiel servidora de los intereses gubernamentales- aprueba ya grados de tres años, en muy breve plazo en todas las Universidades españolas-incluidas las públicas- se implantará unánimemente el 3+2.
23 de Mayo de 2016
TEXTO DE CUPUMA
Reacciones ante nuestro comunicado «El asalto final»
Tras su comunicado, CUPUMA ha recibido cuatro tweets, dos del Rector Andradas, uno del Vicerrector de Programación Juan Tejada, y otro del Consejero de Educación de la CAM que trascribimos a continuación para general conocimiento, en aras de la transparencia que siempre hemos defendido:
“Opaca no. Inexistente. La CRUMA no conocemos ni una línea de esa ley”. Carlos Andradas.
“No hay negociación. Los rectores estamos a la espera de ver un borrador para poder opinar”. Carlos Andradas.
“En cuanto a las intenciones de la UCM estáis equivocados en todo. Esperamos poder explicarnos mejor y receptividad”. Juan Tejada.
Más tarde el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken decía textualmente.
“Nadie tiene el borrador, porque no existe”. Rafael van Grieken.
CUPUMA decidió reunirse de urgencia para dar una respuesta oficial a los cuatro tweets y colgarla en su página oficial.
Este es el texto:
“Fuentes de la CAM, -e incluso la propia Presidenta en septiembre hizo alusión al tema- han manifestado que la nueva ley que estaba preparando contaba con la colaboración de la CRUMA. Evidentemente CUPUMA no puede saber si tal afirmación se corresponde o no con la realidad, por la sencilla razón de que no estuvo presente en esas presuntas negociaciones. También ha dicho la CAM que aún no hay borrador, pero que el trabajo está muy avanzado. Tampoco sabemos si es verdad o no. Pero resulta revelador que Andradas hable de borrador cuando el comunicado de CUPUMA no utiliza jamás semejante palabra. El hecho de que Andradas no conozca ni una línea de esa ley no supone que no haya habido conversaciones previas en las que se hayan acordado las líneas generales de la ley.
Por otra parte, la opacidad es evidente. Casi nadie de las universidades de Madrid sabía que estaba en marcha esa nueva ley. El Rector de la Complutense lo sabía y no consta que se lo haya comunicado a los órganos representativos de la Universidad. CUPUMA no puede saber con exactitud el grado de connivencia existente entre la CRUMA y la CAM, -o entre la CAM y los enviados de los rectores, solución planteada para no involucrar a la CRUMA en este tema-pero en principio tiene que dar por buena la versión de la CAM, sobre todo por no existir otra versión que la contradiga.
Además de los dos tweets de Carlos Andradas, el tercero de Juan Tejada dice que CUPUMA se equivoca en cuanto a las intenciones de la UCM.
CUPUMA lamenta que el gusto por el secretismo y por la opacidad pueda llevar a malentendidos que con seguridad se hubieran evitado si se hubiera contado con la comunidad universitaria, se la hubiera informado por anticipado, se hubiera abierto un debate, y se hubiera llegado a determinados acuerdos. En cambio se plantean hechos consumados que después se ven obligados a reconsiderar ante la avalancha de críticas suscitadas por las dos medidas estrella-la colaboración con las empresas, y la reestructuración de los departamentos- del Rector Andradas.
Por su parte el consejero de la CAM se cuida mucho de decir que no hay colaboración con la CRUMA. Se limita a asegurar que nadie conoce el borrador-nueva casualidad que utilice la misma palabra que el Sr. Andradas- porque no existe. Evidentemente que no haya un texto definitivo y terminado, no significa en absoluto que no sea cierto lo que decía CUPUMA en su comunicado. Es más, distintas fuentes confirman que, en el mes de Abril, en conversaciones con el Director General de Universidades de la CAM, se aseguró que el borrador esta ya casi listo y que en un par de semanas, lo recibirían, lo que a la hora de la verdad no llegó a cumplir, y, posiblemente, explique que el consejero de la CAM diga que nadie conoce el borrador, porque no existe. Pero que no esté terminado-o no se considere prudente hacerlo público en este momento- no quiere decir que no exista ni que no sea absolutamente cierto lo que decía CUPUMA en su comunicado oficial.
19 de Mayo de 2016
TEXTO DE CUPUMA
El asalto final
Los escasos meses –cuatro-que han constituido la más corta de nuestras legislaturas han servido para dejar perfectamente claro, que en lo referente a la enseñanza universitaria, no ha cambiado nada y si se ha producido alguna modificación ha sido para empeorar. En Madrid, con la Sra. Cifuentes al frente de la Comunidad y con un gobierno en funciones en el país, hay novedades. La trascendencia estriba en que desde hace tiempo es conocido el carácter que tiene esta comunidad de laboratorio experimental de lo que el PP quiere poner en marcha en el resto de las comunidades, de forma que lo que se implanta en Madrid termina exportandose al resto del país.
Parece ser que los dirigentes del PP han considerado que ha llegado el momento idóneo para dar su gran impulso al concepto de Universidad que han defendido desde siempre. Ante la posibilidad de que en breve plazo tengan que abandonar el poder, consideran conveniente dejar “atado y bien atado” todo lo que sea posible, y procurar hacerlo de tal manera que sea extraordinariamente complicado revertir sus medidas legislativas.
Cristina Cifuentes tiene ya muy adelantado el proyecto de una ley de Universidades que eufemísticamente se llamará ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, y que supondrá un elemento clave en la progresiva privatización de la Universidad Pública. Se articula sobre la puesta en marcha un nuevo sistema de financiación “con una financiación básica ligada fundamentalmente a la docencia y a los estudiantes y otra, por objetivos, en función de los resultados de cada universidad, tanto en docencia como en investigación, o transferencia de conocimiento”.
Para tan importante tarea una vez más la CAM ha contado con la inapreciable colaboración de la CRUMA. Los rectores de las Universidades madrileñas -recientemente condecorados por la Presidenta- colaboran en el proyecto, pero se cuidan de dar la menor información a la comunidad universitaria. La opacidad es absoluta. Y la conveniencia de esa opacidad es compartida –y ejercida- tanto por CAM como por la CRUMA.
Siguiendo el camino que inauguró la UPM,-que condujo a que el antiguo Rector Conde perdiera recientemente las elecciones- Carlos Andradas, se apresta a preparar el camino que haga más fácil y rápida la tarea de Cifuentes. Dos son los temas estrella de la aportación del Rector de la UCM. De una parte el proyecto de colaboración con las empresas. Propuesta que se hace mientras, en la Universidad se continúa con la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes-colaboradores de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría de la población.
A la Universidad se la estrangula económicamente, con drásticos recortes en la financiación, se la fuerza a emprender el camino de la competencia económica, y se consigue volverla dependiente de grandes empresas y grupos financieros. Sumándose a la externalización de los servicios, ahora se aprueba que las empresas –previo pago de un mínimo de 30.000 € – puedan asegurarse la creación de una cátedra, en la que decidirán el programa, el profesorado, y- en algunos casos- el director.
