LA GESTIÓN UNIVERSITARIA NO SE EVALÚA Y ESTÁ BASTANTE MEJOR PAGADA QUE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA

EN LA UPM COMO NO ES SUFICIENTE SE INVENTAN EL SEXENIO DE GESTIÓN, Y EQUIPO RECTORAL Y CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBAN SEGUIR PAGANDO EL COMPLEMENTO DE GESTIÓN, ACABADO EL MANDATO, HASTA LA JUBILACIÓN

El valor mensual de un sexenio de investigación y quinquenio de docencia, ambos evaluables, es de 173€ para un Catedrático de Universidad (CU), de 140€ para un Titular de Universidad (TU) y de 119€ para un Titular de Escuela Universitaria (TEU).

En cambio el complemento mensual por gestión de un Rector es de 1.663 €, es decir casi 10 veces más que la cuantía de un sexenio o quinquenio de un CU. El de gestión de un Vicerrector es 5 veces más que el sexenio o quinquenio de un TU.

El complemento por gestión del cargo inferior, es como mínimo, casi 2 veces mayor que lo pagado por sexenio de investigación o quinquenio de docencia, tanto para funcionarios como Personal Docente Investigador Laboral.

Como máximo se abonan seis complementos de investigación y seis de docencia, que se consiguen después de aproximadamente 36 años de ejercicio (final de carrera profesional). Transcurrido ese tiempo se alcanzarían 2.076€ mensuales en el caso de un CU, por supuesto realizando evaluaciones cada seis y cinco años respectivamente que tienen que ser positivas.

La gestión no es objeto principal de la formación un PROFESOR UNIVERSITARIO, y de facto no se forma para ese desempeño. Se retribuye por ejercerla y no está evaluada como las dos funciones principales que tiene.

La estabilidad de un Profesor llega tras una dilatada trayectoria docente e investigadora, reevaluada, y por concurso-oposición.

Los quince posibles cargos de confianza (Vicerrectores, Subdirectores, Secretarios, etc) no se eligen, dependen de empatías y amistad con el cargo electo, que poco tienen que ver con la capacidad de gestión demostrada, por tanto no está al alcance de la totalidad del profesorado, ni de todo el PTGAS (Personal de Administración y Servicios funcionario).

El Profesorado para optar a los cargos académicos debería tener una formación previa, en legislación universitaria, de funcionarios, derecho laboral, gestión económica de las instituciones y recursos humanos, entre otros aspectos. Todo es mejorable y esta podría ser la línea a seguir, incluyendo la evaluación del desempeño al término del mandato.

¿Dónde está la incoherencia/ilegalidad de lo aprobado
por el Consejo de Gobierno del 20 de julio?

Pues que una vez finalizado el desempeño del cargo de gestión, SE SIGUE COBRANDO ESE COMPLEMENTO HASTA LA JUBILACIÓN, y sin ser evaluado a posteriori.

Por los méritos docentes e investigadores evaluables se abonan un máximo de seis módulos y se sigue realizando docencia e investigación hasta la jubilación. HAY UNA CLARA DIFERENCIA Y POR TANTO UN AGRAVIO COMPARATIVO, que en general desincentiva al profesorado, sobre todo a aquellos que optan por una carrera profesional como investigador y docente.

Las autoridades competentes pueden revisar las cuantías por méritos docentes e investigadores, y si es necesario que suban las de gestión, pero la UPM no puede modificar las retribuciones de forma unilateral, incoherente y saltándose la legislación estatal y autonómica (Artículo 76 y Artículo 77. 5 de la Ley Orgánica Sistema Universitario). Los tribunales dirán algo.

Si es vergonzosa esta modificación unilateral, AÚN PEOR ES LA APROBADA PARA ANTERIORES RECTORES de la UPM y el actual, asegurándose, además de las retribuciones, su conversión automática en Profesor Emérito, se le exime de docencia, dispondrá de los mismos servicios de telefonía y datos que tenga el Rector en ejercicio con cargo al presupuesto, disponibilidad de tres Secretarias, incluyendo una modificación unilateral de la RPT del PTGAS funcionario y consolidando derechos adquiridos en esas plazas.
Hay más, pero éstas son las más destacables

Para retener el talento la UPM no necesita este tipo de actuaciones. ¿Sufragará la Comunidad de Madrid esta indecencia semioculta?

