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En los últimos años se ha puesto de manifiesto el papel determinante de la investigación científica en la sociedad. La pandemia de la COVID-19 y la emergencia climática son dos ejemplos de cómo la investigación científica supone uno de los pilares principales para afrontar la complejidad de los retos actuales. En el plano legislativo hemos visto algunos avances en la incorporación de derechos del personal de investigación con la aprobación de la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) así como un incremento en el presupuesto de I+D+I impulsado por los fondos europeos Next-Generation EU. Sin embargo, una reforma parcial y una inyección temporal de fondos no pueden hacer frente a las necesarias transformaciones pendientes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Es el momento de establecer un nuevo pacto por la ciencia, centrándonos en cuatro pilares fundamentales para la próxima legislatura:

1) Estatuto del Personal de Investigación
El sistema de gestión en la ciencia ha de escuchar a las personas que la producen, a las personas que hacen la ciencia, a todo el personal de investigación. Defendemos el modelo de ciencia que comienza con la protección de su base humana como el mejor cohesionado, más eficiente y más innovador. Por este motivo, el inicio de la transformación social desde la ciencia y la investigación debe situarse sobre las condiciones laborales y los derechos de toda su plantilla. Siguiendo el ejemplo de lo que supuso el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) en 2019 para el colectivo predoctoral, necesitamos un Estatuto del Personal de Investigación (EPI) que incluya a todo el personal investigador, técnico y de gestión en ciencia. Se deben garantizar derechos mínimos en cuanto a retribuciones, progresión en la carrera científica y estabilización, entre otras cuestiones. Esta garantía debe ir acompañada de cambios que afectan a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE) como la creación de un grupo profesional M4 (correspondiente al nivel 4 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) en el convenio colectivo único para el personal laboral de la AGE y la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio (dietas).

2) Simplificación y eficiencia burocrática
Los acuerdos DORA y CoARA, aunque apuntan en la dirección correcta, resultan insuficientes para hacer frente a la saturación burocrática. Es imperativo elaborar políticas activas de descongestión, como, por otra parte, de simplificación y desaceleración de trámites administrativos y satisfacción de rankings y métricas de productividad. Asuntos
como la elaboración de un registro único para convocatorias de plazas de personal docente e investigador en Universidades Públicas (art. 86.1, Ley Orgánica del Sistema Universitario) y Organismos Públicos de Investigación o el uso generalizado de un formato único de CV en las distintas convocatorias de contratos y proyectos se vienen prometiendo desde hace muchos años. Con los medios técnicos ya disponibles no hay excusa para no llevarlo a cabo. También es fundamental que exista un calendario fijo para las convocatorias competitivas de proyectos y recursos humanos (como es el caso en la Agencia Estatal de Investigación pero no en otros organismos del SECTI) y sobre todo que se cumpla rigurosamente, dotando a las agencias y demás organismos de los recursos (humanos y materiales) necesarios para ello. Del mismo modo, debe haber una estabilidad y continuidad en dichos programas que a día de hoy pueden ser muy volubles en cuanto a los requisitos y demás características, cuando no a su propia existencia. El exceso de burocracia innecesaria y mal planificada no solo va en detrimento de la productividad del personal investigador, sino que es una de las tareas que más afectan a la desmotivación y a la salud mental (burn out) y un mal uso de los recursos públicos, ya que consume tiempo de trabajo de unos y otros profesionales en una tarea que se puede simplificar sin mayor coste económico.

3) Ciencia responsable: transparencia, integridad, diversidad y coimplicación
Necesitamos dotarnos de normas y protocolos claros y contundentes para acabar con los múltiples abusos de poder en el SECTI que van desde la prevaricación en concursos públicos hasta el acoso sexual, pasando por el fraude científico. La creciente crítica y alarma mediática muestran la urgencia de acometer políticas activas que sancionen estas conductas y acaben con la impunidad actual. El recientemente nombrado Comité Español de Ética de la Investigación debe ser dotado de los medios necesarios para asegurar esta función y no ser relegado a un organismo meramente consultivo y marginal. La apuesta por un sistema transparente que potencie la integridad en la ciencia e investigación ha de venir complementada con otra apuesta por transformar un sistema de ciencia basado en la competitividad, la excelencia y la singularidad meritocrática, hacia un sistema basal constituido por la habitabilidad, la cooperación y colaboración, la accesibilidad de los recursos y la promoción de todas las manifestaciones de la diversidad y la inclusividad. Por un lado, es necesario un compromiso para reducir el techo de cristal, especialmente en las áreas del ámbito STEM y en los puestos de mayor nivel, donde se produce una mayor desigualdad de género. Por otro lado, debemos impulsar una ciencia inclusiva no solo en diversidad sexual sino también en diversidad funcional con la creación de un plan específico para la integración. Finalmente, la ciencia y la investigación ya no pueden entenderse ni como parcelas de conocimientos disjuntos, ni como esferas aisladas de lo social. Son necesarias convocatorias basadas en acciones/problemas, que integren el conocimiento local junto al académico, impulsando la colaboración interdisciplinar y la formación de ecosistemas de conocimientos (laboratorios de innovación pública y ciudadana, ONG, redes de expertos). Resulta imperativo descentralizar las políticas de transferencia científica, estrechar las relaciones entre las distintas áreas de investigación (STEM to STEAMS) y activar protocolos y alternativas de ciencia abierta.

4) Inversión del 3% del PIB en I+D+I
España arrastra un retraso histórico en inversión en I+D+I frente al conjunto de la Unión Europea que a su vez invierte poco, de media y en relación al PIB, frente a otros países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Esta legislatura debe ser la que alcance el 3% del PIB y una tasa de ejecución del 90% tanto en gasto no financiero como en gasto financiero. Esta inversión mínima en I+D+I no puede seguir siendo una promesa sin compromiso, sino que debe establecerse y publicarse una memoria económica detallada y vinculante que asegure el cumplimiento de este objetivo. Solamente desde un modelo transparente y sujeto a un riguroso seguimiento podremos asegurar su efectividad y evitar desviaciones.
Al garantizar derechos laborales, simplificar la burocracia, promover la responsabilidad en ciencia y aumentar la inversión en I+D+I, estaremos construyendo un SECTI capaz de dignificar el trabajo del personal de investigación y beneficiar a toda la sociedad en su conjunto.