En defensa de las Universidades Públicas

Universidad de Salamanca

EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid se reunieron en un Acto el pasado 17 de abril, para resaltar la importancia de las mismas en nuestra sociedad.
Destacaron la adaptación de los diferentes estudios que se imparten y su oferta, a los cambios sociales y tecnológicos, la relevancia de la investigación en la Universidad, que supone el 70% de toda la investigación, y la transferencia tecnológica tan importante para el desarrollo de nuestras empresas.
Las Universidades Públicas son fundamentales para que todos los que tengan capacidades puedan acceder a sus estudios, independientemente de su capacidad económica y por tanto debe tenerse en cuenta en los precios de las matrículas universitarias, así como en las becas. Los préstamos privados no son la solución; son una carga y su implementación en los tiempos del denostado Ministro José Ignacio Wert en 2014, han sido un fiasco.
Nuestro país invierte en becas, medido en porcentaje de PIB, menos de la mitad de la media de los países de la Unión Europea. Además, si comparamos el gasto público en educación superior de España con la media de la UE, comprobaremos que el gasto medido en porcentaje del PIB está muy por debajo.
La inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17 por ciento del PIB. Es decir, nuestros máximos han estado por debajo de la media habitual de la OCDE y de la Unión Europea (1,26%).
El Presupuesto que la Comunidad de Madrid asigna a las Universidades Públicas es un 15% menor que en 2010. Con esta FINANCIACIÓN no se cubren los gastos de Personal, ni por supuesto los gastos de mantenimiento de infraestructuras, ni de nuevas necesidades, provocando un grave deterioro en el buen funcionamiento de estas Universidades.
La Comunidad de Madrid es la responsable de sus Universidades Públicas, por tanto su deber es vigilar su buen funcionamiento, la calidad de las mismas, y de que cumplan con su labor social encomendada.
Pero nuestra Comunidad, lleva una política totalmente contraria, haciendo que cada vez tengan peores condiciones en todo. El único crecimiento desmesurado que se ha producido es el de las universidades privadas, alentado por la estrategia de demolición de la educación pública. Madrid se ha convertido en la autonomía con más centros de estudios superiores privados de todo el Estado, con 13 centros universitarios privados ubicados en la región. Una cifra excesiva si se compara con el número de alumnos que realizan sus estudios en la comunidad, situado alrededor del 21%.
Está bien que los Rectores se reúnan en un acto no académico desde 2004, pero no pueden ser tan tibios y tenues en la defensa de sus Universidades. Deben ejercer el cargo con toda su responsabilidad y mayor contundencia, denunciando la política educativa (universitaria) de la Comunidad de Madrid para acabar con las Universidades Públicas.
Tienen que exigir una FINANCIACIÓN SUFICIENTE y acorde con el trabajo desarrollado en las Universidades Públicas y su repercusión en esta Comunidad.
Es necesario que los Rectores de las universidades Públicas madrileñas muevan todos los resortes para que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad.
CUPUMA Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid

TRES UNIVERSIDADES PRIVADAS NUEVAS MAS… Y VAN ONCE

En estos días, en que tiene lugar el primer aniversario del escándalo de la URJC que puso en evidencia, las mentiras y la inenarrable actuación de la presidenta de la CAM, con un comportamiento que solo podía llevar a su dimisión, o a su destitución, la Comunidad Autónoma de Madrid acaba de decidir la aprobación de tres nuevas Universidades privadas siguiendo el plan del desmantelamiento de las Universidades públicas en nuestro país. ¿Qué se busca con esto?. ¿Cómo se ha podido llevar a cabo?.¿Por qué no funcionaron ninguna de las alarmas?

No hace mucho tiempo el inefable ministro Wert decía -manipulando los datos- que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un número importante de universidades privadas. Los datos en Madrid son elocuentes:

          1989, 5 públicas y 1 privada

          1996, 6 públicas y 6 privadas

          2018, 6 públicas y 8 privadas

          2019, 6 públicas y 11 privadas

Es decir que en 30 años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad mientras que las privadas se habían disparado con 10 mas, desmintiendo claramente las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.

Pero si parece evidente que la CAM, al mando de Cristina Cifuentes, no pensaba que se fueran a separar un milímetro de su pretensión de privatizar la Enseñanza y la Sanidad ¿Cual ha sido la actuación de los teóricos representantes de las universidades Públicas? ¿Que han hecho los Rectores?

