La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) denuncia los preocupantes y continuados retrasos en la convocatoria de las ayudas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo y Personal Técnico de Apoyo, los principales instrumentos del sistema de I+D+i del gobierno central para captar investigadores postdoctorales de trayectoria prometedora, fomentar la movilidad entre la academia y la empresa o consolidar a los investigadores que han demostrado su excelencia científica.

Estas ayudas se publicaban con regularidad a primeros de cada año. Sin embargo, el nuevo gobierno del PP anunció (1) que solo se convocarían después de la aprobación de los mermados Presupuestos Generales del Estado y que el número de ayudas sufriría importantes recortes. Posteriormente, una nueva nota en la web del Ministerio de Economía y Competitividad (2) pospuso la fecha hasta la última quincena de agosto. Ya entrados en septiembre, no hay visos de la prometida convocatoria, que se encontraría, como ya empieza a ser costumbre en todo lo relacionado con la Secretaria de Estado de Investigación, bloqueada por el Ministerio de Hacienda.

Ocho meses más tarde de la fecha habitual de convocatoria, los jóvenes investigadores siguen sin saber si podrán optar, o cuándo, a estas ayudas. Esta situación de incertidumbre, unida a los numerosos recortes en los puestos de trabajo en universidades y organismos de investigación, está obligando a las nuevas generaciones de científicos a abandonar su carrera científica o a sumarse a un éxodo, cada vez más imparable, hacia otros países que apuestan claramente por la I+D+i y que se beneficiarán de su formación y capacidad a la hora de competir por los recursos a nivel internacional.

Observamos con pesar que el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo recorta los escasos recursos humanos y materiales de nuestro sistema científico, sino que ningunea a la Secretaría de Estado de Investigación, que es incapaz de llevar a la practica una política científica coherente. Esta calamitosa situación perpetúa una carrera investigadora cada vez más fragmentada y llena de saltos que condena a las presentes y futuras generaciones a la precariedad científica. Desde la FJI/Precarios exigimos al Gobierno de Mariano Rajoy una apuesta decidida por la inversión en investigación como hecho diferenciador que nos ayude a superar esta crisis.

Artículo de opinión publicado en el diario El País el Sábado 1 de Septiembre de 2012 por Gonzalo Abril (UCM), Mª José Sánchez Leyva (URJC) y Rafael R. Tranche (UCM).

«Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control de las representaciones colectivas. Este proyecto se sustenta en una campaña sistemática de autolegitimación y descrédito de los argumentos progresistas, en coordinación con la derecha mediática mayoritaria, cuyas estrategias discursivas fundamentales son:

La creación y propagación de conceptos. Propias o prestadas, las nuevas nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), copago. Se exponen como verdades incuestionables pero su sentido y alcance nunca se explicitan, pues parecen lograr mayor eficacia práctico-política cuanto menor es su precisión semántica. Por ejemplo, “libertad” asume un significado muy cercano a “seguridad”. El eslogan de la BESCAM en Madrid lo ejemplifica: “Invertir en seguridad garantiza tu libertad”. Como en la “neolengua” de Orwell, las nuevas nociones son a menudo “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. El “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” es el programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha. El “proceso de regularización de activos ocultos” de Montoro es una amnistía fiscal.

Klemperer narra que la población alemana no hizo suyo el lenguaje de los nazis a través de sus tediosas peroratas, sino por medio de expresiones repetidas de modo acrítico en los contextos de la vida cotidiana. Las palabras de los actuales líderes de la derecha no son menos letárgicas. Sus muletillas (“no se puede gastar lo que no se tiene”; la sanidad “gratuita” es insostenible; solo nosotros tenemos “sentido común”) contrarían cualquier prueba de verdad o validez normativa: el capitalismo financiero se basa en el crédito, o sea, en “gastar más de lo que se tiene”; la sanidad pública no es gratuita, sino financiada colectivamente; y es una inversión ideológica y un dislate suponer que cabe sentido común en el hecho de reclamarlo como propio y exclusivo, es decir, como no común. Pero por su simpleza, su fuerte arraigo en la doxa y su apariencia no ideológica, tales expresiones consiguen adhesión.

La usurpación de la terminología del oponente. Nadie es dueño del lenguaje, pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos e identidades políticas determinadas. Al usurpar los términos de la izquierda, la derecha neutraliza y a la vez rentabiliza su sentido contestatario. Esperanza Aguirre afirma que las políticas de los sindicatos “son anticuadas, reaccionarias y antisociales”. Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy dijo en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812: “Los gaditanos nos enseñaron que en tiempo de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Sustentándose en la reputación de espacios y tiempos institucionales, los actuales recortes se invisten del valor simbólico de reformas históricas.