CUPUMA (Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid)

AHORA O ¿NUNCA?

La Universidad lleva ya demasiado tiempo, discutiendo sobre cuál debe ser su modelo. Sus máximos responsables hacen declaraciones defendiendo el modelo de servicio público, pero el comportamiento  del actual Gobierno en funciones, y las propuestas de la CRUE, no permiten la menor duda al respecto: defienden la privatización de la universidad, aunque discrepen respecto a la velocidad con la que se debe transitar por el camino para alcanzar el objetivo.

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TRES UNIVERSIDADES PRIVADAS NUEVAS MAS… Y VAN ONCE

En estos días, en que tiene lugar el primer aniversario del escándalo de la URJC que puso en evidencia, las mentiras y la inenarrable actuación de la presidenta de la CAM, con un comportamiento que solo podía llevar a su dimisión, o a su destitución, la Comunidad Autónoma de Madrid acaba de decidir la aprobación de tres nuevas Universidades privadas siguiendo el plan del desmantelamiento de las Universidades públicas en nuestro país. ¿Qué se busca con esto?. ¿Cómo se ha podido llevar a cabo?.¿Por qué no funcionaron ninguna de las alarmas?

No hace mucho tiempo el inefable ministro Wert decía -manipulando los datos- que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un número importante de universidades privadas. Los datos en Madrid son elocuentes:

          1989, 5 públicas y 1 privada

          1996, 6 públicas y 6 privadas

          2018, 6 públicas y 8 privadas

          2019, 6 públicas y 11 privadas

Es decir que en 30 años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad mientras que las privadas se habían disparado con 10 mas, desmintiendo claramente las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.

Pero si parece evidente que la CAM, al mando de Cristina Cifuentes, no pensaba que se fueran a separar un milímetro de su pretensión de privatizar la Enseñanza y la Sanidad ¿Cual ha sido la actuación de los teóricos representantes de las universidades Públicas? ¿Que han hecho los Rectores?

En primer lugar mantener un discurso ambiguo que les permite colaborar con la CAM, siempre y cuando no toquen ni su poder, ni sus intereses. Por eso solo se enfrentaron a la Comunidad cuando la fiscalización económica paso a depender del consejo social, en el que la CAM, con sus nombramientos a dedo, se aseguraba la mayoría y por lo tanto el control. Una vez que la CAM aceptó modificar ese punto, los rectores volvieron a su posición primigenia, olvidando las consecuencias catastróficas del resto del articulado de la LEMES. Convencidos de ser los únicos representantes válidos de las universidades madrileñas, se comportaron una vez  más como ya lo habían hecho con la LEMES.

Aunque desde finales de 2016 tenían cumplida cuenta, de las solicitudes de nuevas universidades privadas, ni hicieron nada, ni siquiera informaron y alertaron a la comunidad universitaria. Estaban convencidos de que la única opinión que tenía trascendencia y representatividad, era la suya. La del resto de la comunidad universitaria era absolutamente prescindible y aunque el peligro fue agravándose progresivamente, ellos siguieron con su planteamiento.

El 6 de Noviembre de 2017, pudo ser una fecha clave en la resolución de este conflicto, pero al final supuso un  inconveniente que se tradujo en un pequeño aplazamiento de lo programado con anticipación. En esa fecha tuvo lugar, la reunión del Consejo Universitario, llevándose a cabo las votaciones de las nuevas propuestas de universidades.

Este fue el resultado de las votaciones:

Propuesta UOMMA: 15 votos en contra. Ninguno  a favor

Propuesta CUNEF: 11 votos en contra. 3 a favor 1 abstención

Propuesta ESIC : 11 votos en contra. 3 a favor 1 abstención

Propuesta UOMMA: 11 votos en contra. 4 abstenciones.

La conclusión de este punto es que por mayoría de votos el informe de la comisión, sobre las propuestas de reconocimiento de las universidades privadas era negativo.