No resulta muy difícil concluir que, en muy escasos años, la Universidad estará prioritariamente al servicio de las empresas, investigará-con personal universitario- lo que convenga a las empresas, y habrá incorporado al profesorado a miembros relevantes de su staff, asestando adicionalmente un nuevo golpe mortal al profesorado precario y mal pagado que soporta la mayor parte del peso de la enseñanza.
El segundo de los temas estrella es la reestructuración de los Departamentos UCM con el que se pretende dejar en menos del 40 % el número actual de los mismos.
Mientras, de la Universidad Pública se está expulsando sistemáticamente a profesores, estudiantes y PAS. En total, los campus madrileños han perdido en los últimos tres cursos a 1.243 docentes e investigadores (PDI) —un 7,2% del total (17.000)—, según la evolución que recoge la Estadística de personal de las universidades 2013 /2014, que elabora el Ministerio de Educación. Además, se redujo en un 5,7% (504 personas) el personal de administración y servicios (PAS), y las subidas de tasas y disminución de las becas se han traducido en la expulsión de cerca de 45.000 estudiantes.
El verdadero problema es que tanto la financiación privada como la reestructuración de departamentos, es parte de un plan que pretende -a corto plazo- fundamentalmente consolidar y justificar los recortes y despidos ya hechos. Además, pretende iniciar y justificar los NUEVOS RECORTES que se avecinan en breve, el programa de estabilidad 2016-2019 que Rajoy ha pactado con la CEE, supone unos 12.000 millones de euros en este periodo en Educación.
Además «denunciando» el despilfarro, se justifican más recortes, y se mantiene que una Universidad en esas condiciones no puede, ni debe, ser gravosa para la sociedad española. Es decir que tiene que ir disminuyendo- hasta que desaparezca- la financiación pública.
Como decíamos en el anterior comunicado: en nuestras manos está que esto no ocurra. O ponemos inmediatamente los medios para impedir que la Universidad Pública se convierta en un negocio, o no tendrá sentido quejarnos después de lo que ocurra.
14 de Diciembre de 2015
TEXTO DE CUPUMA
La última oportunidad
El balance final de la legislatura en educación y más concretamente en Universidad no puede ser más terrible. Entre las incumplidas promesas de un Gobierno y de su presidente -que ha hecho de la falsedad y la mentira su máximo y más utilizado mecanismo de expresión y defensa-, se repetía que los recortes no afectarían a Educación, y por tanto a Universidad.
Durante estos últimos cuatro años la situación de la Universidad Pública, siguiendo los dictados gubernamentales y autonómicos, y con la inapreciable colaboración de los Rectores, está alcanzando niveles de degradación que resultará imposible recuperar ni siquiera en los próximos 20 años.
A la Universidad se la estrangula económicamente, con drásticos recortes en la financiación, forzándola a emprender el camino de la competencia económica, tratando de volverla dependiente de grandes empresas y grupos financieros, provocando la desaparición de titulaciones, abriendo las puertas a futuras fusiones o eliminación de facultades y departamentos, y produciendo una grave devaluación de la enseñanza superior pública.
En la Universidad se continúa con la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría de la población.
De la Universidad Pública se está expulsando sistemáticamente a profesores y estudiantes. La tasa de reposición del 10% hasta este año, y ahora del 50 % sigue consiguiendo que descienda en picado la calidad de la enseñanza y ha llevado a la desaparición de más de 6750 profesores. El aumento de las tasas completado con el descenso del importe de las becas, supone un golpe mortal a la igualdad de oportunidades, que se ha traducido en el abandono de la Universidad por parte de 45.000 jóvenes.
Como la investigación no reporta rendimientos a corto plazo es mejor no invertir en ella. Que semejante comportamiento suponga una crucial hipoteca de futuro, no tiene importancia porque nunca se les podrán pedir cuentas a los responsables de semejante despropósito.
Los remiendos que se ofrecen por parte oficial –tres decretos que sustituyen a la prevista ley de Universidades- insisten en el camino de la privatización y la disminución/desaparición de la autonomía y la democracia en la Universidad.
El famoso 3 + 2 tiene como finalidad fundamental favorecer y hacer que la Universidad Privada sea competitiva en dos cursos -los correspondientes a los masters- cuando hasta la actualidad solo lo era en uno.
La incoherencia -aparente- del Ministerio es total. Afirma que sobran universidades, pero por otro lado se facilita que aparezcan nuevas Universidades Privadas. Los datos son contundentes: en Madrid hay más Universidades Privadas (8) que Públicas (6).En los últimos 18 años no se ha creado ninguna Universidad Pública en nuestro país, mientras que las privadas se han incrementado en tres.
Al mismo tiempo que desde Europa nos recuerdan que tienen que seguir los recortes y las reformas laborales, algunos partidos prometen hacer ahora todo lo contrario de lo que hicieron a lo largo de los últimos cuatro años.
Si el PP –solo o en coalición con algún partido afín- sigue los próximos cuatro años en el poder será demasiado tarde para revertir la situación, y la Universidad estará herida de muerte. La llamada “liberalización del profesorado” será uno de los instrumentos clave para alcanzar ese objetivo.
En nuestras manos está que esto no ocurra. O ponemos inmediatamente los medios para impedir que la Universidad Pública se convierta en una caricatura de sí misma, o no tendrá sentido quejarnos después de lo que ocurra.
23 de septiembre de 2015
Noche europea de los investigadores 2015
Este viernes, 25 de septiembre, «la Noche Europea de los Investigadores» celebra su décimo aniversario. En esta ocasión, el Gobierno de España parece haber querido homenajear este dato situando el último presupuesto de I+D a niveles de 2006: hace diez años.
El lema de este año es «Science is wonder-ful» (preguntarse-todo). Por ello, nos preguntamos un año más, cuándo se considerará la ciencia, y la cultura en general, como se merecen: fundamentales para un futuro viable y digno para todos. Se han denunciado, en repetidas ocasiones, los cruentos recortes llevados a cabo en nombre de problemas económicos generalizados. Recortes que se traducen en una reducción de casi el 40% de los fondos de I+D y han impactado de manera dramática en la situación de los recursos humanos. En el mayor organismo público de investigación, el CSIC, se han perdido 4.000 empleos en los últimos años mientras aumenta de manera alarmante la edad media del personal. Los programas predoctorales y postdoctorales se han visto si no eliminados (como las becas postdoctorales en el extranjero y el programa JAE del CSIC), claramente mermados y no se llevan a cabo las convocatorias básicas. A todo esto hay que sumar que las universidades han experimentado un estancamiento en el número de estudiantes como consecuencia de los salvajes incrementos de las tasas.