La estigmatización de determinados colectivos. Médicos, enseñantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores fijos son descalificados. Al disfrutar de supuestos “privilegios”, parecen co-responsables de la situación actual. Desprestigiándolos se puede activar un malestar social basado en el rencor, la envidia y el miedo, y socavar la reputación de lo público para justificar su liquidación. Se alude a los desempleados como beneficiarios de la reforma laboral, pero se les supone holgazanes que deben redimir su inutilidad con labores sociales. Un empresario farmacéutico, Grifols, propone como solución donar sangre: “En épocas de crisis, si pudiéramos tener centros de plasma podríamos pagar 60 euros por semana, que sumados al paro son una forma de vivir”. El parado se convierte así en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado. El siguiente paso podría ser la venta de órganos o de los hijos a los que no se pueda mantener. Los primeros ajustes en la sanidad pública penalizan a un nuevo apestado, el enfermo, lo señalan como causante del déficit, y exigen que (re)pague por su debilidad. Si la estigmatización es el paso previo a la expulsión, como ya ocurre con los sin papeles, otros muchos colectivos podrán ser excluidos.

Un método de argumentación basado en la simpleza y la comprensión inmediata. De nuevo, el “sentido común”, ritornello favorito de Rajoy, sustenta este procedimiento. Formas de razonamiento y esquemas mentales al alcance de todos hacen posible que las ideas y soluciones impuestas sean aceptadas como conclusiones propias, expresiones de un pragmatismo irrefutable y del interés colectivo. Se apela así a espacios imaginarios de consenso de los que el oponente no puede autoexcluirse: “No es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de sentido común”, afirma Alicia Sánchez-Camacho.

El eufemismo, la atenuación y la exageración, el defender premisas contradictorias, se han normalizado en el repertorio retórico derechista: Rajoy afirma que hará “cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer”. La reducción de profesores interinos “no se puede plantear en términos de despidos —alega el ministro Wert—, sino de no renovación de contratos”. Beteta generaliza burdamente: los funcionarios “deben olvidarse de tomar el cafelito, deben olvidarse de leer el periódico”.

La construcción de marcos de sentido. La acción del gobierno de Zapatero era tachada de improvisada, mendaz e insensata. Establecido ese marco, cualquier medida gubernamental corroboraba la imputación general y así se lograba una incontrovertibilidad que desconocen las fórmulas dialogantes. En el espacio público se tiene más poder cuando se controla el marco de lo decible y discutible. La derecha es magistral utilizando esta estrategia, pero tras una prolongada degeneración de la vida pública, de la que el PSOE es corresponsable, se ha consolidado una visión consensual indistinta de la lógica del sistema: no hay más que una realidad y ninguna opción para interpretarla.

Una táctica de “orquestación”. La reiteración machacona de una consigna (y no de un argumento, como sugiere la equívoca noción de “argumentario”) a varias voces, en momentos y lugares distintos, es habitual: “los interinos han entrado a dedo”, “los sindicatos viven de las subvenciones”, “los profesores trabajan poco”, etcétera. “Lo que digo tres veces es verdad”, afirmaba el Bellman de Lewis Carroll. La derecha saca partido de esa “performatividad” que rige la economía de los enunciados públicos: cuando un comportamiento es reiteradamente reputado de normal, se tiende a normalizarlo; o a estigmatizarlo, si se le ha tildado repetidamente de anómalo.

La fijación de estos mecanismos gracias al poder amplificador de los media. Los medios funcionan como laboratorios discursivos que difunden las nuevas expresiones y consignas, y los asesores preparan declaraciones inmediatamente traducibles a un titular. Inversamente proporcional al impacto de estos mensajes resulta la capacidad de contestarlos: los análisis críticos se disuelven en un aluvión de artículos, columnas y editoriales que logran una difusión e influencia mucho menor.

La moralización del discurso público. La política contemporánea se desvía hacia un registro moral, explica Rancière. Pero el moralismo de la derecha desconoce las razones del otro: bueno o malo, normal o aberrante, son calificativos atribuidos de modo categórico y sin margen de discusión, apropiándose la universalidad de la noción en disputa, como señala Zizek. Las “personas normales, sensatas…, españoles de bien” a que apela Rajoy son indudablemente de derechas. Cuando encubre su integrismo moral la derecha incurre en la paradoja política: Ruiz Gallardón pretende asumir la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la “violencia estructural” que padecen con una contrarreforma de la ley de aborto limitadora de derechos y que refuerza la violencia legal.