En primer lugar mantener un discurso ambiguo que les permite colaborar con la CAM, siempre y cuando no toquen ni su poder, ni sus intereses. Por eso solo se enfrentaron a la Comunidad cuando la fiscalización económica paso a depender del consejo social, en el que la CAM, con sus nombramientos a dedo, se aseguraba la mayoría y por lo tanto el control. Una vez que la CAM aceptó modificar ese punto, los rectores volvieron a su posición primigenia, olvidando las consecuencias catastróficas del resto del articulado de la LEMES. Convencidos de ser los únicos representantes válidos de las universidades madrileñas, se comportaron una vez  más como ya lo habían hecho con la LEMES.

Aunque desde finales de 2016 tenían cumplida cuenta, de las solicitudes de nuevas universidades privadas, ni hicieron nada, ni siquiera informaron y alertaron a la comunidad universitaria. Estaban convencidos de que la única opinión que tenía trascendencia y representatividad, era la suya. La del resto de la comunidad universitaria era absolutamente prescindible y aunque el peligro fue agravándose progresivamente, ellos siguieron con su planteamiento.

El 6 de Noviembre de 2017, pudo ser una fecha clave en la resolución de este conflicto, pero al final supuso un  inconveniente que se tradujo en un pequeño aplazamiento de lo programado con anticipación. En esa fecha tuvo lugar, la reunión del Consejo Universitario, llevándose a cabo las votaciones de las nuevas propuestas de universidades.

Este fue el resultado de las votaciones:

Propuesta UOMMA: 15 votos en contra. Ninguno  a favor

Propuesta CUNEF: 11 votos en contra. 3 a favor 1 abstención

Propuesta ESIC : 11 votos en contra. 3 a favor 1 abstención

Propuesta UOMMA: 11 votos en contra. 4 abstenciones.

La conclusión de este punto es que por mayoría de votos el informe de la comisión, sobre las propuestas de reconocimiento de las universidades privadas era negativo.

Con este dictamen, una vez más los Rectores hicieron lo de siempre. Apostar por una aprobación de la LEMES, y un retraso de la toma en consideración de las propuestas, dado que los requisitos para conseguir la aprobación de nuevas universidades, se modificaban y se endurecían en la LEMES. Sabiendo que el informe no era vinculante, y conociendo el habitual comportamiento de la CAM, hasta el menos espabilado de los «representantes universitarios» hubiera aprovechado los resultados de una votación tan clara para plantear la definitiva desestimación de las nuevas universidades, sobre todo teniendo en cuenta que se contaba además con los dictámenes favorables de organismos dependientes de la Universidad como el Consejo Universitario, y la fundación MADRID+D.

Es obvio que no lo hicieron, y creyendo que controlaban la situación, ni se plantearon siquiera comunicar a la comunidad universitaria lo acaecido. El 28 de Enero de 2019 lo previsible se convirtió en realidad. Siguiendo instrucciones de la superioridad, la CAM planteó la aprobación definitiva, y el resultado le fue favorable. Tras la votación decisoria ni los Rectores individualmente, ni a través de sus asociaciones, en la Comunidad (CRUMA) ni a nivel nacional  (CRUE), publicaron ningún comunicado. Tampoco convocaron a los organismos representativos de sus propias universidades, como podían ser los claustros, para discutir el problema. Quizá la financiación real de CRUE y CRUMA, siempre en la nebulosa, pudo tener algo que ver con tan -aparentemente- sorprendente hecho.

Sin embargo, no deja de ser curioso que los máximos detractores -a  título puramente personal, nunca colectivo- hayan sido la Complutense y la Rey Juan Carlos que, casualmente, son las mayores damnificadas económicas del asunto, dado que dos de las tres universidades se desgajan de la UCM y la otra de la URJC, lo que se traduce en la pérdida del dinero de las matrículas de los alumnos, de los que hasta hace poco eran sus centros adscritos, y ahora podrán volar con sus propias alas.

Si la CAM sigue gobernando nuestra Comunidad con los mismos criterios que hasta la fecha, es altamente probable que en un muy leve lapso de tiempo y gracias -entre otros- a la colaboración de los Rectores de las Universidades Publicas de Madrid, las universidades privadas doblarán en número a las Universidades Publicas sin tener ni la voluntad, ni los medios necesarios, para ayudar a la mejora de la Enseñanza Superior en la Comunidad de Madrid.

 Madrid 29 de Marzo de 2019

CUPUMA Coordinadora Universidades Públicas de Madrid

Soluciones oficiales a los problemas actuales de las universidades públicas.

 

Soluciones oficiales (Propuestas por el Ministerio, las Comunidades Autónomas y la CRUE) a los problemas actuales de las Universidades Públicas.

Lunes 26 de Noviembre a las 18h.

