Mes: julio 2012

Comunicado del claustro de la UPM

 Comunicado del Claustro Universitario de la UPM

 

El Claustro Universitario de la Universidad Politécnica de Madrid, en su sesión del 26 de junio de 2012, tras analizar el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en al ámbito educativo, acuerda manifestar lo siguiente:

1. Su rechazo al procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la elaboración del mencionado RD-L, que se ha tramitado y aprobado sin contar en modo alguno con las Universidades, ni con los representantes de sus empleados públicos ni con el Consejo de Estudiantes.

2. Su rechazo al importante incremento de las tasas universitarias de grados y másteres al que puede llevar su aplicación, lo que dificultaría notablemente el acceso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes con escasos recursos económicos. Esta medida vulneraría el principio de igualdad de oportunidades y de servicio público contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, principios que sustentan nuestro sólido modelo de Universidad Pública.

La medida es aún más rechazable al no contemplarse inscrita en el seno de una reforma del sistema de financiación de las universidades, y al no acompañarse de una política de becas más amplia que la actual, claramente insuficiente. No tiene como objetivo dotar de más recursos a la universidad, sino reducir la financiación pública que recibe. El sistema de cálculo de las tasas contempladas en el RD-L es difícilmente aplicable y puede conllevar una gran heterogeneidad de las mismas en todo el territorio nacional.

3. Su rechazo al empleo del crédito ECTS como medida de referencia para establecer la dedicación docente del profesorado, por ser inconsistente y erróneo. El crédito ECTS es una medida de las horas de trabajo empleadas por el estudiante para obtener unas determinadas competencias. Según esta medida, el número de horas empleadas por el profesorado por cada ECTS varía según las asignaturas y su metodología. En consecuencia, no es posible aplicar este RD-L para definir la dedicación docente del profesorado, por lo que el Claustro de la UPM considera que ésta debe seguir siendo establecida según las horas de dedicación docente del profesorado actualmente conocidas y vigentes.

4. Su rechazo a los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que señalan una dedicación insuficiente del profesorado y de los estudiantes a sus tareas respectivas como justificación de las medidas contempladas en el RD-L.

Por todo ello, este Claustro Universitario:

RECLAMA al Gobierno de la Nación que derogue el RD-L 14/2012, de 20 de abril, e inicie cuanto antes el diálogo con los representantes de los colectivos afectados para alcanzar un consenso que permita racionalizar el gasto público en el ámbito educativo sin merma del derecho constitucional de acceso en igualdad de oportunidades a la enseñanza pública.

INSTA a la Comunidad de Madrid a que, de acuerdo a las responsabilidades que le corresponden, garantice la financiación de las universidades públicas madrileñas adoptando modelos que permitan racionalizar el gasto educativo sin afectar de manera drástica a las tasas universitarias y, con ello, alejar la universidad de los estudiantes más débiles económicamente.

Y así mismo, insta a la Comunidad de Madrid a dejar sin efecto la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en lo que afecta a las Universidades Públicas, para respetar el principio constitucional de su autonomía.

PROCLAMA su defensa de la autonomía universitaria de la Universidad Pública, que en las últimas décadas ha realizado un extraordinario trabajo de modernización que ha permitido mejorar notablemente en todas las facetas de su responsabilidad: la formación, la investigación, la transferencia de tecnología y su compromiso pleno con la sociedad. Una universidad pública que, contando con menos medios económicos que las universidades públicas de los países de nuestro entorno, ha contribuido de manera sobresaliente al desarrollo económico y social de España.

Comunicado de la CRUMA

Comunicado de la CRUMA

A la vista del Decreto 66/2012, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios para el curso 2012/13, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del viernes 6 de julio de 2012, y de los nuevos recortes de financiación comunicados este mes a las universidades públicas de Madrid, la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA) manifiesta:

(i) su desacuerdo con los incrementos de tasas universitarias que no vayan acompañados por el aumento de becas, en un contexto económico tan adverso como el actual;
(ii) la necesidad de preservar una universidad pública de calidad como medio para favorecer la salida de la crisis, lo que es contradictorio con los nuevos recortes a la financiación de las universidades de Madrid, que afectarán inexorablemente a las condiciones de empleo, tanto en profesorado como en personal de administración y servicios.