Muchos ciudadanos nos sentimos justamente indignados por lo “descarado” de estos procedimientos. Y quizá sea en esa desfachatez, pérdida del rostro, donde podría cifrarse tanto su fragilidad como la inquietante capacidad de contagio de sus postulados.»

Gonzalo Abril (UCM), Mª José Sánchez Leyva (URJC) y Rafael R. Tranche (UCM).

MANIFIESTO DE LA COORDINADORA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Tod@s l@s integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidades Públicas Madrileñas somos conscientes de que éstas están sufriendo, desde hace años, una ofensiva liberal que pretende acabar con el derecho a una educación pública de calidad y accesible a todos los ciudadanos. Durante años se han adoptado medidas para estrangular económicamente a las universidades, se han deteriorado las condiciones laborales de tod@s sus trabajadores y ha aumentado el coste de la educación universitaria para los alumn@s. Se han abierto las puertas a las empresas y al sector financiero y, bajo la consigna de la búsqueda de financiación, rentabilidad y eficacia, se está poniendo en manos de intereses privados el futuro de las universidades.

Consideramos que los recortes presupuestarios que se agudizan en los últimos años a golpe de decreto, responden a dos objetivos:

• Deteriorar las condiciones de funcionamiento de la universidad para alimentar una imagen de mala calidad.

• Implantar un modelo que permita a las empresas hacer negocio con los estudios superiores.

Por esta razón, denunciamos la agresión sin precedentes que está sufriendo la universidad pública, en la misma línea que el resto de los sectores públicos y por ello acordamos implicarnos activamente en la defensa de la misma, coordinados por un mismo objetivo: UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, AUTÓNOMA Y DE CALIDAD y vincular nuestros esfuerzos con el resto de los sectores públicas, tratando de implicar a toda la sociedad.

Defendemos una educación:

PÚBLICA, que garantice el acceso universal a la enseñanza universitaria y la igualdad de oportunidades. DEMOCRÁTICA, que garantice la adecuada participación de todos los sectores que la componen. AUTÓNOMA, en su planificación y gobierno, que exprese así el mandato constitucional desarrollado en la legislación vigente.

DE CALIDAD, dotada de los recursos de personal, materiales y financieros que garanticen la calidad docente, de investigación y de prestación de servicios.

En la defensa de estos principios, REIVINDICAMOS:

• Una política universitaria que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación universitaria.

• Políticas de personal de administración y servicios que garanticen el empleo, los derechos laborales, el mantenimiento de las condiciones de trabajo pactadas por convenios y acuerdos, la estabilidad laboral y la negociación colectiva, que reconozca la labor docente e investigadora y asegure la promoción y formación imprescindibles para el mantenimiento de la calidad del servicio público. • Financiación pública que garantice los recursos, medios e infraestructuras necesarias para el mantenimiento, desarrollo y mejora de las tareas docente, investigadora y de prestación de servicios.

• Transparencia absoluta de la gestión e información a toda la comunidad universitaria por parte de los órganos de gobierno de las universidades. Para la consecución de estos objetivos los miembros de la comunidad universitaria:

– Rechazamos de pleno la Reforma Laboral impuesta por el actual gobierno que recorta derechos a los trabajadores conseguidos a lo largo de 30 años de negociación colectiva.

– Rechazamos el proyecto Estrategia Universidad 2020, en la medida en que transforma una institución pública transmisora de conocimiento en una empresa privada con la mayor rentabilidad como objetivo prioritario.

– Rechazamos el contenido y el procedimiento antidemocrático y autoritario con que fue elaborado y aprobado el R. D/ Ley 14/2012, «de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo» especialmente por la exclusión del Consejo de Universidades, El Consejo de Estudiantes y la Conferencia de Rectores (CRUE) y exigimos la retirada del mismo.

– Exigimos la no aplicación del Decreto 6/2011 de la Comunidad de Madrid porque invade competencias de la autonomía universitaria. – Proponemos la celebración de Claustros Universitarios, Juntas de Facultad, Escuelas y Consejos de Departamentos para pronunciarse en términos semejantes.

– La universidad pública es mejorable, pero las medidas tomadas por el gobierno, ni aspiran, ni se traducirán en una mejora de la universidad, sino todo lo contrario, por lo que exhortamos a toda la sociedad, en general. y a la comunidad universitaria, en particular, a participar activamente en la defensa y mejora del sistema universitario como servicio público.