Resulta dramático y crítico que el Ministerio ofrezca como respuesta la creación de Precipita, una plataforma de «crowdfunding» con la que se pretende implantar un modelo de repago en I+D, intentando fomentar la financiación de proyectos a través de ella y desviando el dinero público a otros fines. Incluso se empiezan a financiar contratos laborales en estas condiciones, a veces por meses, aumentando la precariedad hasta límites absurdos.
Los jóvenes investigadores, en gran número, han tenido que buscar la continuidad de sus carreras, y de sus vidas, en el extranjero. Especialmente insultantes son las palabras del presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, calificando la fuga de cerebros como «una leyenda urbana». Las universidades y grandes centros de investigación (CSIC, INIA…) han visto mermadas sus plantillas, con el consiguiente envejecimiento y ausencia de reemplazo. Las exigencias de cofinanciación representan la agonía de pequeños centros o grupos. No hay que olvidar en este capítulo al personal subcontratado, frecuentemente olvidado para la administración. Los recortes han repercutido en el presupuesto de las contratas, las cuales trasladan el perjuicio a los trabajadores en forma de rebajas de salario y despidos. En estas circunstancias declaramos que sin condiciones laborales dignas, no hay ciencia
Es imprescindible que se tengan en cuenta una serie de puntos básicos:
-Defensa y reconocimiento de la Investigación Básica como pilar del conocimiento, motor de avance y pieza imprescindible para la existencia de la investigación aplicada y, en definitiva, para el desarrollo del país.
– Apoyo a la investigación en todos sus niveles: técnico, administrativo, y gestión e investigación propiamente dicha. Esto es un trabajo de EQUIPO.
– Programa de contratación para la formación e incorporación de personal: hay que revertir el envejecimiento y pérdida de muchos puestos de trabajo en los distintos sectores de la investigación.
– Planificación plurianual, respetando plazos y regularidad. Es imprescindible para la programación de tareas.
– Creación inmediata de la Agencia Estatal de Investigación.
– Promoción y respaldo en la Instituciones Europeas de que la inversión en I+D civil no compute para el cálculo del déficit.
Sin Ciencia no hay Futuro
Marea Roja
01 de Julio de 2015
TEXTO DE CUPUMA
El último regalo de Wert
Aprovechando una vez más las fechas estivales y la ausencia de alumnos, el Ministerio como regalo de despedida de Wert antes de viajar a Paris para reunirse con su futura esposa – y hasta hace escasos días número dos de su Ministerio- ha completado su trabajo para el gobierno, publicando dos nuevos decretos que culminan el planteamiento gubernamental de demolición de la Universidad Pública y consiguiente apoyo a las Universidades Privadas. Lo primero que llama la atención es que a pesar de que han proliferado las declaraciones oficiales sobre el exceso del número de Universidades, la nueva legislación está muy lejos de plantearse el objetivo –coherente con las teóricas pretensiones gubernamentales- de contener la creación de otras nuevas. Aunque quizá el hecho de que hayan sido las Universidades privadas, las que más-con una gran diferencia- han crecido en los últimos años puede ayudar a entender semejante aparente contradicción.
Pero probablemente será “la modificación del real decreto por el que se establece la acreditación nacional para acceso a los cuerpos docentes universitarios”, el que mayor importancia y trascendencia tendrá en el futuro de la Universidad Pública.
Como de costumbre, una vez más, se dice que el motivo es alcanzar mayor objetividad y trasparencia en la acreditación del profesorado universitario, y a continuación se enumeran una serie de medidas que todo hace suponer que conducirán justamente a lo contrario.
Se necesita tiempo para analizar en detalle las novedades del decreto, pero por el momento, intentaremos centrarnos en sus elementos más significativos. Dado que la Aneca ha demostrado ser un desastre como agencia evaluadora, no solo se ratifican sus competencias, sino que incluso se aumentan, a la vez que al último director de la agencia se le promueve como nuevo consejero de educación de la CAM.
Quizá la novedad con mayor incidencia de futuro sea la que supone abrir una puerta a que puedan presentarse, a la acreditación a catedrático, aspirantes que no posean la condición de profesores titulares, -incluidos profesores de universidades extranjeras- y que el decreto califica como “exención del requisito de ser profesor titular”, y del que afirma que es “una importante simplificación”.
A partir de estas consideraciones CUPUMA considera imprescindible abrir un debate sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Pública, tras las últimas modificaciones legislativas, y a partir del mes de Septiembre, discutir entre todos, las medidas a tomar para impedir la progresiva privatización de la Universidad.
Un perfecto resumen de la situación actual , nos lo proporciona lo ocurrido con las tasas universitarias. En nuestra comunidad se han subido en los últimos años una media del 60%, lo que ha supuesto la exclusión de un gran número de estudiantes del sistema universitario. Continuando con el plan gubernamental de captar votos con medidas populistas de cara a las elecciones de finales de año, Cristina Cifuentes promete una bajada del 10%, lo que significa que en la actualidad, las tasas estarán un 50 % más caras, lo que se traduce en que continuara la progresiva exclusión de los alumnos con menos recursos económicos. Pero se nos trata de convencer de que el problema ya está resuelto puesto que “se han bajado las tasas”. Si aceptamos semejantes “razonamientos” la Universidad Pública está condenada a la extinción.
18 de mayo de 2015
Denuncia de la Asamblea Marea Verde Madrid ante la situación de la Educación Pública
CUPUMA (Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid) ha recibido y apoya el comunicado de denuncia de la Asamblea Marea Verde Madrid ante la situación de la Educación Pública. En este comunicado en lo que se refiere específicamente a Universidad se recoge lo siguiente:
En cuanto a la Universidad, la estrangulan económicamente, con drásticos recortes en la financiación, forzándola a emprender el camino de la competencia económica, tratando de volverla dependiente de grandes empresas y grupos financieros, provocando la desaparición de titulaciones, abriendo las puertas a futuras fusiones o eliminación de facultades y departamentos y produciendo una grave devaluación de la enseñanza superior pública.
Al mismo tiempo, facilitan los requisitos para la creación de Universidades y centros de educación superior privados. Se adoptan medidas de recorte de derechos de las/os trabajadoras/es y empeoramiento de las condiciones de trabajo, incluyéndose despidos y hasta algo inaudito en la Universidad Pública como el ERE en la UPM. Se disminuye el número de profesores, y se han seguido practicando recortes en todos los ámbitos, incluidos investigación e I+D+I y en ayudas y derechos sociales.
Han establecido elevadísimos incrementos de las tasas, expulsando a miles de alumn@s de las aulas, a la par que han reducido notablemente tanto la cantidad de las becas como su cuantía, reforzando los mecanismos elitistas de selección clasista del acceso a la educación superior y convirtiendo el derecho de todas y todos en una mercancía al servicio de los sectores sociales más poderosos. Se está impulsando y forzando la transformación de la Universidad en un gran negocio a la vez que en un servicio exclusivo para ricos.
CUPUMA comparte y se suma a los planteamientos de Marea Verde Madrid y pide a la ciudadanía que actúe en defensa de lo público, siendo consecuente con esa decisión, especialmente en unos momentos que pueden resultar decisivos para acabar de una vez por todas con la corrupción generalizada imperante en nuestro país.