Con este dictamen, una vez más los Rectores hicieron lo de siempre. Apostar por una aprobación de la LEMES, y un retraso de la toma en consideración de las propuestas, dado que los requisitos para conseguir la aprobación de nuevas universidades, se modificaban y se endurecían en la LEMES. Sabiendo que el informe no era vinculante, y conociendo el habitual comportamiento de la CAM, hasta el menos espabilado de los «representantes universitarios» hubiera aprovechado los resultados de una votación tan clara para plantear la definitiva desestimación de las nuevas universidades, sobre todo teniendo en cuenta que se contaba además con los dictámenes favorables de organismos dependientes de la Universidad como el Consejo Universitario, y la fundación MADRID+D.

Es obvio que no lo hicieron, y creyendo que controlaban la situación, ni se plantearon siquiera comunicar a la comunidad universitaria lo acaecido. El 28 de Enero de 2019 lo previsible se convirtió en realidad. Siguiendo instrucciones de la superioridad, la CAM planteó la aprobación definitiva, y el resultado le fue favorable. Tras la votación decisoria ni los Rectores individualmente, ni a través de sus asociaciones, en la Comunidad (CRUMA) ni a nivel nacional  (CRUE), publicaron ningún comunicado. Tampoco convocaron a los organismos representativos de sus propias universidades, como podían ser los claustros, para discutir el problema. Quizá la financiación real de CRUE y CRUMA, siempre en la nebulosa, pudo tener algo que ver con tan -aparentemente- sorprendente hecho.

Sin embargo, no deja de ser curioso que los máximos detractores -a  título puramente personal, nunca colectivo- hayan sido la Complutense y la Rey Juan Carlos que, casualmente, son las mayores damnificadas económicas del asunto, dado que dos de las tres universidades se desgajan de la UCM y la otra de la URJC, lo que se traduce en la pérdida del dinero de las matrículas de los alumnos, de los que hasta hace poco eran sus centros adscritos, y ahora podrán volar con sus propias alas.

Si la CAM sigue gobernando nuestra Comunidad con los mismos criterios que hasta la fecha, es altamente probable que en un muy leve lapso de tiempo y gracias -entre otros- a la colaboración de los Rectores de las Universidades Publicas de Madrid, las universidades privadas doblarán en número a las Universidades Publicas sin tener ni la voluntad, ni los medios necesarios, para ayudar a la mejora de la Enseñanza Superior en la Comunidad de Madrid.

 Madrid 29 de Marzo de 2019

CUPUMA Coordinadora Universidades Públicas de Madrid

¿Transformar la Universidad?

CUPUMA INFORMA:

 ¿TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD?


En la situación actual, los planteamientos discrepantes entre la Comunidad y el Ministerio hacen aún más difícil que la claridad y la sensatez logren ocupar un lugar mínimamente preponderante. Y la falta de coordinación y el intento por parte de cada instancia, de conseguir imponer su propio modelo de Universidad, ha complicado y embarullado más los temas.

El modelo de Universidad es de capital importancia en este planteamiento. Simplificando, se puede decir que asistimos a una clara contraposición entre la concepción de la Universidad como servicio público, y aquel que entiende que la Educación -y por tanto la Universidad- es uno de los campos actuales con mayor potencialidad para poder conseguir pingües beneficios en un plazo de tiempo relativamente corto.

Y, en esta desigual batalla, el lugar que ocupan las Universidades privadas tiene que ser necesariamente relevante. Y nos encontramos ante la paradoja de que los máximos defensores de las universidades privadas ocupan puestos especialmente significativos en las administraciones Publicas. Pero, no pueden dejar entrever semejante predilección, viéndose obligados a utilizar todo tipo de triquiñuelas, con objeto de encubrir sus verdaderas intenciones.

El dictamen oficial del PP insistía en que uno de los grandes problemas que arrastraba la educación superior española era el exceso de Universidades. A partir de semejante planteamiento, parecería razonable deducir que se restringiría drásticamente la aprobación de nuevas universidades. A juzgar por lo que se está planteando hacer en estos momentos la CA de Madrid ,si ya la situación actual era un despropósito con 6 Universidades Públicas y 8 Privadas, la previsible aprobación por parte de la Comunidad de Madrid  –obviamente una entidad pública– de tres nuevas universidades privadas, hace que la situación, en breve tiempo, lo será aún mucho más, con seis públicas y once privadas, tras la incorporación de Villanueva, Esic y Cunef, las dos primeras ligadas a confesiones religiosas, y la tercera a la Banca.