Salón de actos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas <M> Ciudad Universitaria.

Ponentes:

  • Ricardo Morón, de la Universidad Autónoma de Madrid.
  • Enrique Diez Gutiérrez, de la Universidad de León.
  • Carlos Berzosa, exrector de la UCM.
  • Antonio Castro, de la UCM y miembro de CUPUMA.

Modera:

  • Sandra Villa, de la Asamblea de Marea Verde de Madrid.

Organizado por:

  • Asamblea Marea Verde Madrid y CUPUMA

 

EL CASO CIFUENTES COMO SINTOMA: LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN

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Hemos asistido a uno de los más lamentable-pero a la vez extraordinariamente esclarecedor- episodios de la desvergüenza que se ha adueñado del ejercicio de la política española, y muy especialmente de algunas comunidades Autónomas, -Valencia, Cataluña, Andalucía y en el caso que nos ocupa, la de la capital de nuestro país.

Lo primero que llama la atención, es constatar que, pese a que los robos organizados llevan numerosas décadas perpetrándose, y ejecutándose, solo hemos podido enterarnos de lo ocurrido, con veinte años de retraso, y debido a que la avaricia de algunas de las bandas rivales, organizadas para robar y delinquir, ha propiciado y permitido el descubrimiento de las fechorías de sus rivales, y de rebote, de las propias.

Cuando el paso del tiempo empieza a aclarar mínimamente lo ocurrido con el famoso masters de Cifuentes,-con el hecho decisivo de la obligada imputación de la expresidenta-, queda de manifiesto, una vez más, que los distintos comunicados y argumentos de CUPUMA, se acercan mucho más a lo realmente sucedido, que las informaciones oficiales y oficiosas, que casi siempre son una patética acumulación de falsedades contradictorias que parecen emanadas de las extraños delirios de mentirosos patológicos.

Pensamos que, en el momento actual, resulta mucho más interesante-y significativo- que tratar de insistir en el obvio comportamiento prepotente, dictatorial y egocéntrico de Cifuentes y sus subordinados, poner el acento en la importancia del caso Cifuentes entendido como síntoma y por tanto insistir en las condiciones mínimas que tenían que confluir para que lo sucedido pudiera tener la menor posibilidad de producirse.

1.- Una comunidad, la CAM, que gobierna el PP, sin la menor trasparencia, y que, con el apoyo de Ciudadanos, dedica subvenciones injustificadas- e injustificables- a chiringuitos privados, exigiendo como contrapartida las adecuadas prebendas para aquellos que les financian.

2.- Una universidad pública que crea institutos opacos con fines sustancialmente mercantilistas y clientelares y reparte dinero entre los profesores y gestores de los masters, siempre y cuando -al margen de su ideología o su pertenencia a partidos o/y sindicatos- estén de acuerdo en obedecer, cobrar y callar, institucionalizando el conocido como modelo Bankia-Caja Madrid, instaurado con notable éxito económico por el Partido Popular.

3.-Una serie de Rectores afines al PP que toleran, alientan, favorecen, y se aprovechan de este tipo de planteamientos.

4.- Que la presidenta de la Comunidad, como máxima responsable de la concesión de las subvenciones, decida que, si muchos de sus compañeros de partido ya se han visto beneficiados por los títulos generosamente expedidos por los chiringuitos subvencionados por el PP, ella no puede ser menos, y tiene más derecho que nadie a conseguir su master, sin necesidad de asistir a clase-es un master presencial- ni de examinarse, ni de hacer los indispensables trabajos exigidos.

5.- Que “esa persona de la que estamos hablando” utilice a una profesora de la URJC -en excedencia, – por su cargo de asesora del Consejero de Educación, a su vez vice-rector de la URJC en el momento de los hechos- para hablar inmediatamente con el Rector y reclamar que se pongan todos los medios necesarios para desmentir contundentemente la información publicada por el diario.es.

6.- Que el Rector Ramos siga al pie de la letra las “instrucciones” -delegadas- de la presidenta y reclame al director del Instituto-chiringuito, una inmediata solución al problema.

7.-Que, siguiendo adecuadamente la jerarquía militar, el director del chiringuito cite a sus “discípulas” en el despacho de un abogado para convencerlas de lo imperativo de resolver el tema, de forma inmediata y al precio que sea, si no quieren ver en peligro sus carreras docentes.

8.- Que el Rector, en rueda de prensa, avale la versión de Cifuentes, asegurando que solo hay un error en la transcripción de las notas, sabiendo perfectamente que eso es absolutamente falso.