Comunicado completo en la web de Marea verde.
14 de marzo de 2015
TEXTO DE CUPUMA
Intento final de acabar con la Universidad Pública
Parece que el tiempo se le está acabando al PP y trata por todos los medios de concluir su tarea de demolición de la Universidad Pública antes de abandonar el poder. Está sucediendo en todos los ámbitos, pero en el de la Universidad adquiere mayor relevancia porque al llevar mayor retraso ahora resulta imprescindible darse prisa.
El tramposo decreto 3+2 tiene como objetivo prioritario que las Universidades Privadas puedan aumentar su volumen de negocio. En los estudios de grado únicamente poseen un 13% de los estudiantes, mientras que en los masters alcanzan un 27%, con el consiguiente beneficio extra para las Universidades Privadas y perjuicio evidente para las Universidades Públicas.
La Sra. Gomendio asegura que la “Universidad actual no es sostenible” y que habría que “repensar” el sistema. Ella –que posee un patrimonio de 20 millones de euros- aboga por una Universidad clasista, con menos alumnos y más cara. Es decir, que piensan seguir con los recortes y las subidas de tasas. Tratarán de continuar privatizando la Universidad Pública, que solo admitirá a quienes puedan pagarla, pero ni siquiera a los precios actuales, sino al “coste real” de la educación universitaria.
Parece ser que su modelo se concreta en masters de 18.000 € como el presentado por Aznar, significativamente un master privado adscrito a una Universidad pública, la Rey Juan Carlos.
De la Universidad Pública se está expulsando a profesores y estudiantes y al mismo tiempo uno de los decretos-ley previstos disminuye los requisitos necesarios para poder crear Universidades Privadas.
La incoherencia -aparente- del Ministerio es total. Afirma que sobran universidades, pero por otro lado facilita que aparezcan nuevas Universidades Privadas.
Los datos son contundentes: en Madrid hay más Universidades Privadas (8) que Públicas (7). En los últimos 25 años se han creado dos (2) Universidades Públicas mientras que las Universidades Privadas nuevas han sido siete (7). Si nos referimos a los últimos 18 años no se ha creado ninguna (0) Universidad Pública, mientras que las privadas se han incrementado en tres (3).
Esta situación ha cristalizado en la huelga del mes pasado y en el referéndum promovido por los alumnos sobre la aceptación del 3+2 por parte de los universitarios.
Ante el masivo seguimiento de la huelga, el ministerio de Wert, el ministro de la “excelencia”, que goza del dudoso honor de ser el peor valorado de la historia de la democracia -un 1,42 sobre 10 según el CIS-, ha mentido descaradamente hablando de desconvocatoria de la manifestación, y de que los “que sustentan la convocatoria están alejados de la realidad”.
En la Universidad se continúa con la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los verdaderos causantes de la crisis puedan seguirá aumentando sus beneficios.
La defensa de la Universidad Pública es ya un problema de supervivencia, y por eso CUPUMA se adhiere a la convocatoria de huelga de la enseñanza en todo el territorio español del próximo 24 de Marzo, e insta a que se sumen a ella –y a todos aquellos actos que se convoquen con este mismo objetivo- a todos los estamentos universitarios.
10 de marzo de 2015
Referéndum
La Plataforma 3 +2 convoca a los estudiantes a manifestar su opinión sobre el decreto 3+2 en un referéndum convocado para los días 10,11 y 12 de marzo de 2015.
CUPUMA apoya esta convocatoria e invita a participar en un referéndum que servirá para dejar clara la opinión de los estudiantes ante un decreto que trata de acelerar la privatización de la Universidad, antes de que el PP tenga que abandonar el Gobierno.
http://delegacion.caminos.upm.es/blog/referendum-32-en-la-comunidad-universitaria/
Referéndum 3+2 https://twitter.com/Referendum3mas2
La Resistencia UPM https://twitter.com/resistenciaupm
Colectivo Estudiantes https://twitter.com/CEMestudiantes
Referéndum 3+2 U3CM https://twitter.com/ReferendumUC3M
17 de noviembre de 2014
TEXTO DE CUPUMA
En defensa de la Universidad Pública
En la Universidad se continúa la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría de la población.
La situación de la Universidad Pública, cumpliendo los designios gubernamentales y autonómicos, y con la inapreciable colaboración de los Rectores, está alcanzando niveles de degradación que resultará imposible recuperar ni siquiera en los próximos 20 años.
De la Universidad Pública se está expulsando a profesores y estudiantes y uno de los decretos ley previstos disminuye los requisitos para poder crear universidades Privadas.
La incoherencia -aparente- del Ministerio es total. Afirma que sobran universidades, pero por otro lado facilita que aparezcan nuevas Universidades Privadas. Los datos son contundentes: en Madrid hay más Universidades Privadas (8) que Públicas (7). En los últimos 25 años se han creado dos universidades Públicas mientras que las Universidades Privadas nuevas han sido siete Si nos referimos a los últimos 18 años no se ha creado ninguna Universidad Pública, mientras que las privadas han incrementado en tres.
Los remiendos que se ofrecen por parte oficial –tres decretos que sustituyen a la prevista ley de Universidades- insisten en el camino de la privatización y la disminución-desaparición de la autonomía y la democracia en la Universidad
La tasa de recuperación sigue consiguiendo que descienda en picado la calidad de la enseñanza y del aumento de las tasas y el descenso del importe de las becas supone un golpe mortal a la igualdad de oportunidades. Como la investigación no reporta rendimientos a corto plazo es mejor no invertir en ella.
Los tres nuevos decretos que prepara el gobierno inciden en la privatización de la Universidad, y tratan de conseguir que los beneficios que antes se lograban a través del ladrillo sean sustituidos por los que se obtengan con la privatización de la enseñanza y la sanidad.
Por si esto no fuera suficiente, la autonomía de la Universidad ha sido de nuevo puesta en entredicho con el intento de acuerdo entre la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y los Rectores por los que la policía podría entrar en la Universidad sin necesidad de permiso, y además los rectorados se comprometerían a cumplir funciones de policía sustitutoria dentro del Campus. La sola difusión de este hecho hizo que en la Universidad de Alcalá de Henares se retirara el punto del orden del día del Consejo que abordaba ese tema pero no parece aventurado pensar que no tardaran en volver a la carga.
Si CUPUMA siempre ha dicho que la CRUMA y la CRUE –cuando menos con su pasividad, y en muchas ocasiones, con su colaboración, entre camuflada y escasamente reticente- eran los aliados objetivos e imprescindibles del intento comunitario-gubernamental de acabar con la Universidad Pública, consideramos que estamos en una situación en que profesores, trabajadores y alumnos, si no se oponen decidida y frontalmente a estos intentos, acabaran convirtiéndose ellos también en cómplices de algo que será casi imposible revertir en el futuro.