CARTA A LOS RECTORES DE LA COORDINADORA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

 

Los estudiantes y trabajadores (PDI y PAS) de las seis Universidades Públicas de la Comunidad Madrileña, ante la situación de extrema gravedad en la que se encuentra la universidad pública quieren dejar claro su rechazo al reciente decreto ley así como a todas las medidas que se están implementando recientemente, las cuales suponen en la práctica la desaparición de la autonomía universitaria consagrada por la Constitución.

 

Ante esta situación les apelamos como rectores de las Universidades Públicas Madrileñas para que se posicionen públicamente en contra de los decretos del 21 de abril y la ley 6/2011 y no pongan en práctica las medidas correspondientes.

 

Consideramos que se pretende aprovechar y utilizar la crisis como coartada para acelerar los planes de privatización que pasan necesariamente por la previa asfixia económica de las Universidades públicas. Y es que las actuaciones del gobierno a la hora de elegir dónde es preciso hacer recortes, desvelan tanto sus intenciones como sus prioridades: amnistiar a los defraudadores y criminalizar a los profesionales de la educación y de la sanidad.

 

Para justificar esos recortes que suponen el inicio del desmantelamiento de la Enseñanza Pública Universitaria se está llevando a cabo una campaña de desprestigio tanto de la Institución como de los que en ella trabajan. Para alcanzar sus objetivos todo vale, desde el grosero falseamiento de los datos, a las medias verdades. El Ministro insiste en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara, e inútil hasta para crear empleo, pero los datos contrastados, que no parecen confirmar sus palabras , son estos:

– El Ministro ha afirmado que el 30% de los alumnos abandonan la universidad sin terminar. Ese 30% se refiere al cambio de titulaciones siendo el abandono definitivo del 12%.

– Los estudios internacionales demuestran que la productividad científica creció en los últimos diez años un 80%, y son equiparables a los de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos un 20% menos en recursos anuales.

– El 79% de los universitarios españoles obtiene su título en la edad prevista, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y un gasto por alumno mucho menor.

– La tasa de paro entre los titulados universitarios supone la mitad de la existente en el resto de la población, siendo el coste de la universidad pública por alumno un 25% más bajo que el de la privada.

El rigor de las argumentaciones es tan alto que para justificar que en España hay demasiadas universidades y por lo tanto hay que fusionarlas o cerrarlas, el Ministro ha afirmado que en California hay 10. La verdad es ligeramente diferente: en California existen 146 universidades.

Las actuales medidas representan igualmente un golpe mortal contra el desarrollo de la actividad investigadora precisamente cuando la inversión en enseñanza superior es un factor clave en el progreso de un estado y en la tan frecuente competitividad económica invocada por parte del gobierno. Por nuestra parte entendemos que la Universidad no debe reducirse a su consideración como mero factor de aumento de productividad económica, ni como mero espacio de formación para el mercado de trabajo.

 

Aún así las consecuencias inmediatas de ese decreto ley no tardarán en hacerse sentir, y supondrán un gravísimo descenso de la calidad de la enseñanza, a la vez que un atentado brutal al principio de igualdad de oportunidades porque el aumento injustificado de las matrículas, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que los jóvenes de rentas más bajas tengan mucho más difícil acceder a los estudios universitarios, provocando una exclusión social que puede tener consecuencias funestas en el futuro próximo.

 

En cuanto al estatuto del Personal Docente e Investigador, la reciente reforma de la enseñanza secundaria parece ser el modelo a seguir: modificación unilateral del régimen de dedicación, discriminaciones injustificables, etc.; todo lo que consideramos se traducirá a corto plazo en los procesos masivos de despido del profesorado universitario.

 

Por su parte, los trabajadores de administración y servicios ven agravada su situación ya muy precarizada por la reforma laboral, que se está aplicando a los trabajadores del sector público. A ello se añade la ley 6/2011 y el decreto que intensifica la jornada de trabajo y penaliza las bajas por enfermedad.

 

En consecuencia consideramos que la aplicación de estas medidas supondrá un enorme perjuicio para la universidad y para el conjunto del país, y como integrantes de las universidades madrileñas nos sentimos en la obligación de hacer pública nuestra postura y en consecuencia exigir su retirada.

 

La Universidad Pública no puede subordinarse a criterios de rentabilidad económica. La Universidad es de todos, nuestra tarea es defenderla.