De acuerdo con la Ley, la competencia para la fijación de los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que entendemos que los precios establecidos en los Anexos del Decreto citado son los que establece la Comunidad de Madrid para el curso 2012/13. Estos incrementos no supondrán mayores recursos para las universidades, pues las cantidades correspondientes van a ser descontadas de las transferencias que reciben de la Comunidad de Madrid.

Siendo conscientes de las dificultades económicas actuales, pedimos a la Comunidad de Madrid un esfuerzo adicional para garantizar la igualdad y la equidad, mediante una mejora en el sistema actual de becas y ayudas de la Comunidad de Madrid para apoyar a los estudiantes con menos recursos económicos.

Las universidades públicas de Madrid manifiestan su defensa del servicio público de la educación superior y la necesidad de priorizar las inversiones en educación e investigación como medio para la salida de la crisis y para la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y más próspera.

Madrid, 10 de julio de 2012

Comunicado del Rector de la UCM

A la comunidad universitaria complutense:

En el actual contexto de recortes anunciados por el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid en las transferencias a las universidades públicas madrileñas, el equipo de gobierno de la UCM considera imprescindible informar a la comunidad universitaria de sus actuaciones.

Este rectorado está trabajando en las siguientes direcciones:

1) Negociar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que los recortes sean los menores posibles, defendiendo los intereses de nuestra universidad y de la sociedad. Manifestar al Gobierno Regional que las razones por él esgrimidas para estimar los recortes no son realistas y que esos recortes son incompatibles con una universidad pública de calidad.

2) Estudiar las soluciones más eficientes y más solidarias para que los eventuales recortes tengan el menor impacto posible en el servicio público de la educación superior, en la docencia, en la investigación y, por supuesto, en el empleo. Para que la UCM pueda, más allá de la mera supervivencia, salir de esta crisis manteniéndose entre las mejores universidades del mundo.

3) Debatir y estudiar con los responsables de los Centros y los Departamentos las posibles actuaciones.

4) Debatir y negociar con los agentes sociales las medidas a tomar.

5) Llevar a los órganos de gobierno de la universidad las correspondientes decisiones a adoptar para hacer frente al recorte presupuestario.

Este rectorado sigue apostando por la universidad pública de calidad para lo cual es requisito imprescindible la estabilización de los jóvenes investigadores. En esta línea se está realizando la renovación de los contratos de los Ayudantes, de los Ayudantes Doctores y se han tomado las medidas oportunas para llevar a cabo el proceso de estabilización de los Ayudantes Doctores y de los contratados del programa Ramón y Cajal en Profesores Contratados Doctores.

En este contexto adverso consideramos necesario generar espacios de encuentro de la comunidad universitaria. Por ello, hemos tomado la iniciativa de convocar el próximo 4 de julio una cena que nos permita reunirnos y compartir estos difíciles momentos que estamos atravesando.

Seguiremos informando puntualmente a la comunidad universitaria. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la universidad pública y, en particular, de la UCM.

Madrid, 2 de julio de 2012
José Carrillo
Rector de la UCM

Manifiesto de la Coordinadora de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid

MANIFIESTO DE LA COORDINADORA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Tod@s l@s integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidades Públicas Madrileñas somos conscientes de que éstas están sufriendo, desde hace años, una ofensiva liberal que pretende acabar con el derecho a una educación pública de calidad y accesible a todos los ciudadanos. Durante años se han adoptado medidas para estrangular económicamente a las universidades, se han deteriorado las condiciones laborales de tod@s sus trabajadores y ha aumentado el coste de la educación universitaria para los alumn@s. Se han abierto las puertas a las empresas y al sector financiero y, bajo la consigna de la búsqueda de financiación, rentabilidad y eficacia, se está poniendo en manos de intereses privados el futuro de las universidades.