Ante esta situación CUPUMA apoya la lucha de Marea Verde en favor de la Universidad pública y se suma a ella. El programa de actos es provisionalmente el siguiente:
- El Colectivo de Estudiantes de Madrid aprueba movilizarse en la semana de lucha del 17 de noviembre y aprueba convocar huelga el día 20.
- 17-20N: Semana de lucha estudiantil. «Semana de l@s estudiantes».
- 20-11-2014: Jornada de lucha por la Educación Pública. Paro de dos horas y Manifestación.
- 20-11-2014: Manifestación Marea Verde Madrid (18:00 h., Neptuno-MEC).
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20 de octubre de 2014
Manifestación “Por una Educación Pública de calidad.” 23 de octubre, 18:30 Neptuno – Ministerio de Educación
La Asamblea Marea Verde de Madrid convoca una manifestación en defensa de la enseñanza pública en todos sus niveles. En la Universidad se continúa la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría. Al parecer ha llegado el momento de dar el golpe de gracia a la Universidad Pública en paralelo con lo que se está intentando hacer con el desmantelamiento de la Sanidad Pública.
Desde el gobierno se dice que hay demasiadas universidades, pero las Públicas llevan más de una década sin aumentar mientras que las privadas siguen creciendo día a día. Y curiosamente las nuevas iniciativas legislativas del Gobierno disminuyen los requisitos de las universidades privadas. Resulta cada vez más urgente acabar con el premeditado estrangulamiento económico de las Universidades Públicas, para lo cual resulta imprescindible que se produzca inmediatamente:
- Financiación adecuada y suficiente de las Universidades Públicas madrileñas.
- Bajada de tasas inmediata.
- Aumento de becas que permita una verdadera igualdad de oportunidades.
- Poner fin al proceso de privatización de las Universidades Públicas a cuyo buen fin contribuye la aquiescencencia aparentemente reticente tanto la CRUE como la CRUMA.
- Total transparencia en la gestión financiera y académica de las Universidades públicas.
- Recuperar un profesorado eficiente acabando con las tasas de reposición del 10%, 20% o 50%.
- Elaborar y discutir una propuesta conjunta de la necesaria reforma de la universidad sobre la base de reforzar la autonomía, la democracia, y la consideración de servicio público de la Universidad.
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22 de septiembre de 2014
Comunicado #MareaRoja de Ciencia – #CienciaEnLucha en “La Noche de los Investigadores”
De nuevo la comunidad científica se moviliza en la Noche de los Investigadores, para denunciar la situación por la que está pasando la Ciencia en estos momentos. Sufrimos las consecuencias de los recortes de los últimos años, que están colocando a la Ciencia al borde del colapso, tanto en las universidades como en los centros públicos de investigación. Además, en esta ocasión proponemos unirnos a las movilizaciones y marchas convocadas en Francia y otros países del sur de Europa, impulsadas por colectivos como Sciences en Marche, que se iniciarán este mismo día 26 de septiembre y concluirán el 17 de octubre. Llamamos a la ciudadanía a defender un bien de la sociedad como es la Ciencia, de cuyos frutos se nutre nuestra cultura y nuestro progreso y nos da las herramientas para hacer posibles la defensa de derechos fundamentales de las personas como la Educación, la Sanidad o la Comunicación.
En los últimos cinco años los recursos destinados a la Ciencia han descendido en un 36%. Para agravar esta situación, los sistemas de financiación requieren cada vez más de una cofinanciación que no es abordable para la mayoría de los centros o equipos. Esto ha representado el abandono o mantenimiento precario de líneas de investigación y la pérdida de un capital humano irreemplazable.
DATOS: Según el estudio del Área Europea de Investigación, España ocupa el lugar 22 de los 28 estados miembro en gasto público en investigación. En los programas de investigación fundamental aparecidos en BOE el 1 de agosto de 2014, los centros públicos únicamente cuentan con algo más de 125 millones de euros para abordar los “Retos de la Sociedad” o poco más de 80 millones para el programa de “Excelencia”. Estos presupuestos son para la investigación de más de 3000 grupos de centros públicos para TRES años (puede hacerse el ejercicio de comparar estas cifras con lo que representan ciertos contratos realizados por insignes equipos de fútbol).
CONSECUENCIAS: Los recortes han impactado de forma determinante en la situación de los recursos humanos, produciéndose una notable reducción en el sistema público de investigación, Universidades y OPIs. Las universidades han experimentado un estancamiento en el número de estudiantes como consecuencia de los notables incrementos de las tasas. En el mayor organismo público de investigación, el CSIC, sobre 13.500 trabajadores se han perdido 4.000 empleos en los últimos años (1.100 en sólo un año, la mayoría investigadores jóvenes), mientras aumenta de manera alarmante la edad media del personal de investigación. Los programas predoctorales y postdoctorales se han visto si no eliminados (como las becas postdoctorales en el extranjero y el programa JAE del CSIC), claramente mermados.
En los próximos años, la política de Investigación y Desarrollo que se seguirá en la Unión Europea y en los países que la integran constituirá, sin duda, un asunto crucial para su futuro y el de sus ciudadanos. Los países del sur de Europa, con la política férrea de recortes en educación y ciencia están retrocediendo con respecto a los que apuestan por un desarrollo basado en el conocimiento, acrecentándose así las desigualdades y desperdiciando el talento de las generaciones de investigadores e investigadoras más preparadas. Es imprescindible decidir, en el caso de España, si su modelo de desarrollo se basa en el sector Turístico, o si el modelo a seguir es el de los países realmente desarrollados, esos que son ricos porque invierten en Ciencia (y no al revés).
Ante el inicio del nuevo curso político y el comienzo de la preparación de los presupuestos 2015 es necesario redoblar esta movilización. Por ello, desde el colectivo Marea Roja de Ciencia se invita a todo el sector científico y a toda la sociedad a participar de nuevo en las movilizaciones durante La Noche de los Investigadores el 26S y a difundir y participar en la convocatoria europea contra los recortes en la investigación prevista para el próximo 18 de octubre.
Tenemos que hacer llegar el mensaje exigiendo cambios para revertir esta situación que aboca a la precariedad a la investigación:
Defensa y reconocimiento de la Investigación Básica como pilar del conocimiento, motor de avance y pieza imprescindible para la existencia de la investigación aplicada y, en definitiva, para el desarrollo de la cultura del país.
Apoyo a la investigación en todos sus niveles: técnico, administrativo, gestión e investigación propiamente dicha. Esto es un trabajo de EQUIPO.
Programa de contratación para la formación e incorporación de personal: hay que revertir el envejecimiento y pérdida de muchos puestos de trabajo en los distintos sectores de la investigación.
Planificación plurianual, respetando plazos y regularidad. Es imprescindible para la programación de tareas.
Creación inmediata de la Agencia Estatal de Investigación.
Promoción y respaldo en la Instituciones Europeas de que la inversión en I+D civil no compute para el cálculo del déficit.