Si consideramos, además, que han quedado-al menos momentáneamente- fuera de juego, grupos empresariales y mediáticos que poseen una gran influencia e incidencia en nuestra sociedad, no resulta nada aventurado suponer que no se tardará en ampliar el número de Universidades Privadas, llegando a duplicar-como mínimo- el número de Universidades Públicas.

La Comunidad de Madrid, para poder llevar a cabo sus propósitos, se ha permitido ignorar los informes desfavorables, tanto del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, como, del propio Servicio Jurídico de la Consejería de Educación e Investigación.

Que se ignore el Consejo Universitario ya es grave, puesto que es el único órgano en el que posee representación una parte de la comunidad universitaria -solo una parte y en escasa cantidad- pero parece todavía mucho más absurdo que la Comunidad ignore el parecer de sus propios servicios jurídicos, demostrando una vez más, que los incumplimientos de las leyes que no les favorecen, provienen, en numerosas oportunidades, de los mismos  políticos que no dudan en presumir y considerarse constitucionalistas.

El otro tema candente es la actuación y pretensiones de la CRUE. Pese a que son  casi los únicos, que procedentes de las universidades -públicas y privadas- están representados en el Consejo universitario, la CRUE, que es una asociación PRIVADA, cuya financiación sigue siendo un secreto, se cree con derechos para poder (a)firmar lo siguiente: “ los rectores y rectoras ,en nombre de la comunidad  universitaria se sienten plenamente legitimados para manifestar ante la ciudadanía y la opinión pública, las siguientes consideraciones: Exigimos a los responsables políticos que se ocupen de las necesidades urgentes que tienen nuestras universidades, que aporten más recursos y que se pongan de acuerdo mediante un Pacto de Estado en una nueva Ley de Universidades. Una Ley que sirva para que se lleven a cabo las mejoras que todos los universitarios reivindicamos, de manera prioritaria, para seguir al servicio del bienestar de la ciudadanía. Una sociedad que no confía en sus universidades no tiene futuro”.

La CRUE, es la misma institución que ha utilizado la autonomía universitaria-consagrada por la constitución con el objetivo de evitar que el poder político interfiera en las decisiones claves sobre las Universidades- para tratar de tapar vergonzantemente, encubrir, y lavarse las manos ante un Rector plagiario, y disculpar y blanquear las intervenciones tan lamentables, como denigrantes para la Universidad Pública, de otro Rector, el de la URJC.

Pero resultan más significativas todavía las prioridades que la CRUE especifica en su escrito: aumentar los recursos para las Universidades, y firmar un pacto de estado para una nueva ley de Universidades. Parece un desatino la insistencia en un pacto de estado, cuando el fracaso del llamado Pacto para la Educación, -que se ha demostrado inviable tras dos años de negociaciones- aún está caliente. Por otra parte, la ampliación de recursos- que obviamente debería de ser un elemento indispensable de todo presunto acuerdo- es desgajado del planteamiento general dejando en evidencia cuál es su verdadera prioridad, ya que aumentar la financiación, pero sin especificar, por ejemplo, la imprescindible y prioritaria necesidad de revertir inmediatamente todo tipo de recortes, no puede ser más clarificador.                                                                                              

A la vez que la CRUE exige que se le considere interlocutor privilegiado, se olvida del resto de los componentes de la comunidad universitaria, aceptando una representación mutilada que magnifica y refuerza que su presencia pueda ser más determinante, aun al precio de devaluar y falsear una verdadera representación de la comunidad universitaria.

Los rectores ocultan voluntariamente que la supervivencia de la Universidad, durante los años de la crisis, solo fue posible a costa de la progresiva precarización del profesorado y del PAS, unido a la utilización por parte de los Rectorados de la contratación de profesores asociados y profesores visitantes, en incuestionable fraude de ley, para compensar el 17% de los profesores perdidos, convenientemente aderezado por la expulsión de entre 70.000 y 100.000 estudiantes como consecuencia de la ingente y desproporcionada subida de las tasas.

CUPUMA, 10 de enero de 2019