Consideramos que los recortes presupuestarios que se agudizan en los últimos años a golpe de decreto, responden a dos objetivos:

• Deteriorar las condiciones de funcionamiento de la universidad para alimentar una imagen de mala calidad.

• Implantar un modelo que permita a las empresas hacer negocio con los estudios superiores.

Por esta razón, denunciamos la agresión sin precedentes que está sufriendo la universidad pública, en la misma línea que el resto de los sectores públicos y por ello acordamos implicarnos activamente en la defensa de la misma, coordinados por un mismo objetivo: UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, AUTÓNOMA Y DE CALIDAD y vincular nuestros esfuerzos con el resto de los sectores públicas, tratando de implicar a toda la sociedad.

Defendemos una educación:

PÚBLICA, que garantice el acceso universal a la enseñanza universitaria y la igualdad de oportunidades. DEMOCRÁTICA, que garantice la adecuada participación de todos los sectores que la componen. AUTÓNOMA, en su planificación y gobierno, que exprese así el mandato constitucional desarrollado en la legislación vigente.

DE CALIDAD, dotada de los recursos de personal, materiales y financieros que garanticen la calidad docente, de investigación y de prestación de servicios.

En la defensa de estos principios, REIVINDICAMOS:

• Una política universitaria que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación universitaria.

• Políticas de personal de administración y servicios que garanticen el empleo, los derechos laborales, el mantenimiento de las condiciones de trabajo pactadas por convenios y acuerdos, la estabilidad laboral y la negociación colectiva, que reconozca la labor docente e investigadora y asegure la promoción y formación imprescindibles para el mantenimiento de la calidad del servicio público. • Financiación pública que garantice los recursos, medios e infraestructuras necesarias para el mantenimiento, desarrollo y mejora de las tareas docente, investigadora y de prestación de servicios.

• Transparencia absoluta de la gestión e información a toda la comunidad universitaria por parte de los órganos de gobierno de las universidades. Para la consecución de estos objetivos los miembros de la comunidad universitaria:

– Rechazamos de pleno la Reforma Laboral impuesta por el actual gobierno que recorta derechos a los trabajadores conseguidos a lo largo de 30 años de negociación colectiva.

– Rechazamos el proyecto Estrategia Universidad 2020, en la medida en que transforma una institución pública transmisora de conocimiento en una empresa privada con la mayor rentabilidad como objetivo prioritario.

– Rechazamos el contenido y el procedimiento antidemocrático y autoritario con que fue elaborado y aprobado el R. D/ Ley 14/2012, “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” especialmente por la exclusión del Consejo de Universidades, El Consejo de Estudiantes y la Conferencia de Rectores (CRUE) y exigimos la retirada del mismo.

– Exigimos la no aplicación del Decreto 6/2011 de la Comunidad de Madrid porque invade competencias de la autonomía universitaria. – Proponemos la celebración de Claustros Universitarios, Juntas de Facultad, Escuelas y Consejos de Departamentos para pronunciarse en términos semejantes.

– La universidad pública es mejorable, pero las medidas tomadas por el gobierno, ni aspiran, ni se traducirán en una mejora de la universidad, sino todo lo contrario, por lo que exhortamos a toda la sociedad, en general. y a la comunidad universitaria, en particular, a participar activamente en la defensa y mejora del sistema universitario como servicio público.

Carta a los rectores de la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid

CARTA A LOS RECTORES DE LA COORDINADORA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

 

Los estudiantes y trabajadores (PDI y PAS) de las seis Universidades Públicas de la Comunidad Madrileña, ante la situación de extrema gravedad en la que se encuentra la universidad pública quieren dejar claro su rechazo al reciente decreto ley así como a todas las medidas que se están implementando recientemente, las cuales suponen en la práctica la desaparición de la autonomía universitaria consagrada por la Constitución.