¡Sin Educación no hay Ciencia!
¡Sin Ciencia No hay Sanidad!
¡Sin ciencia, no hay futuro!
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23 de junio de 2014
Concentración “En defensa de la democracia resistimos a la LOMCE. No al cierre de centros. No a los recortes” (18:00 h., frente a la Consejería de Educación)
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22 de abril de 2014
Manifestación «Sin Educación no hay Ciencia. Sin Ciencia no hay Sanidad. Sin Educación, Ciencia y Sanidad, no hay Servicios Sociales »
Sábado 26 de abril a las 18:30 h, Atocha
Aprobada la LOMCE, el siguiente objetivo del Gobierno no es otro que terminar con la Universidad Pública.
Lo hacen con tal grado de desfachatez que pretenden convencernos que las necesarias mejoras vendrán de las medidas que ya han empezado a aplicar y que la futura ley pretende consolidar.
Lo esencial de las medidas consiste en la asfixia económica de la Universidad Pública, subidas de tasas, reducción de becas, despido de profesores y trabajadores.
A tan atractivo programa, hay que añadir la desaparición tanto de la democracia como de la autonomía en la Universidad Pública con la aquiescencia y la colaboración de los actuales Rectores.
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19 de marzo de 2014
22M: Marchas de la Dignidad
La Asamblea de Marea Verde Madrid aprobó por unanimidad el apoyo a las Marchas de la Dignidad del 22M.
CUPUMA participa en Marea Verde Madrid y por tanto apoya y anima a la participación en la manifestación que tendrá lugar el sábado 22, a las 17:00 desde Atocha a Colón.
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19 de febrero de 2014
MAREAS CIUDADANAS – 23F
El domingo 23 de febrero, a las 12 horas, tendrá lugar una manifestación en Madrid (desde Sol a Neptuno) de mareas ciudadanas.
El lema de esta manifestación es «Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión».
Entre las mareas ciudadanas convocantes están la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, la Marea Verde en defensa de la educación pública, la Marea Roja en defensa de la investigación….
Ante esta convocatoria CUPUMA ha elaborado un comunicado de adhesión que se puede ver a continuación.
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19 de febrero de 2014
Comunicado de CUPUMA ante la manifestación del 23-F de las mareas ciudadanas
El transcurso de siete años desde el inicio de una crisis provocada, y el cumplimiento de la mitad de la legislatura por parte del Gobierno de Rajoy, nos permiten sacar ya algunas amargas conclusiones.
Al margen de determinadas -y limitadas- victorias, que aun habrá que consolidar, la situación del español medio es mucho peor hoy que al inicio de la legislatura. Se ha consolidado el golpe de estado, violentando la democracia por parte de los poderes políticos y financieros, y los derechos de los trabajadores han ido paulatinamente -y seguirán- menguando y desapareciendo.
Tenemos un gobierno que a su ya tradicional y conocida – Gurtel- corrupción, une una incompetencia difícilmente superable, y que ha ido incorporando progresivamente la indecente costumbre de mentir y engañar con absoluta desvergüenza a los ciudadanos.
Y a la vista de los magníficos resultados obtenidos, está dispuesto a «repetir la jugada». Lo ocurrido con el recibo de la luz o los recientes sucesos en Ceuta no dejan lugar a la menor duda. Se miente en todas partes, y con absoluto descaro incluso en el parlamento y no pasa absolutamente nada. «Tras la tempestad siempre viene la calma». Y si las grabaciones prueban que mienten,-El Raval, Gamonal, Valladolid, Ceuta, etc, etc,- ya la futura «ley mordaza» se encargara de impedir tanto su grabación como su difusión.
Estamos asistiendo a la sistemática destrucción de los servicios públicos, privatizándolos para que los causantes de la crisis puedan seguir aumentando sus beneficios a costa del permanente empobrecimiento de la mayoría, en compensación a los beneficios que la explosión de la burbuja inmobiliaria les impidió obtener.
Aumentan día a día las desigualdades sociales y económicas. El paro que Rajoy iba a conseguir que disminuyera en tres millones de personas en un año, ha continuado aumentando desde su llegada al poder. Los jóvenes, desesperados, abandonan el país, y “se innova” en educación consiguiendo una mejora de la calidad de la enseñanza a base de disminuir profesores y recursos, recortar becas y subir las tasas, y la investigación desaparece, ya que no da sus frutos “a corto plazo”.
Frente a semejante panorama, algunos resquicios para la esperanza: hace un año se creó la marea ciudadana de Madrid, que incluye la Marea Blanca, La Marea Verde y la Marea Roja entre otras.
CUPUMA considera que únicamente iniciativas como esta pueden suponer un dique al ataque a los derechos y libertades de los ciudadanos de este país y por tanto apoya la manifestación del 23 de Febrero convocada por las mareas ciudadanas, y considera que únicamente la acción coordinada del mayor número posible de afectados permitirá poner freno al golpe de estado antidemocrático ejecutado por parte de los poderes políticos y financieros.
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11 de Diciembre 2013
15D Manifestación conjunta de Educación, Sanidad y Ciencia
Cada vez resulta más evidente que la única manera de conseguir alcanzar nuestros objetivos, pasa necesariamente por el aumento de los apoyos con los que contamos y la coordinación con otros colectivos que se encuentran en situación similar a la que nosotros padecemos.
Tras muchos meses de trabajo en paralelo, CUPUMA tiene la satisfacción de anunciar que se va a producir la primera
Manifestación conjunta de Educación, Sanidad y Ciencia
El próximo domingo 15 de diciembre a las 12:00 h. de Atocha a Sol está convocada una manifestación con el lema
“Sin Educación No Hay Ciencia Sin Ciencia No Hay Sanidad”
Las Universidades Públicas y por consiguiente CUPUMA tienen numerosos motivos para acudir a esa manifestación como pueden ser:
-Los nuevos recortes que se anuncian en las Universidades Públicas de Madrid que se traducirán en un empeoramiento en los servicios, nuevos despidos y otra vez congelaciones y recortes de salarios.
– Las subidas injustas y desmedidas de las tasas, no únicamente este año (22%), sino todavía más el pasado, (36%), que excluirá a una gran cantidad de estudiantes de la Universidad.
– La disminución de becas incluida la beca Erasmus que hará aún más imposible la igualdad de oportunidades.
– El recorte de 222 millones de Euros en la financiación pública de las Universidades madrileñas, en los últimos tres años, lo que supone una disminución del 20%, y ha contribuido decisivamente a una pérdida progresiva y galopante de la calidad de la enseñanza.
-La dejación de sus funciones por parte de los Rectores de la CRUMA, renunciando a la defensa de la autonomía universitaria consagrada por la Constitución.
Si no somos capaces de poner remedio inmediatamente, el verdadero objetivo del Gobierno, -con el entusiasta apoyo de la CAM, y la colaboración imprescindible de la CRUMA- el desprestigio y posterior desmantelamiento de la Universidad Pública está a punto de producirse.
Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid (CUPUMA)
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11 de Diciembre 2013
Asamblea general econoNuestra
La asamblea de la Asociación econoNuestra tendrá lugar el próximo martes día 17 de diciembre, a las 17,30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (calle Noviciado, nº 3; metro Noviciado).
El orden del día será:
a) Información de las actividades realizadas hasta ahora.
b) Propuestas de actuación: «Elecciones al Parlamento Europeo. Otra Europa» y «Jóvenes del norte y del sur. Alternativas a la crisis económica». También se abordará la creación de espacios de reflexión y de intervención sobre temas centrales para impulsar una salida de la crisis sostenible y democrática.
c) Funcionamiento del colectivo.
Os esperamos, a los socios de eN y a cuantos estéis interesados en conocernos y en participar y colaborar en nuestras actividades.
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11 de Diciembre 2013
Carta enviada al Rector de la Universidad Complutense de Madrid por la Plataforma de Profesorado No Permanente de la UCM.
Madrid, a 4 diciembre de 2013
Estimado Sr. Rector, estimadas autoridades académicas:
La Plataforma de Profesorado No Permanente de la UCM, a la que pertenecen Profesores Ayudantes, Ayudantes Doctores, Titulares Interinos, Asociados de trayectoria académica y contratados Ramón y Cajal, quiere hacerles llegar su enérgica protesta ante las condiciones actuales de nuestro colectivo, así como su preocupación extrema ante las perspectivas que parecen perfilarse para 2014.
Según la información que hemos venido recopilando a través de distintas fuentes, las perspectivas para el Profesorado No Permanente en 2014 parecen ahora ser las siguientes:
· Los Titulares Interinos no cuentan con ningún compromiso en firme por parte del Rectorado para resolver su situación de precariedad prolongada. Como mucho, se prevé estabilizar a un número muy reducido de ellos, acreditados a TU, con la convocatoria de plazas de CD. Sin embargo, los que están acreditados «sólo» a CD, no tienen ninguna esperanza de estabilización o promoción.
· Los Asociados con trayectoria académica no tienen ninguna posibilidad de estabilización ni de promoción.
· Frente a lo ocurrido en 2012 y 2013, los Profesores Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctor y contratados Ramón y Cajal, cuyos contratos finalizan en 2014 y que son legalmente improrrogables, parece ahora abocados a pasar por el paro y/o tener como horizonte contratos aun más precarios (¿visitante, CD interino, contrato por créditos, por horas?) sin posibilidad de estabilización ni de promoción.
Entendemos que pese a los esfuerzos que ha realizado toda la comunidad universitaria, la situación económica para 2014 es difícil. Pero según ha afirmado el propio Rector en varios medios (Tribuna Complutense, blog personal), la situación ha mejorado con respecto a 2013, extremo por el cual le felicitamos. Ahora bien, ante esta situación menos desfavorable y de acuerdo con el compromiso del Rectorado, ¿cómo es posible que la situación de los PNP no sólo no mejore sino que vaya a empeorar ostensiblemente? ¿Cómo es posible que el peso de los recortes recaiga ante todo en los PNP?
Como Plataforma de Profesorado No Permanente, no podemos creer ni aceptar:
· Que este Rectorado no disponga los recursos para dignificar las condiciones de trabajo de los Profesores/as no Permanentes.
· Que la UCM vaya a asumir y a ceder, sin más, ante la política infausta de la CAM.
· Que este Rectorado prefiera sacrificar siempre a los más débiles.
· Que nuestro esfuerzo individual, como docentes e investigadores/as, y nuestro esfuerzo colectivo como Plataforma vaya a ser, una vez más, menospreciado y en definitiva, traicionado.
· Que una universidad que supuestamente privilegia la excelencia científica, no sólo no favorezca el reconocimiento a los Profesores/as no Permanentes acreditados a las distintas figuras, sino que se construya sobre la precariedad de este colectivo, que paradójicamente constituye uno de los pilares presentes y futuros de dicha excelencia.
· Que una universidad que dice promover los valores de justicia, igualdad y transparencia vaya a sacrificar a nuestro colectivo ad infinitum.
Creemos, por el contrario, que el equipo rectoral dispone tanto de los medios como de la autoridad que le confiere su autonomía y su legitimidad democrática para llevar a cabo el proceso de dignificación y estabilización comprometido. Le instamos, por todo ello, a que ponga en marcha estas medidas sin más dilación.
En la confianza de recibir una pronta respuesta positiva de su parte, sin tener por tanto que tomar cuantas acciones públicas consideremos para que la sociedad conozca cuál es nuestra realidad y el trato que recibimos en nuestra Universidad Complutense.
Atentamente,
Plataforma de Profesorado no Permanente de la UCM
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22 de Octubre 2013
CUPUMA, la huelga general y los Rectores
La Coordinadora de las universidades públicas de Madrid (CUPUMA) tras analizar la situación actual de la enseñanza pública en nuestro país considera que existen sobradas razones para hacer todo lo posible por intentar evitar que se consume la progresiva asfixia a que está sometida la Enseñanza Pública.
En el campo especifico que le compete, el de las Universidades Públicas de Madrid, CUPUMA pide a todos los sectores y estamentos de las Universidades madrileñas que se sumen a la convocatoria de huelga general de la enseñanza pública convocada para el jueves 24 de Octubre.
Igualmente CUPUMA considera que esta puede ser una buena oportunidad para constatar a que responde la nueva postura de la CRUMA. Si supone únicamente un derecho al pataleo en el que confluyen, de una parte, el intento de lavado de cara de nuestros rectores en el tema especifico de las subidas de las tasas, con la sensación de sentirse utilizados y chuleados por la CAM, a la que tan fielmente han servido hasta el 8 de Octubre. O si obedece a una toma de conciencia de que la Universidad Pública se encuentra en grave peligro y que actuaciones como las llevadas a cabo durante los últimos años por parte de la CRUMA, y de la CRUE no han sido las más idóneas para intentar impedirlo.
Si su cambio de postura fuera sincero, la CRUMA no tendría otra alternativa, que asumir la necesidad de encabezar la defensa de la Universidad Pública, objetivo que, a partir de este momento, debería constituir su absoluta prioridad.
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21 de Octubre 2013
Video informativo
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21 de Octubre 2013
Video enviado a Cupuma por Toma la facultad: «Razones para una Universidad Pública mejor»
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3 de Octubre 2013
ACTO DE LOS RECTORES
Los rectores de la CRUMA pretenden hacer oír su voz y han organizado un acto para el día 8 de Octubre en que se escenificará su declaración de intenciones en defensa de la Universidad Pública.
Semejante hecho suscita innumerables preguntas y reflexiones: ¿Cuál ha sido el motivo que ha desencadenado tan súbito y repentino ataque de lucidez por parte de nuestros Rectores? Si damos por buena la confesión de parte, parece ser que lo que ha colmado la paciencia de la CRUMA y precipitado su “caída del caballo” han sido las últimas subidas de tasas que para el curso que ahora se inicia se establecen en el 20% para los estudios de grado.