9.- Que una vez que el Rector envió la falsificación del acta del trabajo de fin de masters, la presidenta desafíe a todo el mundo y asegure que no está dispuesta a dimitir “porque no hay ningún motivo”, y que “piensa quedarse” y denunciar a los periodistas que publicaron la informacion.

10.- Que el resto de las autoridades de la URJC apoye sin fisuras la postura del Rector y Cifuentes, con pleno conocimiento de lo sucedido.

11.- Que, a excepción de algunas asociaciones de estudiantes, prácticamente nadie de la URJC haya sido capaz de expresar su opinión, si esta era contraria a la defendida oficialmente.

Las sucesivas noticias van descubriendo la falsedad de muchas versiones, y a partir de este momento todos comprenden que se trata de un “sálvese quien pueda”, y los implicados intentan conservar su cabeza, aunque sea a costa de poner en riesgo – u ofrendar en bandeja de plata- las de los demás.

Tras ser remitido el expediente al juzgado, y dadas las posibles condenas en juego, existe la posibilidad de que por primera vez se investigue en serio el enorme entramado clientelar creado por la CAM, con la imprescindible colaboración de algunas Universidades Públicas, dependientes económicamente de ella, y aprovechándose  una vez más el modelo de Bankia-Caja Madrid, instaurado por el Partido Popular, que le permitió contar con la colaboración de miembros del PSOE, IU, UGT, CCOO ,etc. etc., y que concluyó con los resultados por todos conocidos, incluidas las condenas a los usuarios fraudulentos de las tarjetas blacks.

En estas condiciones, que la CAM insista en la necesidad de que se apruebe la LEMES, esa ley de Universidades de la comunidad de Madrid, que pretende consagrar por ley el intervencionismo y el control de las Universidades, parece, no ya un desatino, sino un monstruoso sarcasmo.

Se pretende convertir en ley los procedimientos desplegados por Cifuentes durante el mes largo que se encargó de poner en práctica su verdadera manera de entender el gobierno de una Comunidad,  dejando al descubierto su íntima convicción  de que gobernar es resistir a cualquier precio, aunque suponga negar la evidencia, falsificar documentos públicos, mentir permanentemente , tratar de acallar a la prensa con infundios y amenazas, comprar y extorsionar profesores, títulos, masters, etc., etc., .con tal de imponer su voluntad, asegurándose la consecución de los objetivos propuestos, sin que el precio, o los medios a utilizar, puedan presentar o suponer el menor problema.

Tras la experiencia de la LOMCE, ¿podemos consentir que se apruebe la LEMES y sirva de punta de lanza para un cambio de modelo de la Universidad Pública, con control absoluto por parte de las Comunidades autonómicas, progresiva privatización, control del profesorado por parte de la CAM, con el objetivo de implantar definitivamente la Universidad como un negocio apetecible, por encima -y en detrimento-del servicio público?

¿Podemos permitir o siquiera tolerar que se legalice la corrupción después de que Cifuentes nos diera un cursillo acelerado de su concepto de lo que debe ser el Espacio Superior de Educación de Madrid, y con qué criterios se debe regir?

¿Puede alguien, en su sano juicio, pensar que el mismo gobierno que encabezó Cifuentes, en la actualidad presidido por su mano derecha, tiene la fuerza moral suficiente para forzar la aprobación de su LEMES?

Aquellos que defendieron, una y otra vez hasta el final, tan demencial comportamiento, y expresaron públicamente su lealtad inquebrantable a Cifuentes, por encima de toda lógica, ¿poseen la mínima credibilidad exigible para que puedan convencer a los madrileños que el objetivo de su LEMES es regenerar y combatir la corrupción en la Universidad, y no para utilizarla a su capricho sin que se les caiga la cara de vergüenza?

O, más bien el sentido común, llevará a la inmensa mayoría a pensar que estamos ante un nuevo episodio que prolonga y consolida el bochornoso espectáculo ofrecido, en el que Cifuentes ha dejado meridianamente explícito que considera que la universidad debe de estar a su servicio, subordinada a sus intereses, tanto los personales, como los derivados de su condición de dirigente y responsable del PP.

14 de mayo de 2018

 

CUPUMA (Coordinadora Universidades Públicas de Madrid)

www.cupuma.org

https://twitter.com/cupumad

 

Plataforma de Interinos, Temporales y Estatutarios Eventuales – PI

La PI es una plataforma que agrupa a distintas organizaciones de trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas que se encuentran contratados en Fraude de Ley, y cuyo principal objetivo es el reconocimiento de esta situación que afecta a más de 900.000 personas. Está integrada por las siguientes Asociaciones y Plataformas:

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