 

Ante esta situación les apelamos como rectores de las Universidades Públicas Madrileñas para que se posicionen públicamente en contra de los decretos del 21 de abril y la ley 6/2011 y no pongan en práctica las medidas correspondientes.

 

Consideramos que se pretende aprovechar y utilizar la crisis como coartada para acelerar los planes de privatización que pasan necesariamente por la previa asfixia económica de las Universidades públicas. Y es que las actuaciones del gobierno a la hora de elegir dónde es preciso hacer recortes, desvelan tanto sus intenciones como sus prioridades: amnistiar a los defraudadores y criminalizar a los profesionales de la educación y de la sanidad.

 

Para justificar esos recortes que suponen el inicio del desmantelamiento de la Enseñanza Pública Universitaria se está llevando a cabo una campaña de desprestigio tanto de la Institución como de los que en ella trabajan. Para alcanzar sus objetivos todo vale, desde el grosero falseamiento de los datos, a las medias verdades. El Ministro insiste en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara, e inútil hasta para crear empleo, pero los datos contrastados, que no parecen confirmar sus palabras , son estos:

– El Ministro ha afirmado que el 30% de los alumnos abandonan la universidad sin terminar. Ese 30% se refiere al cambio de titulaciones siendo el abandono definitivo del 12%.

– Los estudios internacionales demuestran que la productividad científica creció en los últimos diez años un 80%, y son equiparables a los de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos un 20% menos en recursos anuales.

– El 79% de los universitarios españoles obtiene su título en la edad prevista, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y un gasto por alumno mucho menor.

– La tasa de paro entre los titulados universitarios supone la mitad de la existente en el resto de la población, siendo el coste de la universidad pública por alumno un 25% más bajo que el de la privada.

El rigor de las argumentaciones es tan alto que para justificar que en España hay demasiadas universidades y por lo tanto hay que fusionarlas o cerrarlas, el Ministro ha afirmado que en California hay 10. La verdad es ligeramente diferente: en California existen 146 universidades.

Las actuales medidas representan igualmente un golpe mortal contra el desarrollo de la actividad investigadora precisamente cuando la inversión en enseñanza superior es un factor clave en el progreso de un estado y en la tan frecuente competitividad económica invocada por parte del gobierno. Por nuestra parte entendemos que la Universidad no debe reducirse a su consideración como mero factor de aumento de productividad económica, ni como mero espacio de formación para el mercado de trabajo.

 

Aún así las consecuencias inmediatas de ese decreto ley no tardarán en hacerse sentir, y supondrán un gravísimo descenso de la calidad de la enseñanza, a la vez que un atentado brutal al principio de igualdad de oportunidades porque el aumento injustificado de las matrículas, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que los jóvenes de rentas más bajas tengan mucho más difícil acceder a los estudios universitarios, provocando una exclusión social que puede tener consecuencias funestas en el futuro próximo.

 

En cuanto al estatuto del Personal Docente e Investigador, la reciente reforma de la enseñanza secundaria parece ser el modelo a seguir: modificación unilateral del régimen de dedicación, discriminaciones injustificables, etc.; todo lo que consideramos se traducirá a corto plazo en los procesos masivos de despido del profesorado universitario.

 

Por su parte, los trabajadores de administración y servicios ven agravada su situación ya muy precarizada por la reforma laboral, que se está aplicando a los trabajadores del sector público. A ello se añade la ley 6/2011 y el decreto que intensifica la jornada de trabajo y penaliza las bajas por enfermedad.

 

En consecuencia consideramos que la aplicación de estas medidas supondrá un enorme perjuicio para la universidad y para el conjunto del país, y como integrantes de las universidades madrileñas nos sentimos en la obligación de hacer pública nuestra postura y en consecuencia exigir su retirada.

 

La Universidad Pública no puede subordinarse a criterios de rentabilidad económica. La Universidad es de todos, nuestra tarea es defenderla.