Ahora bien, ¿es tan “desproporcionada” esta subida?, sobre todo si recordamos que el pasado curso la subida media en esos mismos estudios alcanzó el 36%, sin que los Rectores de las Universidades madrileñas sintieran otra obligación que la de convertirse en aplicados ejecutores de los mandatos de la CAM, consistentes sustancialmente en cuadrar las cuentas a cualquier precio sin importar nada el daño irreparable que eso suponía para las Universidades Publicas que ellos gestionaban.
¿No responderá más bien este cambio de opinión a la desazón de los rectores ante los resultados económicos de las matriculas en el año anterior, de lo que es buena prueba las palabras pronunciadas por el presidente de la CRUMA, ante la COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID, el día 5 de junio de 2013?:
“El aumento de los precios públicos al que hemos asistido este curso es otro aspecto que incide de manera negativa en la situación de las universidades. Desde un punto de vista estrictamente económico, esta política ocasiona graves perjuicios a las universidades, ya que ha supuesto una reducción real de los ingresos en este curso, generando ahorro únicamente para el presupuesto regional. Como saben los miembros de esta Comisión, el aumento de los precios públicos supuso que la Comunidad de Madrid redujese la subvención nominativa en unas cantidades que se fijaron de antemano en el Plan Económico-Financiero de la Región, sin haber realizado previamente cálculos precisos. La realidad ha demostrado que las cantidades recaudadas efectivamente por las universidades han sido inferiores a las reducciones efectuadas en las subvenciones nominativas por parte del Gobierno Regional, pues los ingresos por recaudación están en torno al 50% de esas reducciones… ”
¿Acaso la subida de las tasas no forma parte del plan de desmantelamiento de la Universidad Pública, al igual que los despidos de profesores y Pas, el aumento de alumnos por grupo, etc. que la CRUMA asumió-y ejecutó- sin pestañear y que están contribuyendo al progresivo e irreversible deterioro de la UNIVERSIDAD PUBLICA que ahora los Rectores dicen defender?
¿Se puede defender la UNIVERSIDAD PUBLICA tomando decisiones que repercuten inevitablemente en el descenso en picado de la calidad de la enseñanza?
Si de verdad se intenta salvar la UNIVERSIDAD PUBLICA, ¿no parece razonable ponerse primero de acuerdo con los que opinan de forma similar, que empezar por un lavado de imagen de cara a la galería?
¿Alguien puede creerse que protestando únicamente por la subida de tasas, se resuelve el gravísimo problema de las UNIVERSIDADES PUBLICAS?
UNICAMENTE CON LA COLABORACION DE TODOS SE PUEDE CONSEGUIR QUE SOBREVIVA LAUNIVERSIDAD PUBLICA. POR ELLO CONVOCAMOS EL MARTES DIA 8 DE OCTUBRE A LAS 18.00 EN EL CIRCULO DE BELLAS ARTES.
CUPUMA (Coordinadora de la Universidades Públicas de Madrid)
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MANIFESTACIÓN POR LA INVESTIGACIÓN
El próximo viernes 27 de septiembre tendrá lugar La Noche de los Investigadores, y es el día oportuno para que desde todos los centros de investigación, CSIC, universidades… expresemos nuestra denuncia y nuestro desacuerdo con los brutales recortes en investigación que están destruyendo todo el esfuerzo realizado durante muchos años y que conseguirá que nuestro país retroceda a una situación equivalente a la de los pasados años 70.
CUPUMA ha decidido ante la situación límite que vive la investigación, adherirse y apoyar la convocatoria de manifestación del viernes 27 de septiembre de 2013, a las 19:00 h. que partirá desde el Jardín Botánico (Paseo del Prado).
Más información en: http://plataformainvestigaccion.blogspot.com.es/
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Próxima reunión de CUPUMA el 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) a las 18.00 horas en la Sala Azul.
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Escrito de CUPUMA a los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid.
3 de Septiembre de 2013
Desde la Coordinadora de Universidades Publicas de Madrid consideramos que la comunidad universitaria no puede aceptar el recorte producido en las becas ni la nueva subida de tasas, del mismo modo que no aceptamos las anteriores.
Tanto la decisión tomada por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) como la complicidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA), están vulnerando el principio de igualdad de oportunidades y sólo puede tener una consecuencia: la destrucción de las universidades públicas madrileñas y su privatización, como está sucediendo con la sanidad.
Por todo ello, exigimos a los Rectores que, en función de las competencias sobre establecimiento de precios públicos que la CAM dice haberles otorgado, fijen el precio de las tasas atendiendo al principio de equidad e igualdad de oportunidades y a las necesidades de las familias y de las universidades públicas madrileñas.
Si los Rectores abdican de sus compromisos y responsabilidades, la comunidad universitaria llevará la defensa de la universidad pública hasta sus últimas consecuencias.
Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid
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22 de Julio de 2013
En el día de hoy -18 de Julio- se ha confirmado la nueva subida de tasas que la Comunidad de Madrid ha impuesto a las Universidades Públicas madrileñas, que se cifra en una media del 20%. La subida de los dos últimos años supera el 60%.
La única novedad es que al parecer la CRUMA-y ya CUPUMA adelantaba que esto podría ocurrir- se opone a esta medida. Lo curioso del caso –y que deja claro lo ocurrido el año pasado- es la argumentación que utiliza: que semejante medida va en contra de la igualdad. CUPUMA no puede estar más de acuerdo con este dictamen y lleva tiempo manteniéndolo. Pero a la vez no puede entender que ese argumento no llevara a la CRUMA a negarse a hacer efectivas esas subidas el pasado año, cuando el tasazo alcanzo un 38%, casi el doble de lo previsto para el presente curso.
Con todo, si este hecho hace reflexionar a la CRUMA y los rectores deciden oponerse de verdad- y no solo de boquilla- a los recortes de la CAM- que amenaza con otro recorte de 50-60 millones para las seis universidades públicas madrileñas-, aunque quizá demasiado tarde, aun puede hacerse realidad un frente común de los dirigentes y todos los estamentos-profesores, PAS y alumnos- de las Universidades Madrileñas, única posibilidad de lograr la supervivencia de la Universidad Pública. Pero para eso es imprescindible una decisión firme de todos los claustros y/o consejos de gobierno de las seis universidades oponiéndose a las subidas de tasas y demás recortes añadidos. Y ese tiene que ser necesariamente el inicio de una larga batalla por una Universidad digna.
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15 de Julio de 2013
Comunicado de Cupuma. Pinche aquí para leer el comunicado completo
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15 de Julio de 2013
Noticias y propuestas relacionado con la subida de las tasas… Pinche aquí para acceder a la información de la UCM
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14 de Junio de 2013
En la Universidad a distancia de Madrid no existe el su